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El fiscal general, Jeff Sessions, durante su visita a la frontera con México, 11 de abril, 2017.

La mano dura contra la inmigración inunda el Departamento de Justicia

La mano dura contra la inmigración inunda el Departamento de Justicia

Bajo las últimas órdenes del fiscal general Sessions, la frontera está en todas partes. Y él viaja a la zona dos veces con tan solo una semana de diferencia.

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El fiscal general, Jeff Sessions, durante su visita a la frontera con México, 11 de abril, 2017.

El procurador general Jeff Sessions visitó la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona, la semana pasada para anunciar las nuevas instrucciones a los fiscales federales: iniciar más—muchas más—causas penales contra quienes crucen la frontera y los inmigrantes indocumentados en el país sin documentos.

Recurriendo a la apasionada retórica de sus años en el Senado como implacable defensor de la severa aplicación de las regulaciones migratorias, Sessions dijo que estaba dispuesto a combatir a los "extranjeros criminales y a los coyotes y a los falsificadores de documentos", sobre quienes advirtió "están tratando de derrocar nuestro sistema de inmigración legal". Refiriéndose a la frontera cercana, dijo: "Es aquí, en esta franja de tierra, donde primero tenemos que luchar".

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Pero la región fronteriza no es donde las órdenes de Sessions probablemente tendrán su mayor impacto. Su memorándum de tres páginas llegó a los fiscales federales en los 94 distritos del país, instándolos a darles mayor prioridad a los delitos de inmigración para lograr "una aplicación vigorosa y coherente".

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Sessions está decidido a aprovechar los recursos del Departamento de Justicia para respaldar la labor de los agentes de inmigración y fronteras, que están bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional. Para darles más impacto a sus directrices, el procurador general le dio a cada fiscal principal, incluyendo aquellos ubicados en estados lejos de cualquier frontera, hasta el 18 de abril para designar a un abogado de alto nivel en sus oficinas como "coordinador de seguridad fronteriza". Ese trabajo implica garantizar que se inicien nuevas causas y presentar informes "rutinariamente" al Departamento de Justicia y a la opinión pública sobre su progreso.

Ciudades y pueblos en Nevada, Kansas, Kentucky y otros estados alejados de México podrían sufrir el brusco cambio en las operaciones de aplicación de la ley federal y en los tribunales como ocurrió hace varios años a lo largo de la frontera suroeste. Sobre la base de procesamientos solamente de distritos fronterizos, los delitos de inmigración ya son la principal categoría de causas en el expediente federal en todo el país.

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En febrero, esos delitos fueron el 46% de todas las nuevas causas federales, mientras que, en causas de narcóticos, la siguiente mayor categoría, fueron el 14%, según un análisis basado en datos oficiales de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa. Los delitos de inmigración han ocupado el puesto número uno en los tribunales federales durante al menos cinco años, informa la TRAC.

El aumento de la inmigración en el expediente federal se remonta a 2005, cuando los fiscales comenzaron a asociarse con los agentes fronterizos para presentar cargos federales contra toda persona capturada cruzando la frontera ilegalmente en ciertos sectores a lo largo de la línea divisoria. Comenzó en la pequeña ciudad de Del Río, Texas. Pero en unos pocos años, el programa, conocido como "Operación Streamline", fue aplicado en otros lugares a lo largo de la frontera.

Provocó un brusco descenso en los cruces ilegales en las zonas donde se les aplicó a todos los migrantes detenidos. Pero pronto los casos de inmigración abrumaron los tribunales fronterizos, conforme los grupos de derechos civiles protestaban los procedimientos acelerados del programa. Más recientemente, la administración Obama redujo el programa.

Sessions se propone reactivar y ampliar la idea básica. "Tomará un programa que fue desarrollado para su uso en la frontera y lo difundirá a todo el país", dijo Juliet Stumpf, profesora de la Lewis & Clark Law School, quien se enfoca en la superposición entre el derecho penal y el migratorio. "Ahora afectará a las comunidades asentadas que están bien integradas en Estados Unidos".

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Hasta ahora, los fiscales principalmente iniciaban causas federales contra los migrantes que fueron capturados en el acto de ingresar ilegalmente, generalmente imputándoles el nivel más bajo del delito, un delito menor. Sessions está alentando a los fiscales a presentar cargos más severos de delitos graves contra quienes crucen la frontera en repetidas ocasiones, dondequiera que se encuentren en el país, y presentar más cargos contra extranjeros que regresen tras ser deportados formalmente, lo cual es un delito grave.

