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Ley de Alabama estremece comunidad inmigrante de Estados Unidos

Miedo, lamentos, rabia, dolor son algunos de los efectos causados en la comunidad inmigrante tras el dictamen de la Corte del Distrito de Alabama sobre la ley migratoria HB 56.

Gobierno de México lamentó decisión de la Corte del Distrito de Alabama

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Miedo, lamentos, rabia, dolor son algunos de los efectos causados en la comunidad inmigrante tras el dictamen de la Corte del Distrito de Alabama sobre la ley migratoria HB 56, catalogada por defensores y detractores como la más dura de su clase en Estados Unidos.


El miércoles, la jueza Sharon Blackburn permitió que la policía local (estatal y municipal) puede detener a sospechosos de ser indocumentados, que las escuelas deben comprobar el estado migratorio de estudiantes y padres de familia, que se anulen los contratos hechos con indocumentados y convirtió en criminal a un indocumentado que pida una licencia de conducir o comercial.

Esta legislación "es peor" que la (SB 1070) de Arizona, que se convirtió en la primera ley de un estado que criminalizó la estadía indocumentada, dijo el abogado Ezequiel Hernández al Noticiero Univision pocas horas después de conocerse el dictamen.

"Esto, claro, va a acosar y a espantar a mucha gente de que no matriculen a sus hijos, que no los sigan llevando (a la escuela). Así es que esto es lo más peligroso (de la ley migratoria HB 56), en mi opinión", apuntó el letrado.

Con excepción de Alabama y Arizona, en el resto del país la estadía indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil no penal.

Estado "racista"

El dictamen "nos causó un impacto muy grande", dijo a Univision.com 'Catalina', una inmigrante centroamericana de Collinsville, ciudad ubicada a unos 90 minutos en automóvil de Birmingham. "Esperábamos que ella (la jueza Blackburn) fuese más consciente con la decisión. Este estado es lo más racista que tenemos".

'Catalina' ocultó su verdadero nombre porque tiene miedo a ser arrestada y deportada de Estados Unidos.

Agregó que en los días previos a la emisión del fallo "la comunidad se reunió para revisar las probabilidades” y que habían concluido en que “como madre de familia creímos que iba a pensar en las demás personas, los inmigrantes, que también tenemos hijos".

"Muchos se han ido; otros ya se están moviendo a otros estados. Están abandonando Alabama. Quienes nos quedamos estamos esperando que la jueza reconsidere el dictamen, piense en la familia hispana y recapacite, porque la resolución nos está afectando en muchas maneras", añadió la inmigrante.

Al describir el panorama que se vive en los barrios habitados por inmigrantes en Collinsville, explicó que "las personas no salen, tienen miedo. Nadie se siente libre. Y muchos hoy no enviaron a los niños a la escuela. El que averigüen si tienen o no tienen papeles es algo inconstitucional. Todos tenemos derecho a estudiar", protestó.

Dijo además que "a mi sobrino no lo enviamos a la escuela y no lo vamos a enviar. Los padres no están saliendo a las calles y muchos incluso no se presentaron al trabajo. Por el miedo que tenemos. Tenemos mucho miedo".

El caso Plyler vs. Doe

La decisión de permitir que las escuelas públicas verifiquen el estado migratorio de alumnos y padres de familia es motivo de conflicto con un precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia en 1982, advierten abogados de organizaciones de derechos civiles.

"Contraviene la ley federal y entra en conflicto con una decisión tomada por el máximo tribunal de justicia del país en  1982, que se conoce como el paso Plyler vs. Doe", en el que la Corte sostuvo que los inmigrantes indocumentados tienen derecho a la educación pública gratuita y equitativa desde kindergarten hasta el último año de secundaria, dijo a Univision,com la abogada Lilia Velásquez, profesora de la California Western School of Law de San Diego, California.

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"Los niños que viven en Estados Unidos tienen derecho a ir a la escuela pública sin importar su estatus migratorio. Habrá entonces que esperar qué sigue en este proceso que todavía no ha concluido. Hay muchas decisiones que generan muchas dudas", agregó.


Velásquez también señaló que el fallo de la jueza Blackburn "no aclaró" si la ley migratoria HB 56 es constitucional o no.

Algunos consejos

Mientras se aclaran las dudas legales sobre el tema, organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes trabajan a marcha forzada para aconsejar a miles de indocumentados en Alabama.

