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Juez federal sopesa sanciones contra el alguacil "más duro" de Estados Unidos

Juez federal sopesa sanciones contra el alguacil "más duro" de Estados Unidos

Un juez federal decidirá si impone sanciones a la oficina del alguacil de Maricopa por destrucción de archivos policiales.

Juez federal sopesa sanciones contra el alguacil "más duro" de Estados U...

Quemaron archivos

PHOENIX - Un juez federal decidirá si impone sanciones a la oficina del Alguacil del condado de Maricopa, Arizona, por la destrucción de archivos policiales en relación con una demanda en que sus agentes son acusados de afectar a numerosos hispanos por su apariencia en redadas contra inmigrantes indocumentados, reportó The Associated Press.

El juez federal de distrito, Murray Snow, encabezó el jueves una sesión con argumentos sobre si esa dependencia policial debe ser castigada por desechar o destruir expedientes con las paradas viales realizadas por agentes, y por no entregar a las autoridades todos sus correos electrónicos sobre las redadas.

Desde principios del 2008, el polémico alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, ha dirigido 13 redadas contra indocumentados o delincuentes.

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Las operaciones consisten en grupos de agentes y voluntarios que colman una zona de una ciudad -en algunos casos áreas habitadas mayoritariamente por latinos- para buscar a infractores de las normas de tránsito y detener a otros infractores.

Apariencia étnica

Arpaio es conocido por aplicar rigurosas políticas carcelarias que incluyen la instalación de reos en carpas en el desierto, y por llevar al límite las medidas con las que las dependencias policiales locales pueden enfrentar a la inmigración indocumentada.

El alguacil niega que las redadas estén dirigidas a personas por su apariencia étnica, y afirma que sólo son para buscar a sospechosos y que han permitido detectar a indocumentados.

El comisariado ha admitido que destruyó archivos policiales, pero que lo hizo sin mala intención.

Correos clave

El abogado Peter Kozinets, que en representación de un puñado de latinos interpuso la querella, dijo que los expedientes sobre los controles de tráfico habrían permitido mostrar que el comisario dirigía esas paradas contra personas con rasgos latinos.

Los correos electrónicos habrían aportado detalles de la planeación y ejecución de las patrullas sobre los indocumentados, indicó.

El abogado Timothy Casey ha insistido en que el comisario no ha cometido violación alguna de la ley. "Mi cliente actuó de buena fe", dijo.

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El juez indicó que primero se pronunciará sobre las sanciones relacionadas con la solicitud de los expedientes de las paradas viales y luego acerca de los correos electrónicos una vez que el comisario presente algunos que han sido recuperados.

¿Qué opina de las actuaciones del alguacil Joe Arpaio? Comente aquí.

Proceso paralelo

Pero el juicio por destrucción de documentos no es el único proceso que enfrenta el autoproclamado "alguacil más duro de Estados Unidos". Arpaio y su oficina están bajo una investigación federal enfocada en acusaciones de que abusaron de su poder, incluyendo tratar de intimidar a trabajadores del condado.

Un jurado investigador indaga acusaciones presentadas por funcionarios contra Arpaio, cuyas agresivas tácticas para combatir la inmigración ilegal han ocasionado que en años recientes se haya convertido en una figura del sistema judicial conocida nacionalmente.

Medios de prensa han reportado que al parecer investigadores federales revisan las acciones de Arpaio como resultado de su enojo sobre recortes presupuestales transferidos por funcionarios del condado.

Los recortes de presupuesto fueron parte de una larga desavenencia entre el alguacil y líderes del condado.

En un caso, Arpaio está acusado de investigar un proyecto de $340 millones para un edificio nuevo de tribunales en el centro de Phoenix porque pensó que el dinero debería ser utilizado para taponar agujeros en el presupuesto de su oficina.

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Actuación dudosa

En otros casos, el Alguacil de Maricopa envió a agentes a las casas de trabajadores en noches y fines de semana para preguntarles sobre asuntos presupuestales.

"Su manera de mostrar su disgusto fue investigar, utilizando el proceso del sistema judicial en gente que simplemente estaba haciendo su trabajo", dijo el administrador del condado, David Smith.

El y la subdirectora administrativa del condado, Sandi Wilson, fueron citados para comparecer ante un jurado investigador en diciembre.

Arpaio ha dicho que no está enterado de que un jurado investigador federal lo esté investigando y a su oficina.

"Yo actúo según las reglas, así que no voy a hablar sobre un jurado investigador", señaló Arpaio. "Pero le diré esto: Continuaré realizando mis investigaciones y mi trabajo".

Acusación de ACLU

Arpaio, además, está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo acusó en 2009 de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.

El programa 287(g) permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacer acuerdos con policías locales (estatales y municipales) para arrestar a inmigrantes indocumentados.

Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado en julio de 2009, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.

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La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

Ejemplo extremo

Omar Jadwat, abogado del programa de Inmigración de la ACLU, dijo en octubre que la oficina del alguacil de Maricopa encarna "todos los problemas" que tiene el plan 287(g), incluidos los arrestos por perfil racial, detenciones contraproducentes, disminución de la seguridad pública y la supervisión federal insuficiente.

"Arpaio es uno de los ejemplos más extremos de un funcionario policial que abusa de su poder y actúa al margen de la Constitución", comentó Alexandra Soler, directora de la ACLU en Arizona.

Agregó que la conducta de Arpaio obliga a poner fin al acuerdo firmado entre el DHS y la oficina del alguacil.

En agosto de 2009, la ACLU y otras 521 organizaciones locales y nacionales que defienden los derechos civiles y de los inmigrantes enviaron una carta al Presidente Barack Obama pidiéndole que ponga fin al Programa 287(g), un plan que, aseguraron, ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

El gobierno respondió publicando un nuevo reglamento de la controvertida sección incluida en la ley de inmigración vigente y que aprobó el Congreso en 1996.

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