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Los Angeles entregó 18 mil latinos a ICE en 2011

Los Angeles entregó 18 mil latinos a ICE en 2011

La entrega se produjo en cumplimiento a un acuerdo firmado con el gobierno federal en el marco de Comunidades Seguras.

Polémico programa federal en la mirilla de organizaciones pro inmigrantes en Estados Unidos

Un estudio reveló que más de 18 mil inmigrantes de origen latino en cárceles del condado de Los Angeles fueron transferidos al servicio de inmigración. La entrega se produjo en cumplimiento a un acuerdo firmado con el gobierno federal para la ejecución del polémico programa Comunidades Seguras.

La mayoría de los afectados se trataba de delincuentes de mediano o bajo riesgo, señala un reporte elaborado por el Departamento del Alguacil del Condado de Los Angeles y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), reportó The Associated Press.

Los hispanos entregados a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) representaron el 92% del total de 19,725 internos. La agencia opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Esto muestra el crudo panorama del total de gente que es transferida a inmigración", dijo Jennie Pasquarella, abogada de la organización defensora de derechos civiles. Agregó que se trata de la primera vez que estas cifras son reveladas.

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Reos de bajo riesgo

El informe de 31 páginas precisó que del total de transferidos, 8,574 (43%) fueron reos de "bajo riesgo", mientras que 10,713 (54%) fueron de "mediano riesgo".

Casi todos los transferidos a las oficinas de ICE (96%) fueron hombres.

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Virginia Kice, portavoz de ICE, dijo que no tenían cifras comparables por lo que no podía decir cuántos de los transferidos terminaron deportados, dijo la AP.

Las transferencias se deberían en parte a la colaboración del alguacil con Comunidades Seguras, en vigor desde el verano del 2009, aunque el estudio no menciona este programa federal.

"Esta es una cantidad fuerte que demuestra que el alguacil (del condado, Lee Baca) es un colaborador entusiasta y activo de Comunidades Seguras", dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA). "El alguacil es el brazo derecho del departamento de inmigración en el condado de Los Angeles y este estudio lo confirma".

La oficina del alguacil no contestó inmediatamente un mensaje que le dejó la AP.

Sorprenden las cifras

Cabrera dijo además que las cifras que aporta el estudio causaron sorpresa en la comunidad inmigrante.

"Desde que se puso en marcha el programa Comunidades Seguras, CHIRLA, ACLU y otras organizaciones pedimos al Sheriff Baca que proporcionara datos acerca del número de detenidos y entregados a la oficina de ICE, pero nunca atenció nuestras demandas", indicó el activista.

En cuanto al número de deportados por ICE, Cabrera dijo que "no hay datos por el momento. Sólo sabemos que la mayoría de los más de 18 mil entregados al servicio de inmigración son varones y latinos. Pero no sabemos cuántos han sido expulsados de Estados Unidos".

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"Según estadísticas que nos dio el director de ICE en Los Angeles, pudieron haberse benediciado unos 220 bajo la revisión del programa anunciado el 18 de agosto del año pasado, cuando el gobierno dijo que revisaría 300 mil casos y favorecería aquellos casos de inmigrantes que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales graves. Pero no hemos podido corroborar esas cifras", apuntó Cabrera.

Obligatorio en 2013

Un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló en enero que el polémico programa federal será obligatorio en los 50 estados a partir de 2013.

Un reporte del diario Los Angeles Times fechado los primeros días de enero indicó que de acuerdo con el documento, la Administración del Presidente Barack Obama está determinada a volver obligatorio el cuestionado programa en vez de permitir que los gobiernos estatales opten por cooperar o rechazarlo.

El programa Comunidades Seguras fue creado en 2008 para detectar a inmigrantes que hayan cometido delitos criminales graves y deportarlos.

Grupos y organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados, líderes religiosos, congresistas, gobiernos estatales y grupos que defienden los derechos civiles, entre otros, han cuestionado el programa creado durante la administración republicana de George W. Bush y argumentan que contiene errores que han permitido deportar a miles de inmigrantes que no han cometido delitos graves que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.

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Récords de deportados

Pese a las críticas y demandas para que el gobierno cancele Comunidades Seguras, la Administración Obama ha roto récords de expulsiones desde que asumió en 2009. Durante el año fiscal 2011 deportó a más de 397 mil extranjeros. En el año fiscal 2010 la cifra sobrepasó los 392 mil.

Un alto porcentaje de expulsados había cometido faltas de tránsito, argumentan algunos activistas. CHIRLA reiteró que entre seis y siete por cada 10 deportados tenía faltas simples que no ameritaban ser deportados por las autoridades federales de inmigración.

Las cifras han son respaldadas por el National Immigration Forum, (NIF) en Washigton DC.

