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Inmigrantes en un centro de detención en Texas.

Juez ordena que ningún inmigrante en proceso de deportación esté preso más de seis meses

Juez ordena que ningún inmigrante en proceso de deportación esté preso más de seis meses

La orden de un juez para que ningún inmigrante proceso de deportación esté preso más de seis meses genera esperanzas, pero cautelosas.

Inmigrantes en un centro de detención en Texas.
Inmigrantes en un centro de detención en Texas.

Fallo protege el debido proceso pero no todos los detenidos se verán favorecidos

La orden emitida esta semana por un juez federal que exige al gobierno garantizar audiencias de fianza automática cuando un inmigrante detenido en proceso de deportación cumpla más de seis meses en una cárcel, no solo resolvió una larga disputa legal, sino que se convirtió en una buena noticia para algunos indocumentados.

El Juez Terry Hatter, de los Angeles, dictó que durante las audiencias de finza se determinará si los indocumentados deben continuar o no en un centro de detención.

El fallo respalda una medida cautelar dictada por la Novena Corte Federal de Distrito en atención a una demanda colectiva en nombre de cientos de inmigrantes en el sur de California que el gobierno mantiene en prisión por más de de seis meses (demanda de acción Rodríguez y Robbins).

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Hatter dictó que todos los inmigrantes en proceso de deportación, cuyos casos se encuentren pendientes y se encuentren detenidos, tienen derecho a una audiencia de fianza a los seis meses. Y planteó que dichas audiencias incluyan protecciones procesales para asegurar que sean justas.

Debido proceso

“El fallo protege el debido proceso”, dijo a Univision.com la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la California Western School of Law de San Diego, California. “Pero hay que ser cautelosos, porque no todos los inmigrantes detenidos y que llevan más de seis meses en un centro de detención se beneficiará”, advirtió.

“La Sección 236(c) especifica claramente cuáles son las personas que son elegibles para salir bajo fianza y donde existe o se necesita custodia obligatoria”, indicó.

Velásquez agregó que “hay unja serie de pautas específicas a considerar para saber si una persona tiene derecho a una audiencia de fianza ante un juez de inmigración”.

“Pero el núcleo de esta decisión es el debido proceso. No importa las violaciones que haya cometido un individuo y que lo dejen ahí abandonado durante meses. Tiene derecho a su día en corte, a presentarse ante un juez competente”, apuntó.

Procedimiento riguroso

De los requisitos para solicitar una audiencia en corte luego de permanecer más de seis meses detenido, Velásquez reiteró que “existe un procedimiento” y que cada caso “tiene que ser revisado por sus propios meritos. No todos se cortan con la misma tijera”.

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“Hay una lista de factores que tienen que estudiarse y evaluarse, y determinar que una persona pueda ser puesta en libertad”, indicó.

También dijo que no todos los extranjeros, aunque sean residentes permanentes y estén puestos en proceso de deportación, el fallo de Hatter les favorecerá. “Si gestionan la audiencia y tienen algún delito, no califican para la fianza”.

Entre ellos, explicó, no califican delitos por drogas o robo y reiteró que no todos los inmigrantes que se encuentran en un centro de detención del servicio de inmigración son elegibles salir bajo fianza.

Caso por caso

La corte de inmigración toma en cuenta el estado migratorio y el récord criminal del inmigrante detenido o en detención obligatoria, que se aplica por ejemplo a personas que han cometido una felonía agravada, un delito con armas de fuego o un delito con drogas.

Velásquez recomendó que en cada caso los inmigrantes que soliciten una audiencia de fianza y no estén seguros de su situación legal, que consulten con un abogado para que les recomiende la mejor opción.

Advirtió que “cuando se agotan las instancias legales, los indocumentados detenidos entonces pueden ser deportados de Estados Unidos”.

Historia de la demanda

La demanda tenía como objetivo resolver casos de deportación de inmigrantes presos por más de seis meses en el área de Los Angeles. Entre los posibles favorecidos se encuentran indocumentados que ingresaron sin papeles al país y otros con antecedentes criminales.

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Abogados de los demandantes señalaron que algunos de sus clientes huyeron de sus países de origen a causa de situaciones de violencia y aseguraron que quienes tienen delitos no representan un riesgo para sus comunidades si son puestos en libertad.

Agregan que muchos de los inmigrantes en proceso de deportación y que llevan más de seis meses esperando la resolución de sus casos de deporetación tienen un familiar dispuesto a velar por ellos mientras aguardan su fecha en corte. Otros tienen un patrocinador que puede hacerse cargo de ellos. Algunos son elegibles para ajustar estatus por lazos familiares o solicitar asilo político.

Casi 430 mil inmigrantes sin papeles de estadía legal en Estados Unidos fueron arrestados por agentes migratorios durante el año fiscal 2011, de ellos unos 2 mil en Los Angeles, California, según reportes de la Novena Corte de San Francisco.

El fallo del juez Hatter se da en momentos que el Congreso debate una reforma migratoria que, de ser aprobada, legalizaría a 11 millones de indocumentados. A finales de junio el Senado aprobó un plan que colocaría a unos 9 millones en un camino a la ciudadanía; la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, se resiste a debatir un plan similar y optó por discutir una reforma fraccionada.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aseguran estar dispuestas a aceptar la modalidad sugerida por la oposiciòn siempre y cuando una de las partes de la reforma migratoria incluya una vía para legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados.

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