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Los inmigrantes confúan en que la Corte de Apelaciones del 5to Circuito escuchará y aceptará los argumentos del gobierno de Barack Obama.

La Acción Ejecutiva sigue en veremos tras audiencia en Corte de Apelaciones

La Acción Ejecutiva sigue en veremos tras audiencia en Corte de Apelaciones

Millones de indocumentados deberán seguir esperando que las cortes decidan el futuro de DACA y DAPA.

Los inmigrantes confúan en que la Corte de Apelaciones del 5to Circuito...
Los inmigrantes confúan en que la Corte de Apelaciones del 5to Circuito escuchará y aceptará los argumentos del gobierno de Barack Obama.

Por Jorge Cancino - @cancino_jorge

Millones de indocumentados en Estados Unidos deberán seguir esperando que las cortes decidan el futuro de la Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado.

El viernes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Distrito en Nueva Orleans escuchó los argumentos de abogados del gobierno y de los 26 estados que demandaron la medida. Ahora los jueces escribirán su opinión y emitirán un fallo que puede demorar semanas o meses.

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El abogado Ezequiel Hernández dijo a Univision Noticias que "no hay un límite en cuanto al tiempo que demorarán para entregar un fallo final. La respuesta al recurso de emergencia tardó dos meses”, recordó, refiriéndose a la medida cautelar del juez Andrew Hanen, quien preside la Corte del 5to Circuito en Brownsville Texas y que el 16 de febrero frenó temporalmente la acción ejecutiva, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones en mayo.

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Mientras se celebraba la audiencia, en las afueras del tribunal cientos de activistas e inmigrantes llegados de una veintena de Estados realizaron vigilias, mientras otros llevaron a cabo actos de desobediencia civil frente a las instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (IOCE, por sus siglas en inglés).

“En las afueras de la Corte más de 500 personas alzaron sus voces para que los jueces de la Corte escuchen el clamor de nuestra comunidad y permita la entrada en vigencia de la Acción Ejecutiva”, dijo a Noticias Univision Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas de Los Angeles, California.

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Moreno también participó en una protesta frente a las instalaciones de ICE para pedirle al gobierno que cumpla con el memorando del 20 de noviembre y sólo deporte a aquellos indocumentados que tienen antecedentes criminales graves.

El 20 de noviembre, cuando Obama anunció la Acción  Ejecutiva, el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, dio a conocer un memorando en el que fijó la política de deportaciones centrada en el arresto y expulsión sólo de aquellos indocumentados que tengan o hayan cometido faltas criminales graves.

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Las deportaciones

“No creemos que en caso de un fallo adverso de la Corte, en los 26 estados que demandaron la acción ejecutiva se registre un aumento de deportaciones, pero de todas maneras estamos recordándole a ICE que tenga muy en cuenta el memorando”, dijo a Noticias Univision Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota.

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Entre el 1 de octubre del año pasado y el 15 de junio de 2015, ICE ha deportado a poco más de 165 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos procedentes de Latinoamérica. El gobierno asegura que un alto porcentaje de ellos tienen antecedentes criminales, pero las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten en que entre seis a siete de cada 10 deportados no tenía antecedentes criminales que constituyan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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De la estrategia a seguir en caso de un fallo adverso, los activistas dijeron que no abandonarán las calles y que seguirán activos hasta conseguir que el Congreso, finalmente, debata y apruebe una reforma migratoria.

“Todavía estamos esperanzados en que resulte algo positivo. La esperanza muere al ultimo. Ojalá tengamos algo positivo de todo esto. Quizás no haya ninguna resolución el día de hoy. Vamos a seguirle, porque los procesos legales no se pueden dejar así no más tirados. Vamos a ir hasta la Corte Suprema aunque sabemos que se va a llevar mucho tiempo. Pero al final, podremos decir que el gobierno sí tenia razón”, dijo Moreno.

