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Un juez de distrito rechazó desestimar los cargos que pesan contra Rick Perry desde el 2014, y anunció que el caso procederá.

Juez determina que la acusación contra Perry deberá proceder

Juez determina que la acusación contra Perry deberá proceder

Un juez de distrito rechazó desestimar los cargos que pesan contra Rick Perry desde el 2014, y anunció que el caso procederá.

Un juez de distrito rechazó desestimar los cargos que pesan contra Rick...
Un juez de distrito rechazó desestimar los cargos que pesan contra Rick Perry desde el 2014, y anunció que el caso procederá.

Este martes, un juez estatal rechazó desestimar la acusación contra el exgobernador de Texas, Rick Perry, quien enfrenta cargos por abuso de poder.

La defensa de Perry había argumentado anteriormente que el exgobernador había actuado según los derechos que le correspondían a su cargo, con lo que buscaban que el caso fuera desestimado por la Corte.

No obstante, el juez de distrito Bert Richardson determinó este martes que el caso debe proceder, al anular un par de mociones para desestimar el caso calificándolo de inconstitucional, reporta ABC.

Los abogados de Perry, por su parte, anunciaron que apelarían esta decisión.

“El gobernador Perry ejerció su poder de manera legal y propia, siguiendo la ley como gobernador para proteger la seguridad pública y la integridad del gobierno”, comentó Tony Buzbee, el abogado que encabeza la defensa del Perry, reporta MySanAnotnio.

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Asimismo, Buzbee añadió que continuar el proceso contra el exgobernador constituye una afrenta a la democracia, por lo que “apelaremos esta decisión inmediatamente ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito”.

En agosto del 2014, un gran jurado acusó a Perry de haber hecho uso abusivo de su poder oficial en 2013, así como de ejercer coerción sobre un servidor público, al negar un presupuesto para un programa distrital.

Según la acusación, el entonces gobernador había intentado forzar a la fiscal de distrito del Condado Travis, Rosemary Lehmberg, a que renunciara, luego de que fuera arrestada por conducir ebria; asimismo, si no renunciaba, la amenazó con vetar una propuesta que proveería fondos para una unidad de integridad pública de su oficina.

El primer cargo, abuso de poder, podría ser castigado con una pena de entre cinco y 99 años en cárcel, por el contrario, el cargo por coerción produciría una condena de entre dos y 10 años de prisión.

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