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El congresista republicano Lamar Smith, líder del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

Republicanos insisten en lista de deportables

Republicanos insisten en lista de deportables

El jefe del comité Judicial de la Cámara amenazó con iniciar un proceso para declarar en desacato a funcionarios del DHS.

El congresista republicano Lamar Smith, líder del Comité Judicial de la...
El congresista republicano Lamar Smith, líder del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

La oposición advierte sanciones y reitera postura contra la inmigración indocumentada

WASHINGTON - El jefe del comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (republicano de Texas), amenazó el jueves con iniciar un proceso para declarar en desacato a funcionarios del gobierno por negarse a revelar el número de indocumentados sin deportar que son liberados en Estados Unidos.

El comité emitió el 4 de noviembre una citación legal ('subpoena') para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informe sobre los inmigrantes indocumentados identificados dejados en libertad desde 2008, y que podrían haber cometido crímenes, un número que los republicanos elevan a 300 mil, reportó la Agencia Francesa de Noticias (AFP).

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Smith envió este jueves una carta a la jefa del DHS, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, en la que afirma que no ha recibido aún la información solicitada por el comité.

"Debo insistir que la información bajo la citación sea entregada para este viernes 9 de diciembre", o de lo contrario "el comité tiene la intención de considerar una resolución para declarar en desacato al DHS y de votarla de manera expedita", indicó Smith.

Advierten castigos, pero…

Declarar en desacato a un funcionario tiene implicaciones penales. No obstante, la resolución tiene que ser primero aprobada por el comité, por el pleno de la Cámara y luego el Departamento de Justicia tiene que decidir si abre un proceso.

La última vez que el Congreso declaró en desacato a un funcionario fue en 1983.

Según Smith, el DHS entregó los nombres de casi 221 mil inmigrantes indocumentados que no habrían sido procesados, pero sin cierta documentación adicional necesaria para poder cotejarlos con expedientes criminales.

En una última carta la semana pasada, el DHS pidió un mes adicional para confrontar información con la policía federal (FBI), petición que fue rechazada por Smith.

La información solicitada "ya la tiene en sus manos y no hace falta tiempo adicional para reunirla", afirmó Smith a Napolitano.

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Presión republicana

A principios de noviembre el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, aprobó una medida que obliga al DHS a entregar una lista con los nombres de unos 300 mil casos de deportación que quedaron pendientes el 18 de agosto cuando el gobierno anunció que revisaría su política sobre el tema.

El Subcomité para Política Migratoria de la Cámara de Representantes decidió emitir una orden de forzoso cumplimiento para que el DHS entregue el listado de los miles de inmigrantes con antecedentes criminales o sin autorización para residir en el país que fueron detenidos pero cuya deportación no se gestionó, por el cambio de política anunciada por el DHS.

Los siete miembros republicanos del subcomité del Comité Judicial votaron a favor de emitir la orden, mientras que los cuatro demócratas votaron en contra.

El cambio de norma

El 18 de agosto el gobierno federal anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

La Administración también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

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The Washington Times dijo que los casos reclamados por los republicanos corresponden a inmigrantes detectados bajo el programa Comunidades Seguras del gobierno, pero que no han sido arrestados para su deportación por ser considerados de baja prioridad por carecer de antecedentes penales.

Comunidades Seguras fue puesto en vigor en 2006 bajo la administración republicana de George W. Bush (2001-2009) y fue extendido por Obama en 2009. Se enfoca principalmente en la deportación de inmigrantes detenidos en las cárceles para su deportación.

Mar de dudas

Tras el anuncio de agosto del gobierno, de revisar unas 300 mil órdenes de deportación, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el DHS, y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque "puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación".

"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.

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Ojo con los fraudes

En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios).

Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.

El anuncio del gobierno "no se trata de un programa de Amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.

Números preocupantes

A finales de septiembre el director de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), John Morton, dijo que cerca de un millón de inmigrantes indocumentados tienen antecedentes penales en Estados Unidos y son el objetivo prioritario de deportación del gobierno.

"Las estimaciones varían pero (son) aproximadamente un millón de personas con antecedentes penales, sujetos a deportación", explicó Morton en rueda de prensa.

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"Desde hace décadas, años, hay mucha más gente ilegalmente en este país de la que ICE pueda deportar", comentó Morton al anunciar la mayor operación en la historia del país, que culminó con el arresto de 2,901 indocumentados con antecedentes.

En Estados Unidos hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados.

"Lo que hemos hecho desde que llegamos al poder (bajo la presidencia de Obama) es sentar una agenda de prioridades para utilizar los limitados recursos a nuestra disposición", enfatizó.

"Desde nuestra perspectiva lo mejor es empezar con los criminales", dijo.

"También expulsamos a gente que no tiene antecedentes", reconoció Morton, cuyo gobierno ha batido récords en los últimos dos años y medio, con una media de 350.000 deportaciones al año.

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