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Migrantes detenidas demandan al gobierno por maltrato

Migrantes detenidas demandan al gobierno por maltrato

Un grupo de inmigrantes detenidas demanda al Gobierno de EE.UU. por maltrato

Niños migrantes detenidos

Un grupo de cinco mujeres centroamericanas demandó al gobierno de Estados Unidos en busca de una millonaria indemnización alegando daños y perjuicios tras haber estado recluídas en centros de detención.

Las demandantes reclaman $10 millones al Departamento de Seguridad Nacional (HSD), propietario de los centros, por abuso, negligencia y traumas sufridos bajo su supervisión.

"Esta política irracional y falta de moral de detener a familias debe terminar. Hasta que no se haga, estas mujeres, así como otras mujeres y niños maltratados durante su periodo de detención, van a hacer todo lo posible para responsabilizar a los funcionarios del gobierno por la violación de sus derechos", dijo el abogado de inmigración Andrew Free, que representa a las demandantes.

En el escrito, las demandantes denuncian malos tratos por parte del personal que gestiona los centros de detención y, en especial, falta de asistencia médica.

En un caso, una mujer asegura que le dieron algodón, gotas y un analgésico para una lesión severa de oído que sufría; en otro, la demandante dice que su hija de seis años estuvo una semana vomitando sangre y no fue atendida hasta que se desmayó.

"Estos cinco casos representan en realidad a las más de 3,000 personas que han pasado en el último año por estos campos de detención masiva. Son el ejemplo de lo que el Gobierno está haciendo a las mujeres y niños detenidos", dijo al portal ThinkProgress Aseem Mehta, de la firma de abogados Immigrant Justice Corps.

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Una larga historia de quejas

Confirman ante Congreso maltratos a migrantes detenidos San Antonio: KWEX


Las mujeres recluídas en centros de detención se han manifestado en contra de las condiciones en las que se encontraban desde finales de marzo de este año, cuando unas 80 mujeres decidieron protestar por su detención haciendo una huelga de hambre, la cual habría tenido lugar en Semana Santa.

Posteriormente, las mujeres denunciaron que funcionarios de ICE amenazaron separarlas de sus hijos y que "las acusaron de ser malas madres porque no estaban alimentando a sus hijos", afirma el texto judicial, según datos de AP.

Asimismo, Univision 41 reportó el caso de Lilian Yamileth Oliva, de 19 años, quien intentó quitarse la vida tras pasar ocho meses detenida en el centro de Karnes; tras haberse dado a conocer el caso, ICE procesó a Oliva y a su hijo, y los deportó de manera inmediata.

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Por su parte, organizaciones pro-inmigrantes denunciaron que los migrantes recluidos en los centros de detención sufren graves daños psicológicos y de salud. En un documento presentado ante el Departamento de Seguridad Nacional, las organizaciones declararon que la detención prolongada provoca traumas y problemas como ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso tendencias suicidas, según reportó AP.

No quieren cerrar los centros

¿Cerrará al fin los centros de detención? San Antonio: KWEX


El Gobierno de Estados Unidos tiene tres centros de detención para familias inmigrantes (dos en Texas y uno en Pensilvania) supervisados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), gestionados por empresas privadas y que en pleno rendimiento pueden albergar cerca de 3,000 personas.

En la actualidad, hay unas 1,400 personas entre mujeres y niños detenidas en estos tres centros, según informó a Efe el ICE, que se abstuvo de comentar la demanda interpuesta por las mujeres.

La mayoría de los detenidos son familias de Guatemala, El Salvador y Honduras que han huido del narcotráfico y la violencia en sus países y solicitan asilo en el país.

A finales de julio, una jueza federal de California ordenó liberar a los niños de los centros de detención al considerar que el Gobierno viola el acuerdo extrajudicial "Flores" de 1997, por el que los pequeños deben de vivir en las condiciones "menos restrictivas" posibles.

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El Gobierno apeló la semana pasada esta decisión al considerar que, de ejecutarse, "eliminaría la capacidad para deportar o readmitir a las familias bajo ninguna circunstancia, lo que podría provocar otro incremento notable del número de padres que cruzan la frontera con sus hijos".

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