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La acción ejecutiva sufre otro revés y mantiene en el limbo a millones de indocumentados

La acción ejecutiva sufre otro revés y mantiene en el limbo a millones de indocumentados

Juez federal Hanen fijó nueva audiencia para el 19 de marzo y mantuvo el freno al beneficio migratorio.

Por Jorge Cancino

El juez federal que ventila una demanda entablada por 26 estados contra la acción ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre, volvió a postergar un veredicto final este lunes sumiendo en la incertidumbre a unos 5 millones de indocumentados.

El viernes el Departamento de Justicia había interpuesto un recurso fijando como plazo este lunes para que Hanen fallara a un recurso de emergencia presentado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) el 23 de febrero, para que deje sin efecto una medida cautelar dictada el día 16 y que frenó la entrada en vigor de la acción ejecutiva.

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El 25 de febrero Hanen pidió una semana de plazo para que los 26 estados demandantes respondieran al recurso de emergencia del DOJ. La semana pasada, los 26 entregaron un documento en el que reiteraron sus argumentos.

En su decisión de este lunes, Hanen dijo que debido a la “gravedad de los asuntos tratados”, la corte que preside “no se pronunció” y fijó una audiencia sobre la petición de los 26 estados para el día 19 de marzo 2015 a las 1:30 PM.

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En esa audiencia, tanto demandantes como demandados “deberán estar preparados” para "explicar plenamente a la corte los asuntos tratados", se lee en el dictamen.

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La batalla judicial

El 3 de diciembre del año pasado el entonces gobernador de Texas, Greg Abbott, con el respaldo de otros 25 estados, demandó ante la Corte Federal del Quinto Distrito, en Brownsville, la acción ejecutiva argumentando que el presidente se había extralimitado en su poder ejecutivo, y que la medida viola la Constitución de Estados Unidos.

 

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La acción ejecutiva detiene las deportaciones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.

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También amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) de los dreamers del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, y libera el límite de edad que era menos de 31 años al 15 de junio de 2007.

Tras la presentación del recurso de emergencia, el juez Hanen pidió una semana de plazo para que los 26 estados demandantes respondieran al recurso.

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Los demandantes no solo ratificaron sus argumentos, sino que agregaron otros, entre ellos que el gobierno no ha demostrato que existe una emergencia migratoria, y que de todas formas sin la acción ejecutiva el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, pos sus siglas en inglés) puede usar la discrecionalidad de sus agentes para detener, caso por caso, deportaciones de indocumentados.

También escribieron que la acción ejecutiva no le da a los empleados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la oportunidad de tener “discreción” en hacer las determinaciones sobre prioridades de deportación, sino que les da la orden de que no deporten a ciertas personas. En resumen, señalaron que la medida estaría forzándolos a desobedecer la Constitución.

 

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Los estados demandantes argumentaron, además, que no tiene lógica pedir un alivio de emergencia para un plan de intenciones futuras como la expansión de DACA y DAPA, puesto que no se trata de una ley, y que las directivas de ambas medidas si bien están suspendidas, si la administración quiere puede, caso por caso, usar su discreción para no deportar a personas de baja prioridad.

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Anne O'Connell, profesora de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Berkeley y que fue citada por la agencia Reuters, dijo el fin de semana que el recurso que había presentado el DOJ parecía diseñado para “forzar” a Hanen a defender su argumento.

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Los demandantes insisten en que la puesta en vigor de la acción ejecutiva dañará a los estados en particular a Texas. Algunos analistas han señalado que de ser así, la corte debería entonces permitir que la medida entre en vigencia en el resto de los estados, o en los 24 que no participan en la demanda.

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La postergación de un fallo o el no haber emitido un dictámen como pretendía el DOJ, sigue dejando vía liobre al gobierno para apelar el dictamen del 16 de febrero ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) iba a activar el 18 de febrero la primera parte de la acción ejecutiva, el capítulo que beneficia a los dreamers.

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La protección de deportación de padres de ciudadanos y residentes legales permanentes arrancaría a finales de mayo.

El presidente Barack Obama ha expresado confianza en que la acción ejecutiva ganará la batalla en las cortes, aunque reconoce que tomará un poco de tiempo.

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Las organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados han pedido a los inmigrantes que “no tengan miedo” y que continúen preparando los documentos para cuando ambos beneficios se activen.

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