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Tratan de impedir verificación

Tratan de impedir verificación

ACLU demandó para evitar que Rhode Island obligue a empresas comprobar el estado migratorio de sus empleados.

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Qué dice la ley

PROVIDENCE, Rhode Island - La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) interpuso una demanda el miércoles para evitar que el gobernador de Rhode Island, Don Carcieri, obligue a empresas o negocios a comprobar electrónicamente el estado migratorio de nuevos empleados, informó The Associated Press.

El proceso busca eliminar un decreto que Carcieri firmó en marzo para acabar con la inmigración indocumentada.

La ley estatal obliga a la policía estatal y a funcionarios de prisiones identificar a posibles inmigrantes indocumentados para que sean entregados a las autoridades de inmigración y deportados de Estados Unidos.

También fuerza a las agencias estatales y compañías que hacen negocios con el estado usar la base federal de datos, conocida como E-Verify, para comprobar el estado migratorio de nuevos empleados.

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Las empresas que se nieguen a cooperar podrían perder sus contratos con el estado, detalló AP.

Sistema inseguro

La ACLU argumenta que E-Verify identifica de manera injusta a trabajadores nacidos en el extranjero como inelegibles para trabajar en Estados Unidos.

Agrega que la base de datos federal podría marginar automáticamente a trabajadores que parecen extranjeros.

Un informe difundido en 2007 por el departamento (ministerio) de Seguridad Interna (DHS) mostró que un 96 por ciento de la gente que aseguraba ser ciudadano estadounidense era aprobada por la base de datos en un primer intento.

Pero el informe también mostró que un 3 por ciento de los trabajadores extranjeros con derecho a trabajar en Estados Unidos eran rechazados erróneamente por el sistema E-Verify, comparado con el 1 por ciento de los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país que eran rechazados.

El informe avisaba de que el error no se puede solucionar rápidamente.

La demanda acusa a Carcieri de incumplir con la constitución del estado de Rhode Island al interferir con los contratos existentes y forzar un decreto que contradice las leyes de compra adoptadas por la Asamblea General, indicó The Associated Press.

De que se trata

E-Verify fue puesto en funcionamiento el 17 de septiembre de 2007.

La base de datos del sistema se encuentra conectada con las bases de datos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y del DHS, que reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales en Estados Unidos.

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El programa es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEV, por sus siglas en inglés) que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003 y que forma parte de las políticas de seguridad implementadas tras los ataques terroristas de 2001.

Cómo se conecta

El sistema, al que los empleadores acceden por teléfono o Internet, faculta al gobierno federal para que verifique la identidad de cualquier trabajador extranjero, coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos, y compruebe que tiene visa y permiso para laborar en el país.

Un segundo sistema fue habilitado en julio de 2007 por DHS.

Se trata del ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE), "herramienta" del gobierno para hacer más riguroso el control sobre los centros de trabajo y fortalecer la batalla que libra en contra de la inmigración ilegal.

Un tercer plan paralelo impulsado por el DHS, basado en el envío de cartas a empleadores advirtiendo sobre reglas más severas a quienes contraten a indocumentados, por ahora se encuentra suspendido por orden de un juez federal de San Francisco.

El formulario I-9

La verificación de empleo se solicita por medio del Formulario I-9, en el que los patronos especifican el estatus migratorio del trabajador, el número de residente (número de Alien) registrado en la autorización de empleo y el número de Seguro Social.

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Una vez enviado esos datos, el gobierno verifica los datos y envía al empleador la imagen de la persona almacenada en sus bases de datos para que sea cotejada por el patrono.

Previo a la puesta en vigor de la primera fase del programa, en 2003, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA, por sus siglas en inglés) emitió varios comunicados en los que advirtió que el sistema contenía errores "graves" y "peligrosos".

Cuestionado por la GAO

AILA precisó que el plan piloto desarrollado por el DHS fue revisado y cuestionado en 2004 por el General Accounting Office (GAO, Oficina del Inspector General de la Fiscalía de Estados Unidos) y pidió al gobierno extender las revisiones por un mínimo de seis meses, pero que la solicitud no fue atendida.

La revisión, dijo AILA, fue requerida "debido a defectos" en el diseño del sistema de verificación.

La asociación también advirtió que el plan republicano dio poderes especiales a los gobiernos estatales y locales "para usar el programa y comprobar el estatus de inmigrantes y ciudadanos", funciones que por ley le corresponden sólo al gobierno federal estadounidense.

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