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Más de medio millón de empresas usan el E-Verify

Más de medio millón de empresas usan el E-Verify

Más de 500 mil empresas están registradas y utilizan el sistema federal de verificación de empleo (E-Verify).

Las redadas silenciosas no ceden y la verificación de empleo figura en la lista de prioridades de la reforma migratoria.

Más de 500 mil empresas en Estados Unidos están registradas y utilizan el sistema federal de verificación de empleo (E-Verify) para conocer el estatus migratorio de sus trabajadores, dijo el servicio de inmigración en un comunicado.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indicó que desde su lanzamiento en 1996 el sistema ha experimentado un crecimiento significativo.

De las 11,474 inscripciones en el año fiscal 1996 alcanzó las 111,671 en el año fiscal 2012.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.

El E-Verify ha sido criticado en el pasado con señalamientos de un preocupante porcentaje de errores y no ser un instrumento confiable.

La USCIS dijo el jueves que ha trabajado en solucionar los problemas y que durante el año fiscal 2013 las empresas usaron E-Verify más de 25 millones de veces.

E-Verify permite a los empleadores que acceden voluntariamente al sistema revisar la información de un trabajador cotejando las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Administración del Seguro Social (SSA) para ver si está autorizado a trabajar en Estados Unidos.

El gobierno de Obama ha hecho de las penalidades a los empleadores que contratan a indocumentados un punto central de su política migratoria.

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El proceso de verificación de trabajadores es considerado esencial para toda propuesta de reformas al sistema de inmigración que tenga alguna posibilidad de ser aprobada en el Congreso, particularmente para el ala ultra conservadora republicana que se opone a una reforma migratoria amplia como piden la mayoría de los demócratas.

En el plan S. 744 aprobado por el Senado en junio, se incluye el E-verify como parte esencial del proceso de legalización de los 11 millones de indocumentados.

En la Cámara de Representantes, donde el debate se encuentra estancado, se han aprobado cinco enmiendas de seguridad y la verificación de empleo figura en la lista de prioridades del debate de la reforma por pedazos, como quiere el liderazgo republicano.

La verificación de datos de trabajadores extranjeros fue autorizada por el Congreso en 1997 a partir de un programa piloto básico activado en los estados de California, Florida, Illinois, Nueva York y Texas, los cinco estados con mayor población de inmigrantes en Estados Unidos.

El 17 de septiembre de 2007 el DHS lo complementó con el E-Verify, creado dentro de las políticas de seguridad nacional en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La base de datos del sistema, manejada por la USCIS, se encuentra conectada, entre otras, con las bases de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del DHS, que reúnen datos de millones de personas, tanto ciudadanos como residentes legales y extranjeros.

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El programa es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEV) que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003.

El E-Verify es un sistema en línea al que los empleadores acceden voluntariamente y faculta al gobierno federal para verificar la identidad de cualquier trabajador extranjero, coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos y compruebe que tiene visa y permiso para laborar en el país.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes argumentan que el E-Verify le ha permitido al gobierno ejecutar miles de redadas silenciosas en los últimos años.

Las auditorías o redadas silenciosas provocan que las empresas pierdan grandes números de empleados, bajen su productividad y paguen enormes costos por servicios legales, dijo en 2012 The Wall Street Journal.

Las redadas también abren la puerta para que las autoridades federales multen a las empresas por la contrata de indocumentados y presenten cargos penales contra los propietarios o responsables legales de las compañías auditadas.

Las empresas multadas por la contrata de trabajadores indocumentados también pueden ser vetadas de concursar y firma de contratos con el gobierno federal.

Obama sustituyó en 2009 las redadas de indocumentados tradicionales por auditorías para verificar documentos.

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