publicidad
El sistema federal de verificación de empleo, E-Verify, permitió al gobierno dar con el paradero de trabajadores extranjeros presuntamente con papeles falsos para trabajar en Estados Unidos.

Redada en una panadería dejó 41 arrestados

Redada en una panadería dejó 41 arrestados

Autoridades federales presentaron cargos contra el dueño y tres de los empleados de una panificadora en San Diego, cerca de la frontera con México.

El sistema federal de verificación de empleo, E-Verify, permitió al gobi...
El sistema federal de verificación de empleo, E-Verify, permitió al gobierno dar con el paradero de trabajadores extranjeros presuntamente con papeles falsos para trabajar en Estados Unidos.

Presentaron cargos contra el dueño por contrata ilegal

SAN DIEGO - Autoridades federales presentaron cargos contra el dueño y tres de los empleados de una panificadora industrial de Otay Mesa (California), cerca de la frontera con México, donde agentes federales condujeron una redada el miércoles que produjo el arresto de 41 personas de nacionalidad mexicana.

La fiscalía federal el jueves cargos por alojar indocumentados contra Jesse William Fadick, de 64 años, dueño de "S&S Bakery Inc." y los supervisores Rigoberto Sarmiento-Machuca, de 35 años, y Rogelio Machuca-Sarmiento, de 46, además del empleado Abel Baizábal, de 38.

Fadick y Baizábal están acusados también de falsificar números de seguro social y proveer documentos falsos de inmigración a trabajadores de la panificadora.

publicidad

Detalles de la batida

Tres arrestos fueron efectuados en un domicilio particular por la mañana del miércoles, en tanto que las demás detenciones se realizaron en la panificadora en el transcurso del día, dijo hoy a Efe Pedro Ríos, de la organización de defensa de los derechos de inmigrantes Comité de Servicio de los Amigos Americanos.

Ríos dijo que miembros de la familia Machuca se pusieron en contacto con su organización para buscar auxilio legal, pues niegan que hayan tenido alguna responsabilidad en el proceso de contratación.

En caso de que sean hallados culpables, los acusados se enfrentan a penas máximas de cinco años de prisión y de $250,000 por cada uno de los cargos.

Meses en la mira

En la acusación, que detalla una investigación que se remonta por 13 meses, las autoridades alegan que trabajadores de la empresa hicieron entregas de alimentos a edificios federales de alta seguridad como cortes, bases militares y prisiones.

La empresa, que contaba con 91 empleados, está localizada en el corredor industrial de Otay Mesa, al suroeste de San Diego y tenía más de 12 años de operación.

Otra empleada, Norma Angélica Flores, de 42 años, fue acusada de regresar a Estados Unidos luego de haber sido deportada, indicaron las autoridades.

La vocera de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Lauren Mack, confirmó hoy a Efe que 19 personas siguen detenidas para que actúen como testigos en el caso y que el resto fueron procesados y liberados con la obligación de acudir a una audiencia frente a un juez de inmigración.

publicidad

Segunda más grande

Esta es la segunda operación de perfil mayor por parte de autoridades de inmigración recientemente en San Diego.

En abril pasado, el presidente y supervisor del restaurante y empresa de banquetes "French Gourment" de Pacific Beach, Michel Malecot, de 58 años, y Richard Kauffmann, de 57, respectivamente, fueron acusados de contratar a indocumentados y de emplearlos en la base militar de Campo Pendleton incluso cuando se les advirtió que sus números de seguro social eran falsos.

Ambos casos ilustran el cambio de estrategia por parte de la administración del presidente Barack Obama respecto a política de inmigración, forzando a empleadores a tomar acción por sí mismos y cuando esto no sucede formando un patrón considerado de "redadas silenciosas" que se preparan con base en auditorías enfocadas en el mismo proceso de contratación.

Verificación de datos

En julio de este año, agentes de Inmigración presentaron un reporte del estatus legal de los 119 empleados de la panificadora industrial en Otay Mesa y encontraron que 54 de ellos no contaban con documentos apropiados para trabajar en Estados Unidos.

Este patrón, criticado por organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes pues hace más difícil que los inmigrantes obtengan trabajos, se aleja de las redadas indiscriminadas y se enfoca en las formas de empleo I-9.

publicidad

Ríos dijo que bajo la administración Obama se ha incrementado el número de deportaciones por año en comparación con la administración del presidente George W. Bush, lo que ha ocasionado malestar entre la comunidad.

"Esas auditorías tratan de aparecer más humanitarias pero tienen un resultado mas fuerte pues no hay transparencia en el proceso y posibles violaciones de derechos humanos", indicó Ríos.

Redadas electrónicas

El activista criticó la forma en las detenciones a consecuencia de auditorías se vinculan con programas federales como "Comunidades Seguras" que verifica información biométrica y antecedentes migratorios y criminales de personas detenidas.

"Hay 600 compañías identificadas en todo el país que pueden ser sujetas a una redada de esta naturaleza y para sus empleados el efecto es peor pues es difícil determinar el debido proceso legal, si tienen acceso a un asistente legal para considerar las opciones en su caso", dijo Ríos.

A nivel nacional, Inmigración y Aduanas presentó cargos criminales contra 180 dueños de negocios y supervisores, en comparación con 135 en el año fiscal 2008 y 114 en el año fiscal 2009, mientras que condujeron más de 2.200 auditorías de formas I-9 en el 2010, en comparación con 1,400 en el 2009.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad