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La presión para que paren las deportaciones pone en aprietos a la Admini...

La presión para que paren las deportaciones pone en aprietos a la Administración de Obama

Los cuatro récords de deportaciones registrados entre 2009 y 2012 le están cobrando la factura a Barack Obama.

Desde el 20 de enero de 2009, cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca...
Desde el 20 de enero de 2009, cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han sido deportados de Estados Unidos.

Crece la presión para que detenga la expulsión de indocumentados mientras el Congreso aprueba la reforma migratoria.

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Por Jorge Cancino

Los cuatro récords sucesivos de deportaciones entre los años fiscales 2009 y 2012 (con un promedio anual de 400,000) y los 368.644 deportados en 2013 (el 409% de ellos sin antecedentes criminales), le están cobrando la factura al presidente Barack Obama.

La presión sobre el mandatario se mantiene desde el principio de su primera administración. Las redadas de inmigrantes y el alto número de deportados obligaron a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes a pedirle a la Casa Blanca una moratoria mientras en el Congreso se instalaba el debate.

La crisis financiera, las guerras en Irak y Afganistán y el debate de la reforma de salud, entre otros temas nacionales, postergaron la reforma migratoria a pesar que los demócratas controlaban ambas Cámaras del Congreso.

Artículo: La lista de principios de la reforma migratoria.

 

Primera petición legal para detener las deportaciones /Univision

El único cambio visible fue un giro en la política de operaciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE). Las bulliciosas redadas en centros de trabajo fueron reemplazadas por la puesta en marcha, de manera agresiva, de los programas federales E-Verify y Comunidades Seguras.

El primero consiste en una gigantesca base de datos que los empleadores acceden voluntariamente para verificar el estado migratorio de sus trabajadores. El segundo es el rastreo de inmigrantes indocumentados en cárceles federales y estatales, quienes una vez cumplen sus condenas son puestos en proceso de deportación.

Las organizaciones señalan que ambos programas son utilizados por el gobierno para llevar a cabo “redadas digitales” o “redadas electrónicas”, sistemas que han contribuido al alto número de deportados en los últimos cinco años fiscales.

 

Estas son las 6 reglas republicanas para discutir una reforma migratoria /Univision

El primer aviso

El año pasado, poco antes de que el Senado aprobara el plan de reforma migratoria S. 744 y cuando los republicanos de la Cámara de Representantes advirtieron que no debatirían un plan como el del Senado sino que discutirían una versión propia y por pedazos, asomó la duda de si el Congreso aprobaría una reforma migratoria en corto plazo.

En el mar de dudas apareció la opción del Plan B para pedirle a Obama que pare las deportaciones. Y utilice el poder ejecutivo para aprobar algún tipo de beneficio para los indocumentados (una especie de TPS, por ejemplo) mientras el Congreso aprueba la reforma migratoria.

La Casa Blanca respondió que no había razón jurídica para detener las deportaciones y que la única manera de solucionar el problema de los indocumentados era a través de una reforma migratoria comprensiva.

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Tanto el líder del Senado, Harry Reid (demócrata de Nevada) como legisladores demócratas de la Cámara, señalaron que el único camino para reparar el sistema migratorio era el Plan A, la opción legislativa, es decir la reforma migratoria.


Los meses transcurrieron y también las deportaciones. En promedio, el gobierno de Obama deporta unos 1,000 indocumentados diarios. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que el 60% de los deportados tiene antecedentes criminales, pero las organizaciones pro inmigrantes insisten que entre seis y siete de cada 10 deportados no tiene faltas que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.

Coalición de apoyo

Entre octubre y diciembre del año pasado Obama se reunió con una coalición integrada por sindicalistas, religiosos, empresarios, la Cámara de Comercio, el sector de alta tecnología, funcionarios y ex funcionarios, agricultores, abogados, policías y organizaciones pro inmigrantes que claman una reforma migratoria y un freno a las deportaciones mientras el Congreso aprueba la reforma.

La presión no dio los resultados esperados. Terminó el 2013 y el 2014 arrancó con la advertencia de que no habría debate en la Cámara de Representantes. Simultáneamente los defensores de la reforma anunciaron nuevas estrategias que incluyen marchas, ayunos y visitas al Congreso para convencer al mayor número de republicanos posibles para que aprueben un plan comprensivo.

