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Jornaleros indocumentados en un estacionamiento de Arizona.

Un condado de Nuevo México prohíbe hacer cumplir leyes federales de inmigración

Un condado de Nuevo México prohíbe hacer cumplir leyes federales de inmigración

Ningun empleado, ni la policía,  está facultado para pedir papeles de estadía legal en Estados Unidos.

Jornaleros indocumentados en un estacionamiento de Arizona.
Jornaleros indocumentados en un estacionamiento de Arizona.

Un condado de Nuevo México prohibió a sus funcionarios locales hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

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Los comisionados del condado de Doña Ana, fronterizo con México, aprobaron por unanimidad una resolución que los convierte en una "comunidad segura".

La medida limita a los empleados pedir a los residentes documentos que acrediten su estatus migratorio.

La petición fue presentada al condado en febrero con la firma de 10 mil residentes.

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La resolución, presentada por el comisionado del cuarto distrito del Condado, Wayne Hancock, insta a los departamentos del condado a no aplicar las leyes federales de inmigración a menos que lo requieran los estatutos federales y estatales, explicó la agencia Efe.

Entre las medidas se incluye la colaboración de las policías locales con el programa federal Comunidades Seguras.

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José Manuel Escobedo, director adjunto de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo que la medida es un ejemplo para el resto de las comunidades de la nación, en donde familias de trabajadores indocumentados han sido separadas al ser detenidas e interrogadas por la policía.

 

Nuevo golpe a la ilusión de millones de indocumentados /Univision

El programa Comunidades Seguras otorga poderes extraordinarios a las policías locales para que sus agentes ejerzan funciones como funcionarios del servicio de inmigración de Estados Unidos.

Escobedo dijo que la resolución aprobada por Doña Ana permite a los residentes del condado negarse a demostrar su estancia legal en el país.

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"Los empleados del condado no tienen ninguna razón para preguntar por su situación migratoria. En un principio se buscaba que los policías no hagan este trabajo, y ahora no solo es el deseo de la comisión sino que es la política del gobierno del condado", dijo Escobedo a Efe.

La permanencia indocumentada en Estados Unidos sigue siendo una falta de carácter civil no criminal. Arizona y Alabama aprobaron leyes para criminalizar la permanencia sin papeles, pero Cortes Federales y la Corte Suprema han limitado los alcances de las medidas.

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De acuerdo con la resolución del Condado de Doña Ana, cualquier funcionario público que infrinja este reglamento enfrentará consecuencias legales.

 

Empeora la credibilidad del Presidente Obama por postergar su promesa migratoria /Univision

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos de Nuevo México dijo que la  resolución es un paso importante y un ejemplo de una buena política pública que rechaza la discriminación de las familias inmigrantes, al tiempo que promueve la seguridad y la cooperación con la Oficina del Sheriff del Condado.

Doña Ana instó además a otras jurisdicciones locales en el condado a hacer lo mismo.

El diario Las Cruces Suns-News reportó que la resolución no menciona por nombre al jefe de policía, pero que un grupo defensor de los derechos civiles lo acusó recientemente de hacer cumplir las leyes federales.

La oficina del jefe de policía lo desmintió y dijo que sus agentes no actúan como agentes federales ni están entrenados para actuar como tales.

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Houston, en Texas, y Chicago, en Illinois, han aprobado medidas similares a la de Doña Ana con el objetivo de evitar que los inmigrantes se sientan atemorizados por la policía.

En Alabama y Arizona, en cambio, hay leyes que exigen a las policías locales ejercer ciertas funciones como si se tratara de agentes migratorios, entre ellos pedir documentos de estadía si existe duda razonable que los individuos son indocumentados.

En caso se corroborar que se trata de extranjeros sin estatus de permanencia legal en Estados Unidos, los agentes entregan a los detenidos a la Patrulla Fronteriza o a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y son puestos en proceso de deportación de Estados Unidos.

En abril, activistas pro inmigrantes que luchan por la reforma migratoria aumentaron las presiones al Congreso y a la Casa Blanca para que la Administración cambie su política de deportaciones.

Denunciaron que el programa Comunidades Seguras y otras directivas internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han resultado principalmente en más expulsiones de personas sin delitos o convictas de delitos de tráfico y de inmigración.

Comunidades Seguras fue activado en 2008 y consiste en una base de datos que maneja el DHS y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Si la prueba biométrica muestra que la persona no tiene estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es colocada de inmediato en la lista de sujetos deportables. Lo mismo sucede con individuos que tienen algún tipo de delito o antecedente criminal.

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El programa y la participación de las policías generaron un clima de desconfianza en la comunidad inmigrante.

En marzo la Casa Blanca dijo que el presidente revisaría su política de deportaciones y que comunicaría cambios a finales del verano. El sábado, sin embargo, la Casa Blanca dijo que el presidente Obama no hará los anuncios sino hasta después de las elecciones de noviembre.

El anuncio de la postergación causó decepción en la comunidad inmigrante y activó los miedos a un mayor número de deportaciones.

Al menos 120 ciudades y condados han tomado decisiones como el condado de Doña Ana para proteger a la comunidad inmigrante sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.

A comienzos de febrero la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), con el apoyo de la mayor central sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO, presentó una serie de argumentos legales para que Obama suspenda las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Entre las sugerencias se incluyó la cancelación del programa Comunidades Seguras.

Durante el año fiscal 2013 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 368,644 indocumentados y de ellos el 40% no tenía antecedentes criminales.

En los cuatro primeros años del gobierno de Obama ICE deportó un promedio anual de 400 mil, estableciendo cuatro récords sucesivos.

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