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Juez federal bloqueó partes de la ley migratoria de Carolina del Sur

Una semana antes de lo previsto, un juez federal bloqueó partes polémicas de la ley SB20 de Carolina del Sur.

Medida, como en Arizona y Alabama, castiga severamente la inmigración indocumentada

COLUMBIA, Carolina del Sur " Una semana antes de lo previsto, un juez federal bloqueó el jueves partes polémicas de la ley SB20 de Carolina del Sur, que entra en vigor el 1 de enero de 2012.

The Associated Press reportó que el juez Richard Gergel respondió así favorablemente a un recurso interpuesto por el gobierno federal de Washington DC.

El fallo, agregó AP, afecta a las disposiciones que obligan a la policía local (estatal y municipal) a verificar el estado migratorio individuos que sean detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado y exista duda razonable que se trata de indocumentados.

Otras partes de la ley SB20 bloqueadas temporalmente se refieren al transporte o movilización de inmigrantes sin papeles de estadía legal y las cédulas o carné de inmigrantes.

A su vez, el juez Gergel rechazó el pedido del estado de suspender todas las audiencias hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la ley SB1070 de Arizona, promulgada el año pasado y que inspiró la aprobación de leyes como las de carolina del Sur.

El fallo

Las medidas bloqueadas convertían en crimen el hecho de estar en el Estado sin documentos migratorios, criminalizaba el transportar o alojamiento de indocumentados y obligaba a la policía a constatar el estatus migratorio de las personas que detuviera si sospechaba que carecían de papeles, reportó la Agencia Francesa de Noticias (Afp).

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"La Corte concede las mociones (...) con respecto a las secciones 4, 5 y 6 de la Ley 69", escribió el juez Gergel en su fallo de 42 páginas.

Otra sección impugnada por el gobierno, que prohíbe la falsificación o venta de documentos de identidad falsos, no fue bloqueada.

Gergel indicó que de la Ley 69 se desprende que los responsables de la legislación "no aprueban" la política migratoria federal, pero esa opinión "no le da derecho al estado de Carolina del Sur a adoptar su propia política migratoria y suplantar la política del gobierno nacional".

Lo habían anticipado

A principios de semana se había anticipado que Gergel emitiría un fallo antes del 31 de diciembre.

El Departamento de Justicia y diversos grupos defensores de los derechos civiles habían solicitado un interdicto que impidiera la entrada en vigencia de la ley en la fecha prevista, esto es, el 1 de enero de 2012.

Gergel rechazó la petición del estado de que se permita la aplicación de la ley en lo que la Suprema Corte falla en torno a una impugnación contra la normativa de Arizona, la cual es similar a la nueva de Carolina del Sur.

Los cuestionamientos de Gergel hacia un abogado de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles se convirtieron en un indicio de que no bloquearía la ley SB20 en su totalidad, sino algunas partes, como ha ocurrido en demandas similares entabladas en Arizona, Alabama, Georgia y Utah, entre otras.

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Los demandantes

A comienzos de noviembre el gobierno federal presentó una demanda judicial para evitar que Carolina del Sur ponga en ejecución una dura nueva ley estatal de inmigración, similar a polémicas legislaciones promulgadas en los estados de Arizona y Alabama.

El gobierno de Barack Obama alega que la cláusula que obliga a las autoridades a verificar el estado legal migratorio de los sospechosos es inconstitucional, y que la aplicación de la ley migratoria es una competencia exclusiva del gobierno federal y no de los estados.

Entre otras regulaciones, la SB20 exige a la policía local que sus agentes revisen el estado de inmigración de sospechosos y ordena que todos los negocios revisen sus contrataciones a través del polémico programa federal E-Verify.

Carolina del Sur es uno de varios estados que han implementado leyes contra la inmigración indocumentada. El primero fue Arizona, luego siguieron Texas, Utah, Georgia y Alabama.

La ley SB20 hizo cambios a otra ley similar aprobada en 2008 que, entre otras disposiciones, sancionaba severamente a empresas que contrataran a sabiendas a inmigrantes indocumentados.

La ley de 2008

En 2008 el estado de Carolina del Sur aprobó una norma que sanciona con penas económicas a empresas que contraten trabajadores no autorizados y permite que la División Estatal de Cumplimiento de la Ley (SLED) negocie sociedades con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a indocumentados.

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En 29 de 46 condados del estado sus cárceles locales aplican el programa federal Comunidades Seguras, y en cuatro se firmaron contratos para poner en vigor el polémico Programa 287(g). Ambos programas se encuentran bajo investigación por no cumplir su objetivo de identificar a inmigrantes criminales sin papeles.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes habían advertido que si la ley era aprobada, causará un impacto negativo en el estado.

Carolina del Sur fue el primer estado en prohibir el ingreso de estudiantes indocumentados a los colegios comunitarios y universidades estatales, en no aceptar las ciudades santuarios y obligar a las empresas a utilizar el sistema E-Verify.

Pero varias disposiciones de la ley de 2008 no han podido ser implementadas por la falta de recursos económicos.

Otros detalles

La ley SB20 especifica que los agentes de policía deben contactar a las autoridades migratorias para conocer la situación legal de los individuos detenidos por cualquier crimen o bajo investigación, incluyendo infracciones menores de tránsito.

Indica que las "sospechas razonables" de la ilegalidad de la persona no pueden basarse en la raza, nacionalidad o color de piel. Y que si las autoridades migratorias no responden, el estado debe procesar al individuo por los cargos estatales.

A diferencia de la ley aprobada en Arizona el año pasado, la propuesta de Carolina del Sur señala que la gente no puede ser arrestada por sospecha de ser indocumentada.

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La medida también convertiría en delito fabricar tarjetas de identidad con fotografía para los inmigrantes indocumentados y crea una nueva unidad policial dentro del Departamento de Seguridad Pública con el objeto de aplicar la ley de inmigración.

Más restricciones

El proyecto de carolina del Sur permite que los ciudadanos demanden a los condados y municipalidades que no estén haciendo cumplir la ley con el fin de erradicar las "ciudades santuario".

Añade penalidades de hasta $50 mil a los negocios que en repetidas ocasiones no hayan cumplido con la revisión de los documentos migratorios de sus nuevos empleados y continúen contratando a indocumentados.

Convierte en un crimen que los adultos -extranjeros, residentes y ciudadanos americanos- que no lleven consigo sus documentos de identificación o migratorios como licencia de conducir y tarjeta de residencia.

También crea una nueva unidad policial para hacer cumplir las leyes migratorias a un costo de $1.3 millón.

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, Carolina del Sur es uno de más de 30 estados que han debatido este año leyes migratorias severas y que hasta el 31 de marzo, 14 de 52 leyes no han sido aprobadas y 36 están pendientes.

Carolina del Sur en números

Según la Oficina del Censo, basado en la información que recabó en Carolina del Sur en el censo de 2010, más de 235,000 personas se identificaron como hispanas en ese año, un incremento del 148% en comparación con el 2000.

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Los datos también muestran que tres de los cuatro condados del estado que están registrando el crecimiento más rápido se ubican cerca de la costa. Los condados de Beaufort, Dorchester, Horry y York crecieron más del 30%.

Doce de los 46 condados del estado registraron un descenso en su población, especialmente en las regiones textiles rurales al sur de la carretera interestatal 85 y también en los condados rurales al sur y el este de Columbia, lejos de la costa.

La Oficina del Censo dice que la población total de Carolina del Sur aumentó más del 15% en la última década a 4.625.364 personas.

Los republicanos, que controlan tanto la cámara como el Senado, han  calificado el proyecto como una ley de máxima prioridad en este año.

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