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Las cortes de inmigración en el banquillo de los acusados

La escasez de jueces y el sistema de justicia para los sin papeles de EEUU dañan el sueño americano.

En 2010 la Asociación de Abogados de Estados Unidos publicó un informe e...
En 2010 la Asociación de Abogados de Estados Unidos publicó un informe en el que denunció una serie de fallos y carencias en las cortes de inmigración de EEUU.

Miles de indocumentados aguardan su día en corte para ser liberados, pero algunas esperas son eternas.

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Si la mayoría de los jueces de las cortes de inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) decide jubilarse en el 2014, la crisis en el sistema terminará por hundir en la desesperación a miles de indocumentados que aguardan su día en corte, una espera que en algunos casos demora años.

Citando un reporte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que supervisa las 59 cortes que llevan este tipo de procesos, The Associated Press reportó que hay 32 vacantes en los 220 cupos, y que la falta de jueces retrasa unos 350 mil casos.

El informe citado por la agencia agrega que la tasa de jubilación es del 5% anual, lo que significa que por lo menos 11 jueces se marcharán en el 2014 y la cifra de vacantes aumentará a 43.

Desde el 2003, las cortes de inmigración se encuentran saturadas de trabajo. El Transactional Records Access Clearinghouse, una unidad especializada de la Universidad de Syracuse que investiga estadísticas federales, descubrió que en Houston, Texas, seis jueces del BIA se encargan de unos 6 mil casos cada uno.

En una reciente demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) cuestionó la práctica de detención de inmigrantes prolongada "algunos casos permanecen años en prisiones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)- sin el procedimiento adecuado para determinar si la privación de libertad está justificada.

El actual sistema de justicia para los inmigrantes “es un caos”, dijo a Univision Noticias.com la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la California Western School of Law de San Diego. Agregó que la reforma migratoria podría solucionar el problema, y también una ampliación de la política de discrecionalidad anunciada por el gobierno, pero que por ahora “no ha avanzado” como se esperaba.

De los 300 mil casos acumulados en 2010 la cifra aumento a 350 mil. “Creció en vez de disminuir”, dijo Velásquez. “Eso significa que no está funcionando” la política de discrecionalidad.

Lo habían advertido

El problema no es nuevo. A comienzos de febrero de 2010 la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) publicó un informe en el que denunció una serie de fallos y carencias en las Cortes de Inmigración y solicitó independizarlas para garantizar el debido proceso a cientos de miles de inmigrantes.

El reporte indicó que por casi tres décadas el sistema federal de los tribunales de inmigración funcionaron bajo la responsabilidad y tutelaje del Departamento de Justicia, pero que a partir de 2003 pasó a manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cambio que fue duramente fustigado por los miembros de ABA porque se trata, sentenciaron, de un mecanismo injusto.

En el actual sistema, coindicen activistas pro inmigrantes y abogados (ideado bajo la Administración republicana del ex residente George W. Bush en congruencia con las políticas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001), el juez y el fiscal son empleados del mismo organismo cuyos agentes o funcionarios intentan deportar al acusado.

ABA propuso hace casi cuatro años, como medida inmediata para normalizar y reparar el sistema, independizarlo a efecto que los jueces no sean empleados de una agencia (ministerio) federal de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos.

Cuatro años después el problema sigue sin solución. “Me sorprende que haya casos tan rezagados”, dijo Velásquez y citó la vigencia del proceso conocido como cancelación de deportación, pero advirtió que cuenta con un bajo número de visas disponibles en todo el país.

“Sólo hay 4 mil y el número de casos supera los 350 mil”, dijo.

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Para calificar a un caso de cancelación de deportación el indocumentado tiene que tener más de 10 años viviendo en el país, carecer de antecedentes, buena conducta moral y demostrar que si es deportado causará un sufrimiento excepcional a un familiar inmediato. “Entonces se gana una visa. Pero la cuota es demasiado baja”, reiteró.


