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Redadas digitales causan miedo en comunidad inmigrante

La noticia del despido de cientos de trabajadores de la cadena de restaurantes de comida mexicana Chipotle Mexican Grill Inc., tras una "redada digital" del servicio de inmigración, encendió las alarmas en la comunidad inmigrante.

Falta de reforma migratoria acelera clima antiinmigrante en EU

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La noticia reciente del despido de cientos de trabajadores de la cadena de restaurantes de comida mexicana Chipotle Mexican Grill Inc., tras una "redada digital" del servicio de inmigración, encendió las alarmas en la comunidad inmigrante.


Este jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que envió notificaciones de inspección a 1,000 empresas en Estados Unidos y advirtió que los agentes examinarán con especial esmero los documentos de contratación para detectar la posible presencia de indocumentados.

Las "redadas digitales" o "redadas silenciosas" se incrementaron a mediados de 2009 y forman parte de la política migratoria de la Administración del Presidente Barack Obama. A partir de entonces, se han ejecutado más de 3 mil inspecciones y se han investigado a miles de trabajadores y emitido multas por más de $7 millones.

Entre las empresas más reconocidas donde se han efectuado este tipo de batidas se encuentran las cadenas Walmart y McDonalds, la fabricante de rosquillas Krispy Kreme y las tiendas de ropa Abercrombie and Fitch, pero cualquier empresa por pequeña que sea está expuesta a ser verificada.

¿Qué pasa con los despedidos? ¿Son confiables los datos del gobierno? Si hay despidos injustificados, ¿qué puede hacer un trabajador afectado?

No son iguales, pero…

A diferencia de las batidas tradicionales, donde cientos de agentes federales llegaban a un lugar, lo cercaban y procedían a arrestar a los empleados que no pudieran demostrar que tenían papeles para vivir y laborar en el país, ahora una unidad especial de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) revisa los datos de identidad de millones de  trabajadores y compara sus identidades en una gigantesca base de datos que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Si cualquiera de los datos del empleado no concuerda con la información del gobierno, el empleador recibirá una carta del DHS advirtiéndole del problema. Y si el trabajador no aclara la diferencia, es despedido y el patrono se libra de una multa.

Pero la pregunta es: ¿Y si los datos almacenados por el gobierno no estaban correctos? ¿Qué ocurre con los derechos del trabajador despedido?

Cuestionan los datos

"Nos cuestionamos si la información guardada por el Gobierno federal está correcta", advirtió Juan Vega, Coordinador de Inmigración del Centro Latino de Chelsea, Boston, Massachussetts. "Hemos visto muchos casos en el pasado reciente que el sistema de datos federal está lleno de errores y ha originado toma de decisiones que en muchos casos no son legales".

Uno de esos casos fue el polémico programa federal No Match (No Concordancia) surgido en 2007 bajo la administración del ex presidente George W. Bush. Consistía en verificar la identidad de los trabajadores con la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). SI la información no coincidía, el trabajador recibía una carta y se le fijaba un plazo para aclarar el error. SI no respondía dentro de un plazo de hasta 90 días, el empleador procedía a su despido y el servicio de inmigración lo arrestaba y le iniciaba un proceso de deportación.

Fallo judicial

Una demanda entablada por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) permitió que una corte de California congelara el proyecto porque su ejecución podía causar "muchas dificultades" a las empresas y a sus empleados, y porque los demandantes demostraron "que serán dañados de manera irreparable [los derechos de trabajadores] si (...) se permitía implementar la norma".

El gobierno insistió y logró, al fin de cuentas, imponer un método alterno que tiene el mismo propósito: frenar la inmigración indocumentada. Fortaleció el programa conocido como E.Verify, en el que los empleadores, de manera voluntaria, se inscriben a través de Internet y, por medio del Formulario I-9, le piden a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que verifique la identidad del trabajador.

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Durante el proceso la USCIS consulta las bases de datos del DHS, el SSA y el FBI. Si aparece una anomalía o un dato diferente, el DFHS le notifica al empleador y éste a su vez al trabajador, quien tiene un plazo de hasta 90 días para aclarar el problema.


“Una de nuestras principales dudas viene cuando nos preguntamos si las empresas están dejándose llevar las informaciones del gobierno y si tenemos la certeza que esos datos son correctos. No tenemos certidumbre si las informaciones almacenadas por el USCIS están cien por ciento actualizadas", advirtió Vega.

"Si hay un error y la persona fue despedida erróneamente, ¿cómo reclaman sus derechos?”, se preguntó el activista. “También da lugar a que se incrementen los abusos por parte de empleadores inescrupulosos”, agregó.

