Programa 'Comunidades Seguras' bajo investigación

Plan 'Comunidades Seguras' bajo investigación

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‘Comunidades Seguras' demanda a las ciudades a incorporar la información, que incluía huellas dactilares de sospechosos locales, a la base federal de datos sobre inmigración.

Director de ICE reconoció "confusión y declaraciones inconsistentes"

WASHINGTON DC- Una legisladora de California pidió el jueves que se investigue si los empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le mintieron al público, a los gobiernos locales y al Congreso sobre un programa de control migratorio conocido como ‘Comunidades Seguras’.


‘Comunidades Seguras’ es un programa que identifica a los inmigrantes que podrían ser deportados debido a su estado de migratorio o a haber cometido un crimen.

La representante Zoe Lofgren (demócrata) pidió al inspector general del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional revisar las declaraciones hechas por los empleados del departamento, incluido el personal de Inmigración y Control de Aduanas.

"Declaraciones faldas"

"Creo que algunas de estas declaraciones falsas y engañosas pueden haber sido intencionales, mientras otras se hicieron de manera imprudente, a sabiendas de que eran ambiguas y posiblemente crearían confusión", dijo Lofgren.


John Morton, director del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se disculpó y dijo que su agencia es responsable de la "confusión y declaraciones inconsistentes" en una carta enviada a Lofgren el jueves.

Morton dijo que su agencia ha realizado algunos cambios como consecuencia, incluyendo el despido de un contratista que fue el "autor de varios correos electrónicos inapropiados".

Añadió que la ley federal requiere el intercambio de información entre las agencias federales específicamente para el control de la inmigración y los gobiernos estatales y locales no pueden prohibir ese intercambio.

Miles de correos electrónicos


Lofgren argumentó sus acusaciones en miles de correos electrónicos y otros documentos que la agencia divulgó este año en respuesta a una demanda presentada por abogados de inmigración.

‘Comunidades Seguras’ invitaba a las ciudades a incorporar la información, que incluía huellas dactilares de sospechosos locales, a la base federal de datos sobre inmigración, pero The Associated Press reportó en febrero que no se permitía a las ciudades negarse a participar, pese a que funcionarios federales afirmaban lo contrario.

Algunas comunidades se han resistido o negado a participar, pues dicen que compartir las huellas dactilares hace más difícil cumplir con su trabajo. Los inmigrantes, temerosos de ser entregados a Inmigración y Control de Aduanas, son reacios a denunciar crímenes o ayudar a solucionarlos, han dicho algunos agentes.

La defensa de Napolitano


El pasado 1 de abril la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, se comprometió a supervisar que el programa, que coteja las huellas dactilares de detenidos con una base de datos migratoria, no se prestera a prácticas discriminatorias ni a la aplicación inapropiada de leyes migratorias a instancias locales.

La jefa de la seguridad de Estados Unidos dijo al dictar una conferencia que su despacho contaba con una oficina de seguimiento al cumplimiento de derechos civiles y de estadísticas, cuya misión era analizar los datos arrojados por el programa ‘Comunidades Seguras’ para identificar instancias locales donde pudieran ocurrir irregularidades y se amerite una intervención.

Cerca de 1,000 gobiernos locales en Estados Unidos participan en el programa, incluyendo todos los ubicados a lo largo de la frontera con México.

Lluvia de protestas


Miles de documentos difundidos en febrero por el DHS mostraron cómo el gobierno se afanó para acallar las críticas y la publicidad negativa hacia ‘Comunidades Seguras’, el cual fue de aplicación voluntaria hasta que las ciudades se negaron a participar.

Los documentos revelaron que el gobierno reelaboró las normas del programa, consideró la posibilidad de no otorgar fondos federales ni información a los que se resistían a aplicarlo y finalmente buscó precedentes judiciales para obligar a la cooperación con el programa.

"Hubo muchas críticas al 287(g), un mecanismo previo. Debido a que se aplica a todos (los arrestados) y a las reglas que lo rigen. (Comunidades Seguras) satisface muchas, si no todas las quejas expresadas" en relación al 287(g), otro programa que permite a algunas policías locales hacer cumplir la ley federal de inmigración.

Los detractores señalan que algunas fuerzas de seguridad locales participantes en el 287(g), en especial en el sureste de Estados Unidos, entregaban a indocumentados a las autoridades federales por faltas menores mientras que otras se concentran en los criminales violentos.


Policías inconformes

En octubre del año pasado la Agencia Española de Noticias (Efe) reportó que representantes de localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y la propia capital estadounidense, prometieron dar la batalla para salirse del controvertido programa “Comunidades Seguras’, aunque no tengan permiso del Gobierno para hacerlo.

Seg’un el DHS, ‘Comunidades Seguras’ mejorará la seguridad ciudadana mediante la identificación y expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Napolitano ha dicho que el programa -una cooperación entre los agentes de inmigración y las autoridades policiales locales-, será ampliado a todo Estados Unidos para el año 2013.


De qué se trata

Bajo ese programa, las autoridades recaban y comparten las huellas digitales y demás datos biométricos de todos los detenidos -aunque éstos no afronten cargos- con las autoridades federales, que posteriormente cotejan sus nombres contra una base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

‘Comunidades Seguras’ ha suscitado ansiedad entre la comunidad inmigrante que, ante el clima xenofóbico en el país, se muestra renuente a cooperar con la policía para delatar crímenes.

También ha desatado la ira de las autoridades policiales en varias ciudades y condados, al quejarse de que ya tienen suficiente trabajo como para estar realizando tareas de inmigración.


Los grupos defensores de los inmigrantes se han sumado al debate nacional y señalan que, paradójicamente, "Comunidades Seguras" ha dado pie a la discriminación racial y ha desviado los ya exiguos recursos de los condados, sin un sólo centavo del Gobierno federal para la caza de inmigrantes que no son un verdadero peligro para la seguridad pública.

Clima de inseguridad

Si lograr la cooperación de los inmigrantes ya es difícil, más lo será si éstos perciben que la policía está actuando como un brazo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y la lucha contra la criminalidad no debe mezclarse con los esfuerzos para deportar a los indocumentados, aseguran.

Así, localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y hasta la propia capital del país, Washington D.C., han expresado su deseo de salirse del programa federal, aunque Napolitano dej’o en claro a finales de 2010 que no pueden hacerlo.


"No consideramos que Comunidades Seguras sea un programa en el que se pueda optar a entrar o salir", dijo Napolitano en octubre al destacar que, pese a lo dicho anteriormente por el DHS, el programa es obligatorio, de acuerdo con un reporte de la agencia Efe.

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