Deportaciones en la mira

Una de las principales actuaciones de los actuales tribunales de inmigración es deportar a los no ciudadanos de Estados Unidos que se ven enfrentados al sistema, y eso contradice el espíritu de promoción de la independencia, equidad, eficiencia y profesionalidad del sistema de justicia estadounidense, dijo el reporte de ABA.

Las casi 500 páginas del informe fueron preparadas gratis por la oficina de abogados Arnold & Porter LLP. Examinaron las diferentes etapas del sistema de justicia del BIA y presentaron unas 60 recomendaciones para garantizar, señalaron, una reforma gradual y sistemática.

El estudio asomó como herramienta para las personas y funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la administración de justicia, y tenía en cuenta los cambios legislativos y administrativos necesarios que deben ser adoptados para modificar el sistema de justicia de inmigración estadounidense.

Velázquez explicó que para “las personas que están detenidas el debido proceso dicta que esos casos tienen que avanzar más rápido y los jueces tienen que fijar fechas de audiencia que no sean tan largos, precisamente porque están detenidas”.

Pero advirtió que para el resto las demoras en los procesos se convirtieron en un dolor de cabeza.

Algunas recomendaciones

Tras identificar los fallos, el informe hizo hincapié en las preocupaciones del fallido sistema que van desde la no formación adecuada por parte de funcionarios del DHS y fallos sistemáticos en la estructura actual de la impartición de justicia por parte de las Cortes de Inmigración.

Entre los principales errores destacan el marcado aumento de los casos de inmigración registrados tras el paso de funciones desde el Departamento de Justicia al DHS, con un manejo anual de unos 300 mil procesos por año, la actuación de personal sin licencia de abogado para iniciar procesos judiciales y el poco o escaso uso de la discrecionalidad por parte de la fiscalía de inmigración.

Entre las preocupaciones destacan la existencia de un aumento considerable de deportaciones de extranjeros con antecedentes criminales y que en muchos casos se han dictado sentencias o se ha procedido sin una supervisión judicial adecuada. En 2012 fueron deportados casi 410 mil indocumentados, según datos de ICE.

Separación de familias

El informe de ABA dijo que muchos de los afectados por estos fallos fueron extranjeros que tenían requisitos para haber gestionado la residencia legal permanente. En otra parte del informe se lee que los tribunales de inmigración se enfrentan al escepticismo público y a un bajo nivel de respeto de la ciudadanía por los errores cometidos en el debido proceso, en parte, por la carencia de independencia del gobierno federal para dictar justicia.

Criticó además la escasez de jueces, abogados y personal para cumplir con las tareas de las Cortes de Inmigración, e indicó que cada juez maneja un promedio de más de 1,200 procedimientos por año, cifra muy superior al promedio de otros jueces federales.

Esta dificultad, subrayan, causa presiones de tiempo y en muchos casos de toman decisiones sobre casos que a veces no son investigados adecuadamente basado en la ley.

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Entre las soluciones, ABA recomendó la independencia de las Cortes de Inmigración y una restructuración completa del sistema.


Abusos en las prisiones

A los problemas con el sistema de justicia para los inmigrantes, el Detention Watch Network denunció que en los centros de detención y en las prisiones en que se mantiene a individuos acusados de crímenes migratorios, abundan los abusos.

Pero las denuncias de este tipo tampoco son nuevas. A finales de julio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó. Y agregó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de "lamentable".

En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.

Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos. En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos. Dijo además que la Border Patrol no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.

Otro frente de críticas al gobierno por su política carcelaria para indocumentados se genera por el alto número de detenidos y el costo que ello significa, un movimiento de varios millones de dólares cada año.

“Si se aprueba la reforma migratoria, el problema se soluciona”, dijo Velázquez. “Todos los que tienen juicio y carecen de antecedentes, van a poder legalizar sus permanencias y van a poder respirar tranquilos”, concluyó.

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