Republicanos insisten en cambiar la Enmienda 14

Republicanos insisten en cambiar Enmienda 14

Thinkstock LLC/Picture Quest

En Estados Unidos viven unos 4 millones de niños ciudadanos hijos de padres indocumentados.

Millones ciudadanos hijos de indocumentados en la mirilla

El movimiento republicano antiinmigrante no se detiene en el Congreso estadounidense. El grupo ultraconservador que busca cambiar la Enmienda 14 de la Constitución volvió a la carga con miras a conseguir los votos necesarios para que ambas cámaras aprueben la iniciativa y nieguen la ciudadanía automática a los hijos de padres indocumentados.


La cruzada la encabezan los senadores David Vitter (Luosiana), Paul Rand (Kentucky), Mike Lee (Utah) y Jerry Moran (Kansas), quienes quieren obligar a que el Gobierno federal limite la ciudadanía automática a por lo menos uno de los padres ciudadano o residente legal permanente o miembro de las Fuerzas Armadas.

El grupo sostiene que la mala interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución ha permitido la existencia de miles de "bebés ancla", nombre que le dan a los niños hijos de padres indocumentados que nacen en territorio de Estados Unidos.

Agregan que estos niños, una vez alcanzada la mayoría de edad, pueden patrocinar la legalización de sus padres y otros familiares, un tema que ha desatado fuerte polémica en el país.

Argumento de cambio


Según Vitter, el gobierno "permite que personas se aprovechen de las lagunas que tiene el sistema" y recordó que el Congreso tiene autoridad y “obligación de poner fin” a esta situación.

Según datos del Pew Hispanic Center, un grupo con sede en Washington que estudia los movimientos migratorios, el 8% de los 4,3 millones de recién nacidos en los hospitales de Estados Unidos en el año fiscal 2008 es hijo de padres sin papeles legales de permanencia en el país.

En total, agrega, unos 4 millones de ciudadanos se encuentran enuna situación similar.

Vitter denunció que la existencia de un “turismo de nacimiento” practicado por mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos con el propósito expreso de dar a luz.


"Es una práctica reprobable", agregó.

Pero Michelle Waslin, una analista del Centro de Política de Inmigración, dijo que no había evidencias para probar los señalamientos de Vitter, y agregó que existen otras formas para hacer frente y reparar este tipo de situaciones que se dan con la actual ley de inmigración.

Tanto el Centro como decenas de organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes le vienen pidiendo desde hace años al Congreso que debata y apruebe una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para millones de indocumentados que carecen de antecedentes criminales. Pero por falta de respaldo bipartidista las discusiones han fracasado.

Campaña nacional


El pasado 2 de marzo Univision.com reportó que legisladores de al menos 41 estados "de 50- se encontraban estudiando presentar simultáneamente en sus respectivos congresos una iniciativa para modificar la Enmienda 14 de la Constitución.

La estrategia fue denunciada el miércoles por la organización analítica nacional Centro Sureño Legal para la Pobreza.

A finales de diciembre se había reportado que legisladores ultraconservadores, tras la elección de medio tiempo del primer martes de noviembre, trabajaban en un proyecto que lidera el sector ultraconservador republicano.

Mark Potok, jefe de inteligencia del Centro Sureño Legal, denunció en conferencia por Internet que unos 70 legisladores de 41 estados planean presentar de manera simultánea la iniciativa.


Para Elizabeth Wydra, consejera del Constitutional Accountability Center, es "históricamente equivocado" buscar revocar esta Enmienda de la Constitución. "Es una mala idea porque precisamente esta parte de la Carta Magna expresa la libertad e independencia, los ideales de este país, a sus ciudadanos sin importar la raza y el credo. Mejor tratemos de resolver el problema migratorio por la rama legislativa y no por la Constitución", enfatizó.

Realizar una enmienda constitucional requiere la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras en el Congreso, además del consentimiento de al menos 38 estados.

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