Nueva norma de deportación no es un "pase libre"

Nueva norma de deportación no es "pase libre"

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Abogados y defensores de los inmigrantes de inmediato advirtieron que la suspensión de las deportaciones anunciada por el gobierno beneficiará sólo a algunos inmigrantes y no equivale a una amnistía.

Activistas y gobierno advierten peligros y estafas a inmigrantes indocumentados

Una semana después del anuncio hecho por el gobierno federal de Washington de una política de deportaciones que impacta en unos 300 mil extranjeros, la jefa de la seguridad de Estados Unidos y activistas advirtieron que la medida no se trata de un "pase libre" para conseguir la residencia legal permanente y recomendaron tener cuidado con las falsas promesas de legalización.


Si bien las nuevas normas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permitirán que ciertos inmigrantes que viven indocumentados y sobre quienes existe una orden de deportación y no tengan antecedentes criminales pudieran arreglar sus permanencias y solicitar una autorización de empleo, la posibilidad no constituye un "pase libre" a la ciudadanía, dijo Janet Napolitano, Secretaria del DHS.

La funcionaria destacó que las normas que anunció la semana pasada a fin de centrarse en la deportación de los inmigrantes que viven ilegalmente en el país y que tienen un prontuario criminal o constituyen una amenaza para la sociedad, ya comenzaron a ser aplicadas, reportó The Associated Press.

Napolitano aclaró que las normas tienen por objeto darle más claridad a la política sobre deportación e inmigración. "Tienen una base de sentido común y la intención de establecer que mientras realizamos las deportaciones, tenemos que centrarnos en quiénes son nuestra principal prioridad", como lo son los delincuentes convictos y reiterados trasgresores de la ley, destacó Napolitano en declaraciones a los periodistas después de dar una charla en Little Rock, Arkansas.

El cambio


La semana pasada el gobierno anunció que demorará por tiempo indefinido la deportación de inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

Según el DHS, el gobierno se concentrará en la deportación de delincuentes que ya han sido declarados culpables y a quienes pudieran constituirse o convertirse en una amenaza a la seguridad nacional o del público.

El DHS dijo que revisará unos 300 mil casos de extranjeros que tienen una orden de deportación emitida por un juez.


Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes denuncian que en los últimos dos años el gobierno del presidente Barack Obama ha deportado a cerca de un millón de inmigrante, la mayor cifra en la historia, y que de ellos entre seis a siete de cada 10 no tenía antecedentes criminales serios que los convirtiera en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

No ayudará a todos

Abogados y defensores de los inmigrantes de inmediato advirtieron que la suspensión de las deportaciones anunciada por el gobierno beneficiará sólo a algunos inmigrantes y no equivale a una amnistía, y que tampoco concede un permiso automático de trabajo.

"Lo que se ha anunciado beneficia a una comunidad muy limitada, la que está bajo proceso de deportación", dijo a The Associated Press Carlina Tapia Ruano, abogada de la Asociación Estadounidense de Abogados (ABA).


"No quiere decir que tenemos nueva visa ni permiso de permanecer en este país ni para trabajar", dijo Tapia Ruano en una conferencia telefónica que ofreció junto a un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes.

Tapia Ruano explicó que unas 300 mil personas que tienen casos de deportación pendientes en las cortes de inmigración tendrán la oportunidad de que las autoridades revisen sus expedientes y decidan si prosiguen con la repatriación o la suspenden.

Aclaró que no necesariamente los 300 mil casos serán suspendidos o cancelados; y dijo que tampoco recibirán permiso de trabajo todas las personas beneficiadas con la suspensión de su deportación ya que cada caso será analizado de manera independiente.

Los posibles beneficiados


Entre los posibles beneficiados por la nueva medida de inmigración estarían las personas que llegaron a Estados Unidos de niñas, estudiantes, mujeres embarazadas y ancianos, y en general quienes no tengan antecedentes de crímenes violentos o no representan un peligro para la seguridad pública, dijo Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, explicó (NIF).

"Tenemos que enfatizar que no se está anunciando una reforma migratoria ni una legalización" del estatus migratorio, remarcó la activista. "Se suspende la deportación, pero no se cambia el estatus", insistió.

Las nuevas medidas crearon algo de confusión entre los inmigrantes que ingresaron al país sin autorización legal, dijeron los activistas que participaron en una conferencia de prensa telefónica.

Por ello es importante que los inmigrantes "no firmen una salida voluntaria (del país) antes de haber hablado con un abogado", subrayó Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).


"Pedimos (a los inmigrantes) que no se entreguen a las autoridades de inmigración pensando que se van a beneficiar de cambios. Sería un grave error", agregó.

Nada frena las redadas

Salas también aclaró que pese al anuncio de la nueva medida, todavía existe la posibilidad de que las autoridades detengan en sus casas o lugares de trabajo a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización.

Los activistas también dijeron que el gobierno federal deberá aún anunciar próximamente cómo se implementarán las medidas, el reglamento para entender la nueva política.


"Lo importante es que la administración dé un detalle de quién y cómo se va a poder beneficiar con este nuevo programa", consideró la abogada Tapia Ruano. Dijo que con esa información, serán entonces las autoridades locales las que implementen las medidas.

No se entregue

"En este momento, no se entregue. Si es detenido, ejerza su derecho a no contestar preguntas que puedan ayudar a su deportación, no firme su salida voluntaria y pida orientación de abogados", aconsejó Salas durante una conferencia telefónica.

"Esta es una instrucción con muchas limitaciones y no sabemos a largo plazo quién se va a beneficiar", añadió Tapia. "Cada localidad, cada corte de inmigración, cada fiscal, al principio van a tener poder de interpretar", dijo.


La posibilidad de trabajar mientras un indocumentado está pendiente de deportación puede generar confusión, advirtió la abogada.

En Estados Unidos viven unos 10.8 millones de inmigrantes indocumentados. Durante la campaña presidencial 2008 el presidente Obama prometió que en el primer año de su mandato empujaría una reforma migratoria para legalizar a aquellos que carezcan de antecedentes criminales, pero el Congreso ha dodo prioridad a otros debates, entre ellos las guerras en Irak y Afganistán, la crisis económica y la reforma de salud, entre otros.

Si bien la mayoría de los demócratas favorecen una reforma migratoria como la que reclama Obama, no cuentan con los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso (hacen falta 218 apoyos en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado).

Congreso dividido


Los republicanos han insistido en que no están dispuestos a respaldar ninguna medida que suene a “amnistía” para los indocumentados.

A juicio del presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith (Texas), la nueva política de deportaciones de Obama constituye "el plan (del gobierno) para conceder una amnistía por la puerta trasera a los inmigrantes que carecen de permiso para vivir en el país".

"(En el gobierno) han creado un grupo de trabajo que al parecer tiene el propósito específico de invalidar, 'caso por caso', cualquier orden definitiva de deportación que emita un tribunal de inmigración, o impedir que la corte emita cualquier orden de ese tipo", dijo Smith en un comunicado.

"El gobierno de (el presidente Barack) Obama debería aplicar las leyes de inmigración, no buscar maneras para ignorarlas. El gobierno de Obama no debe elegir o escoger qué normativas habrá de aplicar", añadió.


Los republicanos controlan la Cámara de Representantes con 242 asientos frente a los 193 demócratas. En el Senado los demócratas cuentan con 51 asientos frente a los 47 republicanos. Sin un acuerdo bipartidista previo es imposible que se apruebe un cambio a las leyes de inmigración.

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