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Más de 275 mil casos pendientes en las cortes de inmigración

Más de 275 mil casos pendientes en las cortes de inmigración

Un informe publicado por la Universidad de Syracuse reveló que durante los seis primeros meses de 2011 los tiempos de espera en las cortes de inmigración, en algunas ocasiones, dilatan más de dos años.

La Corte de California es la más demorada del país, con 660 días en promedio

Un informe publicado por la Universidad de Syracuse reveló que durante los seis primeros meses de 2011 los tiempos de espera en trámites pendientes ante las cortes de inmigración aumentaron, y en algunas ocasiones los dictámenes dilatan más de dos años.

El estudio precisó que 275,316 casos aguardaban por un fallo, cifra que estableció un nuevo récord.

Los datos que alimentaron el estudio fueron obtenidos por la iniciativa Transactional Records Access Clearringhouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Inmigrantes chinos constituyen el grupo con mayor número de personas afectadas, seguido de México, se lee en el reporte. Detalla que 25,638 personas de origen chino esperan ser aceptadas o rechazadas por la corte de inmigración, mientras que los mexicanos suman 89,694.

Promedios alarmantes

En promedio, el tiempo de espera para la resolución de un caso es de 302 días, un crecimiento 30% mayor que el tiempo promedio registrado en 2009.

Los tiempos de espera para inmigrantes con orden de deportación registraron un promedio de 158 días, frente a los 141 días de espera registrados el año pasado.

El reporte agrega que después de China y México, los países con más connacionales que aguardan una resolución de casos en las cortes de inmigración son El Salvador (22,658), Guatemala (19,417) y Honduras (9,726).

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Añade que los mexicanos deben esperar un promedio de 412 días antes de que un juez resuelva su situación migratoria.

Sólo 44 jueces

La Universidad de Syracuse indicó que el crecimiento en el número de casos en espera ocurre a pesar de que en los últimos 12 meses las cortes de inmigración contrataron el mayor número de magistrados.

Las cortes disponen en la actualidad de 44 jueces para atender los 275 mil casos acumulados.

Los estados donde se registran los mayores tiempos de espera son California (660 días), Massachusetts (617) y Utah (537). Y en cuanto a la nacionalidad que más afectada se ve por las esperas, los armenios encabezan la lista con 955 días para que su caso sea resuelto, tres veces más que el promedio estimado en 302 días.

Le siguen los indonesios (832) e iraníes (640).

Las esperas para latinos

En América latina, los más afectados son los inmigrantes guatemaltecos quienes deben esperar unos 575 días para que sus casos sean resueltos favorable o desfavorablemente.

La lista con los mejores tiempos de espera (los más ágiles) la encabeza México (173 días), Honduras (217), Cuba (230), Canadá (264) y Costa Rica (279).

En cuanto a los tribunales donde más tiempo demora un fallo, se encuentran ubicados en Los Angeles (745 días en promedio), seguido de Nueva York (646 días), Filadelfia (600 días), Phoenix (583 días) y Portland (531 días).

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Los tribunales más ágiles o prontos para resolver un caso de deportación son: Nueva York (602 días), Los Ángeles (532 días), Portland (521 días), Phoenix (464 días) y Filadelfia (440 días).

De los tribunales con el menor tiempo promedio en resolver mun caso, figuran: Lumpkin, Georgia (21 días), Oakdale, Louisiana (32 días), Tucson, Arizona (37 días), Houston-Detenidos (44 días), y Florence, Arizona (48 días).

Lo habían advertido

En 2010 la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA), una de las organizaciones de profesionales más influyentes del país, publicó un informe en el que denunció una serie de fallos y carencias en las cortes de inmigración (BIA) y solicitó independizarlas para garantizar el debido proceso a cientos de miles de inmigrantes.

El reporte indicó que por casi tres décadas el sistema federal de los tribunales de inmigración funcionaron bajo la responsabilidad y tutelaje del Departamento de Justicia, pero que a partir de 2003 pasó a manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cambio que fue duramente fustigado por los miembros de ABA porque se trata, indicaron, de un mecanismo injusto.

Activistas y abogados coincidieron en que el actual sistema, ideado bajo la Administración republicana del ex presidente George W. Bush (2001-2009) en congruencia con las políticas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el juez y el fiscal son empleados del mismo organismo cuyos agentes o funcionarios intentan deportar al acusado.

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ABA propuso, como medida inmediata para normalizar y reparar el sistema, independizarlo a efecto de que los jueces no sean empleados de una agencia (ministerio) federal de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos.

Deportaciones al hilo

Indica el informe que una de las principales actuaciones de los actuales tribunales de inmigración es deportar a los no ciudadanos de Estados Unidos que se ven enfrentados al sistema, y que eso contradice el espíritu de promoción de la independencia, equidad, eficiencia y profesionalidad del sistema de justicia estadounidense.

Preparado por la oficina de abogados Arnold & Porter LLP, el informe de ABA incluyó las opiniones de los autores y editores, pero advirtió que éstas no deben interpretarse como las opiniones del resto de asociados de ABA, a menos que esas conclusiones y recomendaciones sean adoptadas como propias por la entidad de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.

Las casi 500 páginas del informe examinaron las diferentes etapas del sistema de justicia de las Cortes de Inmigración y presentó unas 60 recomendaciones para garantizar, señalaron los autores, una reforma gradual y sistemática.

Plagado de horrores

El estudio sirvió como herramienta para las personas y funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la administración de justicia, y tuvo en cuenta los cambios legislativos y administrativos necesarios que deben ser adoptados para modificar el sistema de justicia de inmigración.

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Tras identificar los fallos, el informe hizo hincapié en las preocupaciones del fallido sistema que van desde la no formación adecuada por parte de funcionarios del DHS y fallos sistemáticos en la estructura actual de la impartición de justicia por parte de las Cortes de Inmigración (BIA).

Entre los principales errores destacan el marcado aumento de los casos de inmigración registrados tras el paso de funciones desde el Departamento de Justicia al DHS, con un manejo anual de más de 300,000 procesos por año, la actuación de personal sin licencia de abogado para iniciar procesos judiciales y el poco o escaso uso de la discrecionalidad por parte de la fiscalía de inmigración.

Agregó la existencia de un aumento considerable de deportaciones de extranjeros con antecedentes criminales y que en muchos casos se han dictado sentencias o se ha procedido sin una supervisión judicial adecuada.

Muchos de los afectados por estos fallos fueron extranjeros que tenían requisitos para haber gestionado la residencia legal permanente, agregó.

Acumulación de casos

Sobre las Juntas de Apelaciones, el reporte precisó que las modificaciones hechas entre 2001 y 2006 condujo a un incremento el número de casos de hasta siete veces, y que la reputación de la Junta sigue siendo pobre.

La Junta ha tenido la capacidad de eliminar las desigualdades de criterio que emplean los jueces de la corte, se lee en el informe de 2010.

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En cuanto a los casos de prisión preventiva, éstas disminuyeron de manera considerable, hecho que evidenciaría que la Junta no está ejerciendo una supervisión adecuada, agrega.

En otra parte, el documento reitera preocupación por el creciente aumento (explosión) de casos de inmigración y advierte la complejidad de la ley de inmigración estadounidense, situación que obliga a las autoridades de justicia a una mayor revisión de cada caso.

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