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El Seguro Social no podrá cuestionar a las compañías sobre discrepancias en los números de sus trabajadores.

Jueza frenó la verificación de empleados

Jueza frenó la verificación de empleados

Una jueza federal suspendió de forma temporal por 10 días del programa federal de verificación de datos de trabajadores hasta lograr un fallo.

El Seguro Social no podrá cuestionar a las compañías sobre discrepancias...
El Seguro Social no podrá cuestionar a las compañías sobre discrepancias en los números de sus trabajadores.

Esta decisión definitiva determinará si la jueza decide o no cancelar la nueva regulación, según explicó a Mónica Ramírez, una de las abogadas del caso de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Ramírez destacó que si al final de los diez días la jueza decide parar la aplicación del programa federal habría que esperar una decisión final en un juicio que se prolongaría durante varios meses.

Con la decisión del lunes de la magistrada Maxine Chesney, de la Corte de Distrito de Estados Unidos en el norte de California, se mantiene vigente la orden del 31 de agosto pasado, cuando se paró temporalmente al envío de miles de cartas a empleadores.

"Estamos complacidos de que la jueza vio la necesidad de detener este reglamento que llevaría a la explotación y discriminación de los trabajadores", manifestó la abogada Marielena Hincapié, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC).

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El pasado 29 de agosto, la AFL-CIO (la mayor coalición sindical de Estados Unidos), junto con la ACLU y el NILC, presentaron una demanda contra las nuevas disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de penalizar a aquellas empresas que contraten a trabajadores indocumentados.

Con el programa "E-verify" las empresas pueden comprobar, en cuestión de segundos, toda la información de sus empleados con las bases de datos del DHS y la Administración del Seguro Social (SSA).

Ana Avendaño, directora del Programa del Trabajador Inmigrante de AFL-CIO, dijo a que el DHS "no tiene autoridad" legal y que "el Congreso es el único que puede cambiar" las leyes.

Sostuvo que al enviar miles de cartas a empleadores sobre los números de Seguro Social se presta "a la discriminación" y llevaría a que cientos de "trabajadores sean despedidos injustificadamente".

Las empresas tienen un plazo de 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos sobre sus empleados, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre las discrepancias.

Las empresas tendrían que despedir a quienes presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de Seguro Social.

Si no lo hacen, podrían ser sancionadas con multas que inicialmente serán de $2,200 dólares, y podrían afrontar cargos criminales, según el DHS.

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Sin embargo, el 31 de agosto pasado, la jueza Chesney canceló temporalmente el envío de miles de cartas a empleadores.

El Gobierno emite esas cartas de advertencia a los empleadores desde hace varios años pero, con el nuevo reglamento, se recrudecen las medidas contra quienes contraten a los trabajadores indocumentados.

Avendaño aclaró que las autoridades de Inmigración no tendrán conocimiento de las cartas que sean enviadas a los empleadores, porque "por ley (SSA) no puede dar esa información".

Los demandantes temen que el reglamento ponga en peligro los puestos de trabajo de los residentes legales y de los propios ciudadanos estadounidenses por cualquier error en la base de datos de la SSA.

Según los activistas, la base de datos de la SSA contiene 17.8 millones de discrepancias y más del 70 por ciento de éstas afectan a ciudadanos estadounidenses como errores tipográficos, cambios de apellido por matrimonio o divorcio, o el uso de apellidos múltiples, algo común entre extranjeros.

"La nueva regulación no les impone ninguna responsabilidad a los empleadores", apuntó Avendaño.

Se calcula que más de 8 millones de trabajadores podrían verse afectados si esta iniciativa sigue su curso.

La abogada Hincapié, de NILC, señaló que después de interpuesta la demanda, organizaciones de los concilios de San Francisco y Alameda, en California, así como sindicatos y empleadores se han unido a ellos, lo que significa que "hay un interés amplio" al respecto.

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De hecho, recientemente el Gobierno de Illinois promulgó una serie de leyes que imposibilitarían la participación de los empleadores en E-verify para "proteger a los trabajadores del trato injusto".

Las leyes estatales prohíben a las empresas usar esa base de datos "hasta que alcance una tasa de exactitud del 99 por ciento, y hasta que se implementen protecciones adecuadas para los trabajadores".

Sin embargo, el Gobierno federal demandó el mes pasado al de Illinois por declarar "ilegal el cumplimiento de una ley federal".

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