Enero terminó como los últimos siete meses: sin reforma y con cifras alarmantes de deportados. Pero con una lista de principios de reforma que, si bien traza el futuro inmediato, no incluye ni la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados "tampoco la excluye por completo- ni frena las deportaciones.

Aunque la lista republicana no aclara del todo el camino a la ciudadanía, recomienda la legalización de indocumentados que llevan tiempo en el país, carecen de antecedentes criminales, pagan impuestos, cancelen importantes multas y hablen inglés.

Las organizaciones de preguntan por qué entonces no decretar un alto a las deportaciones si ambos partidos están de acuerdo con sacar de las sombras a los 11 millones de sin papeles.

La primera advertencia

El martes, la Asociación Nacional de Jornaleros (NDLON) y la AFL-CIO, la principal organización sindical de Estados Unidos, entregaron un documento con recomendaciones jurídicas para que Obama pare las deportaciones.

"Las deportaciones están aterrorizando a la base laboral”, dijo Damon Silvers, director de política de la AFL -CIO y consejero especial citado por el sitio Político. “Desde un punto de vista político, (las deportaciones) son algo monstruoso, como un Frankenstein. Si tenían un propósito político, era para mostrar que la administración tomaba en serio su responsabilidad de ejecutar la ley, pero se convirtieron en una carrera política fuera de control".

Político asegura que las deportaciones arruinaron la relación entre la AFL-CIO y el gobierno. Y que lo mismo puede suceder con el resto de integrantes de la coalición que respalda la reforma migratoria.

La Casa Blanca sostiene que respalda una reforma migratoria comprensiva que incluya un camino a la ciudadanía, y los republicanos están diciendo que es probable que no haya un debate migratorio en el 2014 sino el año entrante, después de las elecciones de medio tiempo del 4 de noviembre.

La oposición apuesta por ganar el control de ambas Cámaras y luego debatir una reforma al estilo republicano, por pedazos.

Mientras se aclara el escenario, las deportaciones continuarán al mismo ritmo, unas 1,000 diarias.

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La noche del 28 de enero, tras la rendición del quinto informe de Obama sobre el Estado de la Unión, el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, dijo que la no inclusión del tema de los deportados en el reporte fue un grave error de la Casa Blanca.


Gutiérrez defiende la reforma migratoria amplia como el plan del Senado y es un duro crítico de la Administración de Obama por el tema de las deportaciones. En varias ocasiones ha sugerido al gobierno que frene la expulsión de extranjeros indocumentados hasta que el Congreso apruebe finalmente una reforma migratoria.

Obligación moral

El miércoles, dos mujeres le pidieron a Obama en Washington DC que detenga las deportaciones.

María Pérez y Seleste Wisniewski aseguraron estar viviendo en carne propia la crisis migratoriay señalaron que el presidente tiene la obligación moral de frenar las deportaciones mientras el Congreso toma una decisión.

El esposo de Pérez fue deportado a México el año pasado. Padre de dos hijos, fue expulsado sin que nada ni nadie pudiera frenar la política del gobierno.

El esposo de Wisniewski, Pedro Hernández, le ayuda a cuidar al hijo de ésta, Juan, de 24 años, y que sufre de parálisis cerebral, reportó el diario La Opinión de Los Angeles.

Pedidos similares fueron reiterados en enero por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y la Asamblea Evangélica, quienes le pidieron al mandatario que frene la separación y el rompimiento de las familias.

Un grupo de católicos de la Arquidiócesis de Chicago se reunirá en febrero con el Papa Francisco en el Vaticano para pedirle que interceda ante la Casa Blanca y le pida a Obama que pare las deportaciones.

El periódico agregó que el 85% de los latinos indocumentados tiene un familiar con ciudadanía estadounidense y el 62% tiene hijos nacidos en Estados Unidos.

De no parar las deportaciones, las organizaciones pro inmigrantes dicen que usarán el voto de noviembre como un arma de castigo a los responsables. Y que usarán en mismo método para castigar a quienes no apoyan una reforma migratoria comprensiva que ponga fin al drama que viven 11 millones de inmigrantes indocumentados.

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