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Piden al DHS difundir su política sobre detención de inmigrantes

ONGs quieren que el DHS difunda públicamente sus políticas para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

En un esfuerzo por controlar el influjo de nuevos inmigrantes desde medi...
En un esfuerzo por controlar el influjo de nuevos inmigrantes desde mediados de los 90, Estados Unidos intensificó sus esfuerzos por detectar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados y a los residentes legales permanentes con condenas penales.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupada del debido proceso a indocumentados presos

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Organizaciones no gubernamentales pidieron el martes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que difunda públicamente sus políticas para la detención y deportación de inmigrantes indocumentados y de esa manera poder monitorear más fácilmente el respeto a los derechos humanos de los detenidos.


Al comparecer durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados Unidos, una directora de la organización No More Deaths (No Más Muertes), Vicki Kline, dijo que tras solicitar hace cuatro años al DHS sus políticas de detención a migrantes, recibieron una versión con numerosos fragmentos tachados.

Lo que es un "problema, porque si no sabemos cuál es la política, es imposible brindar respuestas sustanciosas sobre las  fallas de la agencia", indicó Kline.

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Miles de entrevistas

En un informe emitido en septiembre de 2011 basado en 15 mil entrevistas durante seis años, No More Deaths reportó 11,384 casos de acceso inadecuado a alimentos, 374 casos de repatriación sin brindar atención médica, coerción para firmar documentos y maltrato verbal, físico y psicológico, reportó The Associated Press.

Ron Vitiello, subcomandante de la Patrulla Fronteriza, respondió en representación del Estado que el documento incluyó numerosos fragmentos tachados no sólo para proteger información sensible sobre el personal de la fuerza sino también para proteger a niños que resultan ser los más vulnerables a la explotación de las redes traficantes de personas.

Kline también denunció que el mecanismo del DHS para formular denuncias es sumamente complejo y que su organización ha presentado 75 quejas durante los últimos dos años, pero desconoce sus resultados debido a la falta de transparencia del DHS.

Respuesta del gobierno

Tamara Kessler, directora de la oficina para los derechos civiles del DHS, respondió que su oficina abrió 15 investigaciones a raíz de las 75 denuncias formuladas por No More Deaths, de las cuales ocho continúan abiertas. Kessler no precisó el resultado de las siete investigaciones que ya fueron concluidas.

La funcionaria agregó que su despacho no tiene autoridad disciplinaria y que emite un reporte anual que incluye resúmenes de sus labores, sin especificar detalles personales de los funcionarios investigados.

Jennifer Podkul, directora de la organización Women's Refugee Commission, solicitó a la CIDH que interceda para que el DHS permita a organizaciones de la sociedad civil inspeccionar los centros de detención migratoria, precisó AP.

Informe del 2011

No es la primera vez que el sistema de detención de inmigrantes indocumentados del gobierno federal se encuentra en la mirilla.

En marzo de 2011 la política migratoria de Obama recibió un severo informe de la CIDH en el que se denunciaron las criticas condiciones en las que viven inmigrantes detenidos en cárceles de ICE, y el deterioro del debido proceso a los extranjeros durante el proceso de encarcelamiento y deportación de Estados Unidos.

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Si bien el documento señala que la administración de Obama mejoró el trato a los inmigrantes indocumentados "en comparación con lo actuado por la administración republicana de George W. Bush (2001-2009)-, la CIDH (perteneciente a la Organización de Estados Americanos) denunció que el avance no fue lo suficiente, y que éstos (los extranjeros sin papeles de estadía legal) siguen sujetos a vejaciones.


La Comisión dio cuenta de condiciones precarias de inmigrantes detenidos, falta de acceso a abogados y capturas discriminatorias basadas en la raza en varios centros que operan bajo el control de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

Tratados como criminales

La CIDH apuntó que Estados Unidos tiene el patrón de someter a detención a los inmigrantes sin papeles, una situación que, subrayó, debería ser una excepción en casos de estricta necesidad. Agregó que las personas detenidas por las autoridades federales de inmigración reciben un trato como si estuvieran "imputadas por delitos penales, cuando en realidad no se trata" de esa situación.

Añadió que es "preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano".

Desde principios de su gestión, que arrancó el 20 de enero de 2009, la Administración de Obama ha reiterado que su política es la de enfocarse en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados que representen un peligro para la sociedad. Este grupo lo integran principalmente extranjeros con orden de deportación vigente o que hayan cometido delitos criminales.

Durante el año fiscal 2011 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a más de 397 mil extranjeros "la cifra más alta en la historia- y de ellos más de 200 mil tenía antecedentes criminales, según las autoridades federales.

La ley vigente

En un esfuerzo por controlar el influjo de nuevos inmigrantes desde mediados de los 90, Estados Unidos intensificó sus esfuerzos por detectar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados y a los residentes legales permanentes con condenas penales.

En 1996, dice el informe de la CIDH de 2011, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA) y la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA), que ampliaron sustancialmente el uso de la detención obligatoria sin fianza, ampliaron la lista de delitos que tienen como consecuencia la deportación obligatoria de migrantes autorizados y, en general, crearon un enfoque más riguroso de la política de inmigración.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011, con la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Nacional (2002), el nuevo DHS asumió la responsabilidad de las tareas del ex Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

Deportaciones récord

A través de una serie de programas, incluyendo alianzas con organismos encargados de aplicar la ley a nivel estatal y municipal, el DHS ha deportado en los últimos tres años a más de 1.2 millones de indocumentados batiendo récords sucesivos.

La CIDH está convencida de que en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, la detención constituye una medida desproporcionada.

Agregó la Comisión que el ICE no ha desarrollado un sistema de supervisión y rendición de cuentas apropiado para garantizar que estas asociaciones locales no apliquen las disposiciones migratorias de manera discriminatoria recurriendo al uso de perfiles raciales, ni que sus prácticas utilicen la supuesta investigación de delitos como pretexto para perseguir y detener inmigrantes indocumentados.

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Debido proceso en riesgo


También considera preocupante el impacto que tiene la detención en el debido proceso, principalmente en el derecho a acceder a un abogado, y por tanto, en la posibilidad de ser liberado.

"Para una mejor garantía del derecho a la representación legal, y por ende del debido proceso, resulta necesario contar con programas de Alternativas a la Detención más sólidos y ampliar la cobertura nacional del Programa de Orientación Legal", escribió la CIDH.

La Comisión también observó con preocupación la falta de representación legal suministrada o facilitada de oficio por el Estado para casos de niñas y niños no acompañados, inmigrantes con enfermedades mentales y otras personas incapaces de representarse a sí mismos.

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