"Hay tres puntos útiles que los inmigrantes deben tener en cuenta y que son útiles para evitar inconvenientes", dijo la antropóloga Helen Hamilton Rivas. "Están relacionados con los contratos, los depósitos monetarios, los títulos de propiedad y la escuela".

Detalló que en cuanto a los servicios bancarios, "se puede anular un contrato, pero si el banco se niega a devolver el dinero, el cliente podría demandar por otros agravios, tal como el enriquecimiento sin causa". Y agregó que "es probable que también haya límites federales. En pocas palabras: no retire el dinero de los bancos".

Otro consejo se refiere a los títulos de casas o residencias. "Aplicarían otras protecciones legales, como el enriquecimiento sin causa, aunque no hubiera obligación a cumplir con el ‘contrato’. Si alguien quiere vender una propiedad y encuentra algún problema, se le pide ponerse en contacto con el Southern Poverty Law Center, teléfono 1-800-591-3656".

"Por ahora lo importante es asegurar que le paguen el dinero que le hayan prometido antes firmar el traspaso del título", apuntó.

De la preocupación sobre el envío de los hijos a las escuelas, Hamilton refirió que "el estado dice que solamente se les pregunta a los estudiantes que se inscriben por primera vez, que sus nombres nunca se han inscritos en el sistema. Los demás deben continuar su asistencia".

"Cualquier estudiante que se inscriba por primera vez debe llamar por teléfono al Southern Poverty Law Center (SPLC), teléfono 1-800-591-3656al", reiteró.

Día triste

Para Ali Noorani, director ejecutivo del National Immigration Forum (Foro Nacional de Inmigración (NIF), el 28 de septiembre se convirtió en "un día triste en la historia de nuestra nación". Y agregó que con el fallo de la jueza Blackburn, de permitir que algunas secciones de ley HB 56 entren en vigor "cuando han sido declaradas inconstitucionales en otros lugares,  es sorprendente".

El activista reiteró que la ley HB 56 "fue mal concebida" y que es "inhumano" permitir que agentes de policía locales tengan responsabilidad que sólo le competen al gobierno federal. “Socavará la seguridad pública” y constituye "una afrenta directa a nuestros valores constitucionales", subrayó.

Noorani dijo además que las familias de Alabama vivirán bajo un "estado de sitio" y dijo que los padres de familia "tendrán miedo" de enviar a sus hijos a la escuela y los trabajadores "no se presentarán" a sus puestos de trabajo.

"En los Estados Unidos nadie debería tener miedo de caminar por la calle por el color de su piel. Esta ley pisotea los derechos civiles de todos los habitantes de Alabama", destacó.

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México lo lamenta


El otro lado de la frontera, en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde “lamenta la decisión” tomada por la jueza Blackburn el miércoles sobre la ley HB 56 de Alabama.

"Esta decisión tuvo lugar dentro de los procesos de inconstitucionalidad promovidos por organizaciones de la sociedad civil y por el Gobierno de Estados Unidos, que continúan adelante", se lee en la nota.

"El Gobierno de México reitera su posición de que la ley HB 56 afecta los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad. Las autoridades consulares mexicanas se mantendrán atentas a la manera en que estas cláusulas son implementadas, a fin de evitar abusos y brindar asistencia jurídica oportuna en caso de que ello ocurra".

La cancillería mexicana dijo además que el Consulado General en Atlanta, cuya circunscripción incluye al estado de Alabama, "continuará desplegando acciones de protección y defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos en esa entidad, así como difundiendo información entre la comunidad sobre el alcance de las medidas que entrarán en vigor".

El dictamen de la jueza Blackburn también decretó medidas cautelares para garantizar que no se pueda impedir a indocumentados pedir trabajo, no se pueda criminalizar a quienes asistan a indocumentados, que los negocios pueden seguir deduciendo salarios de indocumentados de impuestos estatales y que los trabajadores no pueden demandar a empleadores que contraten a indocumentados.

"Es la ley más dura que existe en Estados Unidos", dijo 'Catalina. "Nosotros somos respetuosos de la ley y no hemos perdido la esperanza".

El Center for American Progress (CAP) estimó que el fallo de la jueza Blackburn no sobrevivirá las apelaciones y tildó las medidas contenidas en la HB 56 de "peligrosas". "Mantener estas medidas intactas, aunque sea temporalmente, seguirá alimentando el miedo en las comunidades de inmigrantes y envalentonará a aquellos que promueven una retórica antiinmigrante y reclamaciones incendiarias", subrayó.

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