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Varias agencias de policías locales quieren desprenderse de plan federal que les otorgó poderes extraordinarios para perseguir a inmigrantes indocumentados.

Policías rechazan "comunidades seguras"

Policías rechazan "comunidades seguras"

Representantes de localidades como Arlington, Santa Clara y San Francisco y la propia capital, prometen dar la batalla para salirse del controvertido programa federal "Comunidades Seguras".

Varias agencias de policías locales quieren desprenderse de plan federal...
Varias agencias de policías locales quieren desprenderse de plan federal que les otorgó poderes extraordinarios para perseguir a inmigrantes indocumentados.

Plan de arrestos del gobierno federal genera controversias

WASHINGTON - Representantes de localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y la propia capital de Estados Unidos, prometen dar la batalla para salirse del controvertido programa federal "Comunidades Seguras", aunque no tengan permiso del Gobierno para hacerlo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insiste en que "Comunidades Seguras", como el nombre lo dice, mejorará la seguridad ciudadana mediante la identificación y expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Según lo explicó la semana pasada la titular del DHS, Janet Napolitano, el programa -una cooperación entre los agentes de inmigración y las autoridades policiales locales-, será ampliado a todo Estados Unidos para el año 2013.

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Bajo ese programa, las autoridades recaban y comparten las huellas digitales y demás datos biométricos de todos los detenidos -aunque éstos no afronten cargos- con las autoridades federales, que posteriormente cotejan sus nombres contra una base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Clima antiinmigrante

Pero el programa ha suscitado ansiedad entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos que, ante el clima xenofóbico en el país, ya se muestra renuente a cooperar con la policía para delatar crímenes.

También ha desatado la ira de las autoridades policiales en varias ciudades y condados, al quejarse de que ya tienen suficiente trabajo como para estar realizando tareas de inmigración.

Los grupos defensores de los inmigrantes se han sumado al debate nacional y señalan que, paradójicamente, "Comunidades Seguras" ha dado pie a la discriminación racial y ha desviado los ya exiguos recursos de los condados, sin un sólo centavo del Gobierno federal para la caza de inmigrantes que no son un verdadero peligro para la seguridad pública.

Si lograr la cooperación de los inmigrantes ya es difícil, más lo será si éstos perciben que la policía está actuando como un brazo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y la lucha contra la criminalidad no debe mezclarse con los esfuerzos para deportar a los indocumentados, aseguran.

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No hay salidas

Así, localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y hasta la propia capital del país, Washington D.C., quieren salirse del programa federal, aunque Napolitano haya dejado en claro que no pueden hacerlo.

"No consideramos que Comunidades Seguras sea un programa en el que se pueda optar a entrar o salir", afirmó Napolitano el miércoles pasado al destacar que, pese a lo dicho anteriormente por el DHS, el programa es obligatorio.

Sarahi Uribe, que lidera la "Campaña Destapa la Verdad", una coalición opuesta a "Comunidades Seguras", ha prometido que los activistas continuarán "exigiendo transparencia y rendición de cuentas" sobre la ejecución de ese programa.

Contrato irrompible

Para Walter Tejada, miembro de la junta directiva del condado de Arlington, el vaivén de mensajes contradictorios del DHS no cambia en absoluto la intención de las autoridades de su condado de continuar el proceso para cesar la participación en "Comunidades Seguras".

El alguacil del condado de San Francisco, Michael Hennessey, ha dicho que, pasadas las elecciones del próximo 2 de noviembre, solicitará una reunión con los responsables de ICE y la fiscalía estatal para iniciar el proceso de salida del programa.

Pero, según observadores, tal como está concebido, será difícil, si no imposible, salirse del programa, que se sostiene gracias a un acuerdo entre el DHS y el Departamento de Justicia.

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Cómo funciona

En la actualidad, la policía local envía las huellas digitales de todo detenido a las autoridades estatales que, a su vez, las envían al FBI. De ahí, el FBI puede compartir esos datos con ICE sin que las jurisdicciones locales se enteren o den su consentimiento.

Si la meta es mejorar la seguridad ciudadana, la solución es clara: el Gobierno debe, por un lado, reformar el programa para evitar el arresto de gente sin antecedentes penales y, por otro, proveer fondos para que las jurisdicciones locales realicen las tareas de inmigración que, en todo caso, son responsabilidad de las autoridades federales.

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