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Juez debe decidir caso de ezquizofrénico en deportación

Juez debe decidir caso de ezquizofrénico en deportación

Guillermo Gómez Sánchez era residente y terminó en proceso de deportación por una pelea

Estuvo años tras las rejas

El caso de un inmigrante mexicano que por sufrir esquizofrenia paranoide no está capacitado para ir a su juicio sobre deportación, pone de manifiesto las trabas que enfrentan este tipo de personas en las cortes de Inmigración.

La permanencia o expulsión de Guillermo Gómez-Sánchez, de 50 años, se decidirá en una audiencia frente a un juez de inmigración en diciembre próximo en San Diego.

Su abogado, Bardis Vakili, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a Efe que Gómez-Sánchez porta un grillete electrónico, tiene que reportarse cada mes con las autoridades y tiene restricciones de viaje, lo que es inusual para una persona que padece una enfermedad mental.

En 2004, Gómez-Sánchez -que en ese entonces era residente legal de EU- estuvo involucrado en una pelea en Los Ángeles que le valió una sentencia a dos años en prisión por ataque con arma mortal, lo que cambió automáticamente su estatus migratorio y desencadenó su deportación.

En 2005, un juez cerró administrativamente su caso por dos años y medio después de que el Departamento de Seguridad Nacional no le administrara una evaluación siquiátrica. A partir de allí quedó detenido por cinco años, cuatro en custodia migratoria.

ACLU, junto con el Centro Legal Casa Cornelia de San Diego, presentó en marzo de 2010 una demanda a favor de Gómez-Sánchez en una corte federal del sur de California, alegando que se violaron tanto su justo proceso como leyes federales contra la discriminación que protegen a personas con discapacidades.

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Fue entonces cuando Gómez-Sánchez fue liberado, junto con José Antonio Franco, incluido en la demanda y que también presenta problemas mentales, y que pese a ser hijo de residentes permanentes estuvo en centros de detención del sur de California desde 2005.

Vakili dijo que el gobierno no debió haberlos mantenido tanto tiempo detenidos, y que "es imperativo que se implementen políticas para asegurar que individuos sin competencia como en estos casos no se pierdan en un sistema severo de prisiones de inmigración que impide el correcto procedimiento legal".

ACLU estima que la cifra de personas con problemas mentales en centros detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) puede variar entre 7,000 y 9,000 personas, lo que representa hasta el cinco por ciento de los detenidos por Inmigración a nivel nacional.

En 1996, el Congreso expandió la lista de crímenes por los cuales los extranjeros deben de ser deportados, limitando substancialmente la discreción de jueces para considerar circunstancias especiales.

En consecuencia, miles de residentes permanentes quedaron expuestos a ser deportados en caso de haber cometido lo que el Congreso llamó "delitos serios", que solo existen en la ley migratoria y no en la ley penal.

Pese a que Gómez-Sánchez recibió asistencia legal para sus cargos criminales después del ataque, no recibió un abogado para que le ayudara en su caso de inmigración, lo que empeoró cuando sus familiares no pudieron localizarlo por cerca de un año, a consecuencia de las continuas transferencias de centros de detenciones.

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En junio de 2008, cuando su caso fue reabierto, otro juez ordenó que fuera liberado de un centro de detención de San Bernardino con una fianza de $5,000, pero funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se opusieron, pese a que no fue hallado en riesgo de huir o considerado un peligro para la comunidad, por lo que siguió detenido por otros dos años.

Su historia incluso ha sido presentada como parte de los cortos que forman parte del proyecto bilingüe "Cuéntame" de la Fundación Brave New, como uno de los casos que ilustran la conexión problemática entre las actuales políticas migratorias de EU y el manejo con fines de lucro de la industria carcelaria utilizada por autoridades de migración.

El director de derechos de inmigrantes y de seguridad nacional para la ACLU del sur de California, Ahilan Arulanantham, dijo en un comunicado que su organización "espera que el gobierno acepte conducir una revisión expedita de otros detenidos con problemas similares de salud mental y determine a través de audiencias si liberarlos es apropiado".

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