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"La lucha continúa"

A pesar de la espera por un fallo judicial final sobre la Acción Ejecutiva, el congresista Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois), dijo a Univision Noticias que “la lucha continúa” y que la audiencia del viernes en Nueva Orleans  “desnudó” el fondo de argumento de los estados que se oponen a la medida tomada por el presidente.

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“Ellos (los republicanos) se oponen a que los indocumentados tengan un permiso de trabajo temporal pero no se oponen a que paguen impuestos y sigan viviendo en las sombras en nuestro país”, dijo. “No quieren darles beneficios laborales, no quieren que salgan de las sombras, no quieren deportarlos, quieren que se queden y que paguen impuestos. Nosotros no queremos eso, nos oponemos a la existencia de trabajadores de segunda clase, de segunda categoría; queremos sacarlos de las sombras, con una reforma migratoria para que tengan derechos plenos”, indicó.

A la pregunta sobre cuál será la estrategia mientras se espera el fallo final de los tribunales, que incluye la Corte Suprema de Justicia, Gutiérrez dijo que el paso inmediato “es invitar a los más de 8 millones de residentes legales permanentes a que se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos, se inscriban para votar y participen en las elecciones generales de 2016”.

El memo de Johnson

El memorando citado por los activistas señala que ICE identificará como individuos de alta prioridad de deportación a extranjeros involucrados o sospechosos de terrorismo o espionaje; extranjeros detenidos en la frontera o puertos de entrada al tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos; extranjeros condenados por un delito relacionado con su activa participación en una pandilla criminal, o extranjeros no menores de 16 años que intencionalmente participaran en una pandilla organizada para promover la actividad ilegal de dicho grupo.

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Otras prioridades son extranjeros condenados por tres o más delitos menores además de delitos menores de tráfico; extranjeros condenados por un delito menor significativo como violencia doméstica; abuso sexual o explotación; robo; posesión ilegal de armas de fuego; distribución o tráfico de drogas; o conducir mientras se está bajo el efecto del alcohol.

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Entre los delitos más comunes (y que es considerado como causa de deportación) se encuentra el DIU (manejar bajo la influencia del alcohol o sustancias prohibidas). La Administración apuntó que seguirá utilizando la discreción procesal caso por caso y reiteró su confianza en que al final del día las cortes permitirán la puesta en vigor de la acción ejecutiva.

“Hay una preocupación vigente sobre este tema”, dijo Monterroso. “Por eso salimos a las calles. Y a pesar de las situaciones adversas, vamos a seguir diciéndole a ICE que cumpla con el compromiso del presidente”.

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Historia de la demanda

La Acción Ejecutiva fue anunciada por Obama el 20 de noviembre. Dos semanas después, el 3 de diciembre, un grupo de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandó la medida argumentando que el mandatario se había extralimitado en su poder ejecutivo y que el beneficio viola la Constitución.

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El 16 de febrero el juez Andrew S. Hanen, de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Brownsville, Texas, emitió una orden cautelar que frenó la entrada en vigor de la medida. Una semana más tarde el Departamento de Justicia presentó un recurso de emergencia para que Hanen revirtiera su decisión.

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La corte de Texas demoró una respuesta obligando al gobierno a presentar un segundo recurso. Al no tener respuesta, a mediados de marzo el gobierno tomó la decisión de ir a la Corte de Apelaciones con un nuevo recurso de emergencia y una apelación a la demanda en su totalidad.

El 25 de mayo el tribunal de Apelaciones de Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen, una decisión que conmocionó a la comunidad inmigrante.

El beneficio migratorio ampara de la deportación a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA) que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2011 y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos.

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También amplía la cobertura de la Acción Diferida del 2012 de los dreamers, del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2012 y libera el límite de edad que era menos de 31 años al 15 de junio de 2012.

La Casa Blanca ha dicho que la medida es temporal y que la solución definitiva al problema de los indocumentados pasa por la aprobación de una reforma migratoria en el Congreso.

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Los demandantes argumentan que Obama se extralimitó en su poder ejecutivo al anunciar la medida y que el beneficio voila la Constitución estadounidense.

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