Las más vulnerables

Preocupaciones similares expresó el abogado Daniel Sharp, del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Los Ángeles, California. "Tenemos dudas y las dudas no han sido del todo resueltas", dijo.

Explicó que se han registrado "problemas" con el sistema de verificación y que "el caso más común afecta a las mujeres. Muchas han contraído matrimonio y cambian su apellido por el de su esposo. Gestionan una nueva licencia de manejar y encuentran un trabajo con su nueva identidad. Pero el servicio de inmigración no actualizó la nueva identidad y ahí ocurre un problema serio que daña los derechos de un trabajador que vive legalmente en Estados Unidos".

"Esta gran inquietud ya la vimos en el programa No Match. Un juez federal aquí en California lo dejó fuera porque no garantizó exactitud y ahora se repite la duda", apuntó.

"Es una razón válida que fue considerada por una corte federal. Un magistrado determinó que por esta falta de exactitud el gobierno podía afectar a un número elevado de ciudadanos y residentes legales permanentes. Esas mismas dudas existen ahora", dijo.

La reforma migratoria

Tirso Moreno, de la Asociación de Trabajadores de Florida Central, cuestionó la política migratoria del gobierno de Obama y dijo que ver pocas diferencias “con la política implementada por el presidente George W. Bush” (2001-2009).

"Me parece que no están haciendo nada diferente. Se esta perjudicando mucho a la gente y no se mueve nada hacia una reforma migratoria comprensiva. Cada día vemos más lejos las posibilidades de que el Congreso debata una vía de legalización y le de la posibilidad a los 11 millones de sin papeles a que tengan la residencia. Están haciendo muy difícil la vida para los inmigrantes", apuntó.

Respecto a qué hacer en el caso que un trabajador se vea afectado por el programa E.Verify, Sharp recomendó “tratar de arreglar primero el problema con el empleador, explicar qué está sucediendo y hallar una respuesta si la hay. Si el error es del sistema, hay que pedirle entonces al gobierno que lo arregle y de por terminado el problema".

"No es mala idea tampoco buscar consejo legal, que alguien le avise al empleador que el trabajador tiene derechos y que está tratando de resolver el problema", acotó. Y agregó: "Tampoco es mala idea que el empleado hable con el empleador y le pida el plazo establecido por el reglamento, que creo es de 90 días, para hallar una solución. Si no le dan el tiempo que dice la ley, entonces busque asesoría legal, porque puede haber motivo para iniciar una acción jurídica contra el empleador", remarcó.

Unidad especial

En enero el gobierno federal anunció la creación de una nueva unidad policíaca en el ICE para verificar la contrata de trabajadores extranjeros al tiempo que notificó un notable incremento en el número de verificaciones de identidades en los últimos dos años dentro del programa E.Verify.

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El sistema, al que también se accede por Internet, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detectar trabajadores indocumentados.


"Durante el año fiscal 2010 la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) inició 2,746 investigaciones en lugares de trabajo, un número récord", explicó Kumar Kibble, subdirector de la agencia, durante un informe entregado al Congreso.

Durante el año 2009 ICE realizó 503 inspecciones, se determinaron 237 sanciones y se giraron multas por casi $7 millones, según el informe.

En 2008 sólo se reportaron 18 sanciones y se giraron multas por $675 mil, apuntó Kibble.

Deportaciones récord

No sólo las redadas electrónicas tienen alarmada a la comunidad inmigrante; también las deportaciones. En el año fiscal 2010 el gobierno federal deportó a más de 392,000 indocumentados, la mayoría de ellos con antecedentes criminales.

En el año discal 2009 la cifra de expulsados fue de unos 386 mil.

Las redadas ejecutadas durante la administración republicana del ex presidente Bush concluían con la deportación de los inmigrantes trabajadores sin papeles, pero las redadas silenciosas, como suelen llamarle los empresarios y activistas de organizaciones nacionales a las auditorías que ejecuta ICE, terminan con despidos y, en muchos casos, los afectados no son expulsados de Estados Unidos.

Sólo los trabajadores que se hallaban en las empresas durante las redada silenciosas de ICE se vieron afectados con arresto y un inmediato proceso de deportación. El resto recibió cartas de la empresa exigiéndoles que aclararan sus identidades y sus permanencias en el país bajo la amenaza de un despido inmediato.

Carlos Saavedra, de la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (MIRA), dijo que a medida que el gobierno implemente los sistemas de verificación de empleo, en la misma medida aumentarán las redadas silenciosas.

Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), teme que el E.Verify "perjudiquen los intereses económicos de Estados Unidos en vez de tomar acción para revivir la reforma migratoria".

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