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Redadas en cuatro estados dejaron saldo de 384 detenidos

Redadas en cuatro estados dejaron saldo de 384 detenidos

El servicio de inmigración estadounidense confirmó redadas en cuatro estados y el arresto de decenas de indocumentados.

Pensylvania y Delawere

WASHINGTON - El servicio de inmigración estadounidense confirmó el jueves redadas en cuatro estados y el arresto de 384 indocumentados, varios de ellos con antecedentes criminales. Simultáneamente, activistas de la Unidad Hondureña reiteraron un pedido al presidente George W. Bush para que frene las deportaciones de centroamericanos que carecen de antecedentes penales en momentos que la región parece graves inundaciones.

La Oficina de Aduanas y Control de Fronteras dijo en un comunicado que equipos de operaciones especiales de detención y expulsión capturaron a 99 extranjeros en los estados de Pensylvania y Delawere, en redadas efectuadas entre el 14 y el 26 de octubre.

Agrega el comunicado que 41 de los arrestados contaba con algún tipo de antecedente criminal y el había violado leyes de inmigración.

Thomas Decker, director de la oficina de deportaciones del ICE en Filadelfia, dijo que en las redadas participaron agentes de oficinas locales y funcionarios federales.

Nueva Jersey y N. York

En Nueva Jersey, agentes federales detuvieron a 189 inmigrantes, de ellos 87 con antecedentes penales, dijo la agencia, mientras que en Nueva York fueron arrestados 96, de los cuales 46 contaban con prontuario criminal.

El gobierno reiteró que los fugitivos de inmigración -extranjeros que tienen una orden de deportación vigente y no cumplieron con salir del país en la fecha determinada por la corte de inmigración- son puestos de inmediato en proceso de expulsión de Estados Unidos.

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En el caso de extranjeros con orden de deportación vigente y que ya habían sido deportados con anterioridad pero regresaron sin permiso a Estados Unidos y violaron la ley de los 10 años, "están sujetos a enjuiciamiento penal", dijo el ICE.

Ley de los 10 años

El abogado Jorge Rivera, uno de los moderadores del Chat de Inmigración de Univision Online los miércoles cada 15 días, explicó que la ley de los 10 años o 'ley del castigo' fue  aprobada por el Congreso en 1996.

La legislación señala que si un inmigrante permanece más de 180 días como indocumentado en Estados Unidos y es expulsado o sale del país, debe cumplir una sanción de tres años sin poder entrar nuevamente. Si la estadía supera el año, el castigo se eleva a 10 años.

Al término de ese plazo, "el indocumentado puede pedir un perdón al consulado de Estados Unidos", dijo el abogado José Pertierra, que también coordina el chat de inmigración, los lunes cada 15 días. "Si regresa sin ese perdón lo pueden castigar con una deportación de por vida", advirtió.

Lista de delitos

La lista de delitos de los 384 arrestados por el gobierrno incluye homicidio, robo, asalto agravado con un arma de fuego, violaciones de libertad condicional, posesión de droga con la intención de fabricar o entregar una sustancia controlada y DUI.

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Otros cargos señalados por las autoridades son asesinato en primer grado en Maryland en 2006, tráfico de drogas, declaración falsa en una solicitud de pasaporte y conducir un vehículo con una licencia de manejar suspendida.

"Una mujer de Islas Caimán detenida en Hellertown, Filadelfia, ha cumplido varias condenas por manipulación de evidencia física, robo, asalto agravado con un arma, violación de libertad condicional y tentativa criminal de fraude", explicó.

Equipos especiales

Los equipos de operaciones especiales de detención y expulsión del ICE fueron creados en 2003 en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, recordó el gobierno.

Los principales objetivos del programa son ubicar y detener a unos 560 mil indocumentados con orden de deportación, y luego expulsarlos de Estados Unidos.

A nivel nacional operan más de 100 de estos grupos, que en algunos casos trabajan con policías municipales y estatales amparados bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración. Dicha ley faculta al DHS hacer acuerdo con agencias locales para ejecutar tareas que pongan fin a la inmigración indocumentada.

En el año fiscal 2008, dijo el ICE, se detuvo a más de 34 mil extranjeros con orden de deportación que no habían cumplido.

Un alto porcentaje de arrestados son extranjeros "que no se presentaron a sus citas ante una corte de inmigración o desafiaron la orden emitida por un juez de inmigración para que abandonaran el país", dijo Bartolomé Rodríguez, director de la oficina del ICE en Nueva York.

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Carta a Bush

Mientras el DHS sigue tras los pasos de miles de indocumentados con orden de deportación vigente, la Unidad Hondureña envió una carta al presidente George W. Bush para pedirle que suspenda las deportaciones de centroamericanos indocumentados que no tengan antecedentes criminales.

"Centroamérica, y principalmente Honduras, está siendo devastada por torrenciales aguaceros que han causado daños severos a nuestro país y a nuestras comunidades", dijo José Lagos, director de la Unidad Hondureña de Miami.

"Muchas de esas personas sobreviven de las remesas que se envían desde Estados Unidos y por eso le pedimos al presidente que aquellos que no tienen antecedentes penales no sean deportados si caen en una redada del servicio de inmigración", añadió.

"Las remesas de los centroamericanos han contribuido muchísimo a la recuperación de los países en la región", agregó el dirigente.

Tiempo para el TPS

En la misiva, el grupo también pidió que el Gobierno de Washington extienda por 30 días el período de reinscripción del TPS para Honduras, El Salvador y Nicaragua, "para darle tiempo a la gente a que reúna los fondos y pague el trámite de un nuevo permiso de trabajo y la toma de huellas digitales", dijo Lagos.

"También le pedimos al gobierno que se extienda automáticamente por seis meses la autorización de empleo. La gestión cuesta $420 por persona. Ese dinero cuesta conseguirlo, sobre todo ahora con la crisis económica y la urgencia de las familias afectadas por las lluvias en Honduras", añadió el activista.

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El TPS a Honduras y Nicaragua fue otorgado por la Casa Blanca el 29 de diciembre de 1998 por razones humanitarias, tras el devastador paso del huracán Mitch por costas centroamericanas. Hasta ahora Washington lo ha extendido en ocho ocasiones y beneficia a unos 82 mil inmigrantes sin papeles de estadía legal.

El TPS a El Salvador fue otorgado en marzo de 2001 en respuesta a los terremotos registrados en ese país en 13 de enero y el 13 de febrero de ese año, beneficiando a unos 240 mil indocumentados.

El amparo detiene temporalmente las órdenes de deportación y otorga a los refugiados un permiso temporal de trabajo, vigente hasta la fecha en que caduca la protección.

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