México y otros 13 países fustigan ley inmigratoria de Utah

México y 13 países fustigan la ley de Utah

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La ley también estipula que los inmigrantes presuntamente indocumentados arrestados por las policías locales sean entregados a la agencia federal de inmigración encargada.

La legislación se inspiró en la polémica Ley SB1070 de Arizona

SALT LAKE CITY - México y otros 14 países latinoamericanos estiman que la nueva ley inmigratoria de Utah perjudica las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.


El periódico Deseret News reportó el miércoles que 14 países latinoamericanos presentaron recientemente un escrito del tipo Amicus curiae -de los realizados por terceros ajenos a un litigio- en apoyo a una demanda entablada por el Departamento de Justicia contra los intentos del gobierno estatal de Utah para controlar la inmigración indocumentada.

Un juez federal bloqueó temporalmente la entrada en vigor de la ley de Utah, bajo la cual las personas acusadas de delitos graves deben demostrar su ciudadanía, en tanto la policía puede verificar el estatus legal en el país de aquellos individuos detenidos por infracciones menores.

El juez federal Clark Waddoups convocó a una audiencia el 17 de febrero en la que podría emitir una orden permanente contra la llamada ley HB497, bajo el argumento de que viola la constitución porque usurpa la autoridad del gobierno federal sobre las leyes de inmigración.

El escrito


Además de México, el escrito fue presentado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los 14 gobiernos latinoamericanos dicen que la norma inmigratoria de Utah es parte de un conjunto caótico de leyes estatales que perturban las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y América Latina.

"A través de la HB497, Utah interfiere directamente con la capacidad del Departamento de Estado de Estados Unidos para manejar los asuntos y la política exteriores. Como fue el caso de la ley SB1070 de Arizona, incluso antes de su entrada en vigor, la HB497 ya está afectando las relaciones entre Estados Unidos y México", se lee en el escrito.

El gobierno de México dijo estar preocupado por el impacto adverso que iniciativas como la HB497 puedan tener en "la amplitud y el alcance de nuestra relación bilateral (con Estados Unidos)".


La ley, promulgada en marzo, enfrenta una demanda legal por parte del Departamento de Justicia y de organizaciones de derechos humanos, bajo el argumento de que el estatuto es anticonstitucional.

Una sola demanda

A finales de noviembre dos demandas interpuestas contra la ley migratoria HB497, una a principios de año y la otra la tercera semana de noviembre, fueron unidas y serán vistas durante una audiencia anunciada para el 17 de febrero de 2012.

El dictamen emitido por el juez federal de distrito Clark Waddoups señaló que una demanda presentada por grupos de derechos civiles puede unirse a una demanda casi idéntica presentada por el Departamento de Justicia.


El 22 de noviembre el gobierno federal presentó, a través del Departamento de Justicia, una demanda para impugnar la ley HB497 bajo el argumento de que la medida usurpa las facultades federales en este ámbito.

En la demanda el gobierno considera que la ley migratoria de Utah podría provocar el hostigamiento y detención de estadounidenses y de visitantes autorizados para permanecer legalmente en Estados Unidos.

"El gobierno federal tiene la autoridad definitiva para aplicar las leyes federales sobre la inmigración, y la Constitución no permite remiendos de políticas locales en la inmigración", explicaron funcionarios del Departamento de Justicia en un comunicado. "Un estado que establece su propia política de inmigración interfiere con el empeño legal del gobierno federal", agregaron.

El factor racial


Entre otras medidas, la ley migratoria HB497 otorga poderes extraordinarios a las policías para arrestar a indocumentados, pedir papeles de estadía legal a individuos y entregar al servicio de inmigración a extranjeros indocumentados.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de los derechos civiles presentaron a comienzos de año una demanda para detener la entrada en vigor de la ley.

Uno de los demandantes, la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), argumentó que la HB497 puede derivar en casos de utilización del factor racial para detener a personas pese a que el Secretario de Justicia de Utah, Mark Shurteleff, insiste en que la ley aprobada por el Congreso estatal se apega a la Constitución de Estados Unidos.

La HB497 tiene preocupados a miles de inmigrantes en ese estado quienes temen, a pesar de estar suspendida temporalmente, ser arrestados y deportados de Estados Unidos.


Abogados de ACLU reiteraron que la cuestionada ley fue demandada porque es inconstitucional.

Radiografía de la HB497

Además de permitir a las policías detener a individuos si tienen una duda o sospecha razonable que se trata de un inmigrante ilegal, la ley permite a los agentes pedir documentos a los pasajeros de un vehículo cuyo conductor sea detenido por cualquier infracción de tránsito.

A los acompañantes también se les puede cuestionar su estado migratorio.


Advierte, sin embargo, que los agentes de la policía no pueden considerar la raza, color de piel o nacionalidad de los individuos, pero la ACLU y demás grupos opuestos a la medida indican que la nota no garantiza que se cometan abusos por parte de las autoridades.

La ley también estipula que los inmigrantes presuntamente indocumentados arrestados por las policías locales sean entregados a la agencia federal de inmigración encargada.

La HB497 niega todo tipo de servicio público a los indocumentados, prohíbe el transporte de personas sin estatus legal de permanencia en el país y prohíbe a los propietarios arrendar casas o establecimientos a extranjeros que no tienen residencia legal en Estados Unidos.

En otra parte de la ley de Utah se lee que los patronos están obligados a inscribirse en el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores.

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