Los Angeles Times dijo que de acuerdo con el memorando del DHS, el programa federal de intercambio de información contenido en Comunidades Seguras, en el que se consultan reportes de huellas dactilares y antecedentes, será obligatorio en 2013 y que ningún estado, ni condado ni ciudad podrá tener la opción de excluirse como hasta ahora.

En agosto del año pasado los estados de Nueva York, Illinois y Massachusetts cancelaron sus participaciones en el programa aduciendo errores que afectaban los derechos de miles de extranjeros. El DHS les advirtió que no necesita de su aprobación para que éste siga operando, pero la postura del gobierno no fue aceptada por los gobiernos estatales.

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Qué es Comunidades Seguras

Comunidades Seguras es una base de datos que maneja el DHS y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Si la prueba biométrica muestra que la persona no tiene estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es colocada de inmediato en la lista de sujetos deportables. Lo mismo sucede con individuos que tienen algún tipo de delito o antecedente criminal.

Los individuos deportables son entregados a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE). Una vez en poder de ICE, se abre un proceso de deportación de Estados Unidos.

Al 30 de agosto de 2009, el programa había sido instalado en 81 jurisdicciones de 9 estados. Y en noviembre de 2009 ICE aseguró que en su primer año de funcionamiento el programa había identificado a 111 mil inmigrantes deportables en centros de detención locales.

Miles de fichajes

Hasta principios de agosto del año pasado el DHS establecía acuerdos con los estados para poner en funcionamiento la herramienta. Pero ICE envió una carta a los gobernadores indicándoles que ya no era necesario un acuerdo de entendimiento previo para ejecutarlo.

Según el ICE, entre 2009 y 2011 Comunidades Seguras ha fichado a aproximadamente 11 mil individuos que fueron acusados o condenados por crímenes violentos u otras ofensas serias (crímenes de nivel 1), mientras que otros 100 mil fueron acusados o condenados por crímenes de nivel 2 ó 3.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que ICE no ha provisto un análisis diferenciado de los niveles 2 y 3, y el rango de delitos que entra dentro de cada una de estas categorías es significativamente amplio en términos de gravedad. Esto ha afectado a cientos de personas ya expulsadas.

En el año fiscal 2009, el deportó a poco más de 392 mil indocumentados. De ellos, unos 195 mil tenían antecedentes criminales. Pero organizaciones que defienden a los inmigrantes aseguran que las cifras no son adecuadas.

La OEA advierte que los indocumentados por lo general son transferidos al ICE después de cualquier privación de libertad, independientemente de la seriedad de la causa que dio lugar al arresto, puesto que probablemente son sujetos a deportación aún cuando no exista una condena penal en su contra

Añade que los residentes legales permanentes y otros no ciudadanos que tienen un estatus migratorio válido, por lo general son transferidos a la custodia del ICE luego de haber cumplido una sentencia penal, dado que la mayoría de delitos que resultan en una condena de privación de libertad potencialmente constituyen una causal de deportación y pueden requerir detención obligatoria.

Los cambios de 2011

A mediados de junio de 2011 el gobierno anuncio cambios en la política de inmigración que regula el programa y aseguró que los esfuerzos se concentrarían en individuos que hayan cometido delitos graves.

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El director de ICE, John Morton, dijo en esa ocasión que muchos cambios se originaron en preocupaciones de las autoridades locales y de comunidades, quienes han expresado sus desacuerdos con el programa.

Morton agregó que se llevarán a cabo algunos cambios al programa, el cual permite que las autoridades cotejen las huellas dactilares de los detenidos con los expedientes federales de inmigración.

Añadió que se creará un comité asesor para que plantee ideas a fin de reformar el programa, y reiteró que el objetivo es concentrarse en quienes hayan cometido delitos graves.

Pero el anuncio no sirvió para apagar las críticas. CHIRLA tildó las modificaciones de “cosméticos” y fustigó la política de deportaciones de Obama.

Desconfianza en el sistema

El NIF ha dicho que el anuncio fue bienvenido, pero que se trataba de un reconocimiento atrasado de los problemas en el sistema.

En octubre del año 2010 representantes de localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y la propia capital estadounidense, prometieron dar la batalla para salirse del controvertido programa “Comunidades Seguras’, aunque no tuvieran permiso del Gobierno para hacerlo.

El periódico The New York Times señaló recientemente que se suponía que el programa “se iba a concentrar en los criminales peligrosos”, pero las capturas de personas no criminales o con faltas de menor importancia, como sucedió en Nueva York, puso en peligro la seguridad pública “al disuadir” a los testigos de delitos a que se comuniquen y colaboren con la policía”.

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Agregó que en los dos últimos años el Presidente Barack Obama, al igual que su antecesor George W. Bush, ha impulsado sin descanso una severa política de control migratorio, pero no ha otorgado ningún tipo de alivio a millones de indocumentados desesperados por legalizar sus permanencias en el país.

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