Proinmigrantes aumentan presiones contra la SB1070

Aumentan presiones contra SB1070

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Grupos defensores de los inmigrantes aumentaron las presiones para que un tribunal federal anule una polémica cláusula de la ley SB1070.

En espera de dictamen determinante

PHOENIX - Grupos defensores de los inmigrantes aumentaron el viernes las presiones para que un tribunal federal en Phoenix anule una polémica cláusula de la ley SB1070 contra los indocumentados en Arizona, al argumentar que ésta discrimina a los hispanos.


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Se prevé que la jueza federal Susan Bolton emita un dictamen, tan pronto como la próxima semana, sobre la controvertida sección "2B" de la SB1070, que permite a la policía de Arizona pedir "los papeles" a quien detenga por cualquier infracción y tenga "sospechas razonables" de que está en el país de forma ilegal.

"La jueza Bolton tiene que tomar la decisión de si permitirá que esta parte de la ley entre en vigor o no. Nosotros esperamos que la anule por completo", dijo a Efe Alessandra Soler, directora en Arizona de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, en inglés).

Armada con un fondo de 8.7 millones de dólares, la ACLU lidera los esfuerzos para combatir la SB1070 y medidas similares en otros estados del país que, a su juicio, se ensañan injustamente con los inmigrantes.


El Tribunal Supremo emitió un dictamen el pasado 25 de junio en el que eliminó tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la SB1070, pero dejó en pie la "sección 2B", con la advertencia de que ésta podría prestarse a más litigios en los tribunales.

Podría quedar en manos de Susan Bolton

La máxima corte del país giró instrucciones para que tanto el noveno tribunal de apelaciones de California como el tribunal de Bolton dejaran pasar un período de 25 días para pronunciarse sobre cómo y cuándo entraría en vigor la disposición.

Según observadores, lo más probable es que el noveno tribunal de apelaciones deje la decisión final en manos de la jueza Bolton, que fue quien bloqueó temporalmente esa cláusula en julio de 2010, a la espera del dictamen del Supremo.


El martes pasado, la ACLU y otros grupos de una coalición pro derechos civiles de los inmigrantes presentaron una moción para que Bolton frene la puesta en marcha de la "sección 2B", tras considerar que los legisladores estatales que impulsaron la SB1070 lo hicieron por atacar a los inmigrantes.

En su moción, los grupos presentaron decenas de correos electrónicos -de miles nunca antes divulgados- que fueron enviados o recibidos por el exsenador estatal Russell Pearce, arquitecto de la SB1070, que contenían comentarios incendiarios en contra de los mexicanos e inmigrantes indocumentados.

Algunos de esos documentos incluyen afirmaciones despectivas sobre los inmigrantes latinos, el temor a una "invasión de extranjeros ilegales" y cómo la inmigración ilegal pone en riesgo la identidad cultural de EEUU como país de habla inglesa.

También mencionaban cifras, no corroboradas por las autoridades, de que "cada año, los inmigrantes ilegales matan a nueve mil personas", y que los indocumentados tienen una tasa de criminalidad 2.5 veces mayor que los extranjeros no ilegales.


La coalición también pidió que se bloquee la puesta en marcha de otra cláusula de la SB1070, ya en vigor, que sanciona a quienes dan albergue o transporte a inmigrantes indocumentados en Arizona, por considerar que esa también interfiere con la potestad del Gobierno federal como único responsable del cumplimiento de las leyes de inmigración.

Los grupos proinmigrantes tienen previsto realizar actos de protesta en Phoenix el próximo martes, cuando el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio -que se autoproclama "el sheriff más duro en EEUU"-, rinda testimonio en un juicio civil aparte en su contra por su persecución de indocumentados en Arizona.

En ese caso, los demandantes no buscan compensación monetaria por las acciones de Arpaio sino que el tribunal exija que su oficina modifique sus medidas policiales para impedir lo que, aseguran, es una clara discriminación de los hispanos en el estado.

Esa demanda se suma al caso civil entablado por el Departamento de Justicia en contra de Arpaio, a quien acusan de violar los derechos civiles de los inmigrantes.

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