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Trabajadores afectados en redada recibirán sueldos atrasados

Trabajadores afectados en redada recibirán sueldos atrasados

Ex dueños de fábrica blanco de una redada pagarán sueldos atrasados a trabajadores, incluyendo indocumentados.

El monto acordado

BOSTON - Los ex dueños de una fábrica de artículos de piel que fabricaba implementos militares en la localidad de New Bedford, Massachussets, que en mayo de 2007 fue objeto de una redada de inmigración, pagarán $850 mil a trabajadores -incluyendo inmigrantes indocumentados- para poner fin a una demanda que dice que la compañía violó leyes laborales, dijeron abogados el martes.

Michael Bianco Inc. pagará más de $600 mil a 764 ex empleados por concepto de salarios atrasados, reportó The Associated Press.

El resto de la suma será para costos legales y contribuciones a grupos comunitarios que trabajan con inmigrantes, agregó.

"Este acuerdo deberá enviar un mensaje a otras compañías de que tienen que cumplir las leyes laborales sin importar el estatus de inmigración de sus trabajadores", dijo Audrey Richardson, abogada para Greater Boston Legal Services, que presentó la demanda.

Varios se fueron

Algunos de los inmigrantes indocumentados arrestados en la redada que se beneficiarán con el acuerdo regresaron a Guatemala, El Salvador y Honduras. Otros se encuentran están aún en Estados Unidos.

Greater Boston Legal Services está tratando de localizar a ex trabajadores que recibirían los pagos.

En marzo de 2007, agentes federales del departamento de Seguridad Nacional (DHS) allanaron Michael Bianco y arrestaron a 361 trabajadores, mayormente mujeres de países centroamericanos, por cargos de inmigración, entre ellos uso de documentos falsos para trabajar y no tener permiso de estadía legal en Estados Unidos.

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Explotación laboral

Semanas atrás, el dueño de la compañía, Francesco Insolia, se declaró culpable de albergar y ocultar a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con la demanda, la compañía trató de evitar el pago de horas extra dándole a los trabajadores cheques de Michael Bianco por el turno diurno y cheques de una compañía falsa, llamada Front Line Defense, por trabajo nocturno.

The Associated Press dijo que los cheques separados hacían parecer que los empleados que laboraron horas extras no habían superado la marca de 40 horas a la semana que automáticamente obliga al pago de tiempo extraordinario.

Cúmulo de fallos

La demanda indicó además que Michael Bianco tenía tan pocos relojes que los empleados tenían que formar largas colas para marcar, y entonces se les descontaba ilegalmente entre 15 y 30 minutos de paga si estaban apenas dos minutos tarde.

Tampoco se les pagaba por el tiempo extra que se pasaban esperando en fila para marcar la salida en los relojes, dijo la demanda.

De acuerdo con documentos del tribunal, Isolia creó Michael Bianco, Inc. en 1985 para producir bolsas y otros productos de piel.

La compañía tenía 85 empleados en 2001 y para 2006 la cifra había crecido a 650, y recibió casi $230 millones en contratos del Departamento de Defensa.

La compañía fue vendida a Eagle Industries hace más de un año.

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La redada

El 6 de marzo de 2007 más de 100 agentes federales, acompañados por policías locales, irrumpieron a primera hora en Michael Bianco Inc, donde se fabricaban, entre otros productos, chalecos antibalas para los soldados que combaten en Afganistán e Irak.

Un ex trabajador de la planta, que semanas más tarde del operativo habló con Univision.com bajo reserva de su nombre -por temor a ser arrestado y deportado por su condición ilegal- dijo que esa ciudad (New Bedford) "parece un desierto", y que muchos inmigrantes huyeron después de la redada.

Esa mañana "llegaron agentes federales y policías locales y estatales a la fabrica donde se hacen los chalecos antibala que usan los soldados del Ejército de Estados Unidos", dijo. "Arrestaron a más de 380, entre ellos a mi esposa".

Espía hispano

La fuente agregó que el ICE reunió pruebas de inteligencia por el trabajo que hizo un espía hispano antes de la redada.

Relató que "el hombre fue enviado a un lugar donde consiguió papeles falsos y se fue infiltrando hasta llegar a la planta de los chalecos antibalas", contó.

Agregó que el "infiltrado" permaneció en la fábrica "siete u ocho meses", y que durante ese tiempo "le contó todo a las autoridades".

"Cuando los agentes llegaron conocían el nombre de cada uno, qué hacía, dónde estaba y cómo se llamaba. Lo sabían todo", destacó.

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"Decenas de patrullas"

"Era el segundo día de trabajo de mi esposa. La redada comenzó a las 8:15 de la mañana. Lo rodearon todo, con decenas de patrullas y vehículos de color negro con vidrios oscuros", añadió.

"A ella se la llevaron, pero salió en libertad supervisada al otro día, porque la comunidad intervino debido a que tenemos una hija pequeñita que estaba en una guardería".

El indocumentado agregó que "ahora estamos desempleados, dependiendo de la caridad y esperanzados en que el Congreso apruebe una vía para que podamos arreglar nuestros papeles. Damos gracias a Dios de que no se la llevaran lejos, porque defenderla hubiese costado mucho, mucho dinero".