Sessions ordena mano dura al contrabando de personas y al reingreso ilegal desde la frontera Univision

Más delitos graves significa que, en lugar de una breve detención y expulsión nuevamente hacia el otro lado de la frontera, se verterán más inmigrantes hacia los sobrecargados tribunales penales y las costosas cárceles federales antes de ser deportados.

El procurador general también quiere que los fiscales hagan un uso más amplio de las leyes que penalizan a quienes alberguen u oculten a inmigrantes. En los últimos años, los fiscales han presentado un número creciente de causas de este tipo contra los contrabandistas cuando fueron arrestados con su cargamento humano cruzando furtivamente la frontera o en casas seguras clandestinas. Sessions pide más causas en que se apliquen las disposiciones que proscriben "transportar o albergar" cualquier grupo de inmigrantes indocumentados. A los abogados les preocupa que dichas disposiciones son vagas y demasiado amplias.

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"Podría ser cualquier persona que se le encuentre transportando a alguien que está ilegalmente en Estados Unidos", dijo Raed González, un abogado de inmigración en Houston, Texas. "Podría ser una ciudadana estadounidense con un esposo y dos hijos que son indocumentados. Podría ser el tío de tres sobrinos indocumentados".

El procurador general también está pidiéndoles a los fiscales federales que añadan cargos de robo de identidad en los casos de extranjeros que han estado trabajando con números de seguridad social falsos o documentos de identidad robados. Uno de los cargos conlleva obligatoriamente una pena mínima de dos años. Casi todos los inmigrantes que trabajan ilegalmente han utilizado algun tipo de identificación falsa.

Anteriormente, los fiscales a veces blandían la amenaza de una dura condena por robo de identidad para presionar a los inmigrantes a declararse culpables de cargos menores – especialmente después de una redada en 2008 en una planta procesadora de carne en Postville, Iowa. El objetivo era mantener los costos bajos, dándoles a los inmigrantes un tiempo relativamente corto en una cárcel federal, seguido por una pronta deportación. En una decisión de 2009, el Tribunal Supremo redujo el sentido de la ley, encontrando que los cargos de robo de identidad sólo pueden aplicarse si el inmigrante sabía claramente que los documentos pertenecían a otra persona real. Desde entonces, los fiscales presentaron esos cargos con menos frecuencia. Si el procurador general se sale con la suya, comenzarán a hacerlo de nuevo.

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El jueves, Sessions se sumó a la fanfarria anunciando la detención de 15 personas acusadas de llevar heroína de México a Rhode Island, incluyendo tres hermanos de la República Dominicana: Hector, Claudio y Juan Valdéz. Los tres habían sido deportados previamente, dijeron las autoridades. Sessions señaló los cargos por reingreso ilegal entre las largas listas de sus acusaciones, diciendo que los hermanos eran exactamente el tipo de delincuentes inmigrantes que pretende condenar y eventualmente deportar. Pero las políticas de Sessions probablemente llegarán mucho más allá de los verdaderos criminales.

El procurador general tendrá libertad considerable para designar a los fiscales que acojan sus prioridades de inmigración. En lo que describió como una rutina de limpieza general al inicio de una nueva administración, en marzo, Sessions les pidió a todos los fiscales del gobierno de Estados Unidos designados por el presidente Obama que renunciaran. Actualmente está seleccionando a unos nuevos.

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Pero algunos fiscales entrantes pueden esperar para ver si Sessions proporcionará fondos y recursos humanos adicionales para llevar la aplicación de las leyes fronterizas hacia el interior del país. A lo largo de la frontera, las oficinas de los fiscales se vieron abrumadas conforme intentaban mantenerse al día con los casos de inmigración y perseguir también a los traficantes de estupefacientes y miembros violentos de pandillas que dirigían un floreciente tráfico internacional de opioides.

"En la inmigración hay que tener prioridades, y ahora tienen demasiadas prioridades", dijo González, el abogado en Houston. "Al final, ahora se sospecha que todos los que vinieron ilegalmente violaron las leyes penales. Todo el mundo es una prioridad ahora".

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