Métodos sofisticados

El informante secreto, la llegada de decenas de unidades, los arrestos y el traslado de detenidos a puntos lejanos del lugar de residencia, formaron parte de las medidas que Michael Chertoff, Jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos había comunicado a finales de 2005 al Congreso, en Washington.

El secretario dijo que sus agentes usarían las mismas técnicas para combatir el crimen organizado y reiteró la vigencia de un programa de deportaciones aceleradas que se iría incrementando paulatinamente.

"Pienso que nuestro enfoque en el departamento es brindar el tipo de objetivos de misión y equipo que dieron resultados cuando nos concentramos en la lucha contra el crimen organizado para hacer frente al desafío de la inmigración ilegal", explicó.

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A toda prisa

Chertoff ha señalado posteriormente que el "objetivo" del gobierno es detener a los indocumentados y "llevarlos desde el lugar donde fueron detenidos a sus países de origen, y hacerlo con la suficiente regularidad y precisión para lograr disuadir a la gente (...), porque van a darse cuenta de que cuando cruzan la frontera ilegalmente van a ser detenidos y expulsados".

"Nuestro plan es ampliar las deportaciones mediante una mejor utilización de nuestros sistemas de detención y expulsión para aumentar la rotación", ha reiterado en varias ocasiones.

Pero los apuros del gobierno no los entiende el trabajador de New Bedford, cuya esposa fue detenida en marzo del año pasado.

"Nosotros no somos delincuentes, ni traficantes ni vendemos drogas a nuestros hijos. Somos trabajadores honestos que también pagamos impuestos, y con nuestras manos fabricamos los chalecos antibalas que usan los soldados de Estados Unidos que combaten el terrorismo", remarcó.

Informe de La Raza

A finales de octubre del año pasado, siete meses después de la redada de New Bedford, La Raza y el Urban Institute publicaron un detallado informe en el que revelaron que más de 500 niños víctimas de redadas en Colorado, Nebraska y Massachussets entre 2005 y 2006 "padecen trastornos mentales serios, condiciones de pobreza y desarraigo familiar", y culpó al Congreso por estos daños que calificó de "irreparables".

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El documento subrayó que los niños afectados por las redadas del servicio de inmigración "no son inmigrantes, sino ciudadanos estadounidenses con plenos derechos", y advirtió que otros tres millones podrían correr la misma suerte en corto plazo.

La denuncia, plasmada en el informe titulado Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos, reveló los horrores que han vivido familias víctimas de leyes antiinmigrantes, donde los grandes damnificados son los más pequeños de la sociedad.

La Raza dijo que el error cometido por el Congreso causó daño a los niños tras el fracaso del debate de la reforma migratoria, y resaltó la incapacidad del organismo legislativo de lograr una solución al problema que plantean 12 millones de inmigrantes sin papeles en el país.

Impacto negativo

De acuerdo con el informe, las redadas del servicio de inmigración ejecutadas entre 2006 y 2007 han causado serios daños a unos 500 niños estadounidenses, y otros 3 millones, hijos de inmigrantes indocumentados, corren la misma suerte, además de violar los derechos de trabajadores con ciudadanía de Estados Unidos.

El estudio mostró además el drama humano detrás de cada detención y se centró en los menores porque, dijo La Raza, "la sociedad debe velar por ellos, especialmente cuando son ciudadanos estadounidenses y Estados Unidos es su hogar".

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"Los niños afectados por las detenciones merecen toda la atención de la sociedad, sobre todo su estabilidad emocional, financiera y afectiva", dice el documento.

Daños inmediatos

Los procedimientos que utilizó el ICE en 2006 y 2007, incluyendo los arrestos en la empresa Swift Co., hicieron difícil organizar el cuidado de los niños cuando sus padres fueron detenidos.

Muchos detenidos firmaron documentos de salida voluntaria y abandonaron el país antes de que pudieran ponerse en contacto con abogados de inmigración, con sus familias o con los consulados de sus países de origen, subraya el documento.

En los lugares de detención había un acceso muy limitado a teléfonos para que los arrestados pudieran comunicarse con sus familias y muchos fueron trasladados a remotos centros de detención fuera de los estados en los que fueron arrestados, detalla.

Algunos padres solteros y otros que estaban cuidando niños fueron puestos en libertad el mismo día de la redada, pero otros permanecieron varias noches y días encarcelados, y muchos de los padres detenidos tuvieron miedo de revelar sus nombres y creyeron que el ICE tomaría y les arrebatara la custodia.

A largo plazo

En Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos, también se reportó que muchos padres fueron deportados pocos días después de su detención, y que las familias hicieron arreglos para intentar que el padre regresara a Estados Unidos.

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Otros padres fueron detenidos durante meses y sólo los liberaron después de pagar una fianza (en algunos casos de $10 mil o más). Pero no todos fueron liberados antes de proceder a su deportación.

Durante la época en que estos padres fueron detenidos, sus hijos y otros miembros de la familia reconocieron importantes dificultades, incluida la dificultad para hacer frente a las consecuencias económicas y el estrés psicológico causado por la detención.

Las dificultades aumentaron con el tiempo, ya que las familias de escasos ahorros y fondos, y que vivían del trabajo diario, agotaron las reservas, indicó el informe.

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