Jueces estudian las leyes antiinmigrantes de Alabama y Georgia

Jueces federales miran leyes antiinmigrantes

Fallo se dará después de dictamen de la Corte Suprema sobre la polémica ley SB 1070 de Arizona

Los jueces de la Corte Federal del 11 Distrito de Atlanta presionaron el jueves a los abogados de Alabama y Georgia para que aclaren si las leyes migratorias HB 56 y HB 87, que combaten la inmigración indocumentada, entran en conflicto con las reglas federales.


Y exigieron a los detractores de estas medidas que expliquen por qué las autoridades locales no pueden usar dichas medidas para complementar los esfuerzos federales.

Sin embargo y pese a las exigencias, el tribunal indicó que esperará el resultado de un caso separado ante la Corte Suprema antes de dar su fallo. El máximo tribunal del país emitirá un dictamen en abril.

Varias demandas

Los tres jueces de la Corte Federal del 11 Circuito escucharon argumentos sobre varias demandas interpuestas contra la ley HB 56 de Alabama y la HB 87 de Georgia.


La ley de Alabama fue demandada por el gobierno y por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y de derechos civiles. La ley de Georgia por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Los jueces Bev Martin y Charles Wilson formularon numerosas preguntas a los abogados de ambos estados acerca de si las leyes de sus estados suplantan las reglas federales, escribió The Associated Press.

Detalles de la audiencia

A primera hora el tribunal revisó la ley HB 87 de Georgia. La abogada del estado, Devon Orland, instó al panel de jueces a considerar la ley estatal como un suplemento de los estatutos federales que permiten "ejecución dual", al igual que las leyes que permiten tanto a los fiscales estatales como los federales acusar a sospechosos de delitos de drogas.


Los adversarios de la medida señalan emplean el mismo argumento esgrimido por el gobierno: que la inmigración es un asunto federal que no debería ser gobernado por una serie de leyes estatales.

El juez Wilson preguntó si un estado puede buscar regular la inmigración ilegal si decide que "la población extranjera ilegal se transforma en una preocupación para la seguridad pública".

Jadwat replicó que correspondería a las autoridades federales encarar la cuestión.

En los argumentos acerca de la objeción federal a la ley de Alabama, la procuradora general adjunta, Beth Brinkmann, dijo que "ataca todo aspecto de la vida de un extranjero y le imposibilita vivir" y regula la inmigración en violación de la autoridad exclusiva del gobierno federal en esa área.


El procurador general de Alabama, John Neiman, sostuvo que la sección de contratos de la ley solo se aplica si la otra parte sabe que el inmigrante está ilegalmente en el país, dijo AP.

Agregó que el estado actuaba en virtud de su derecho de ayudar al gobierno federal a cumplir con las leyes.

Datos de la HB 87

La ley migratoria de Georgia fue promulga por el gobernador Nathan Deal el 13 de mayo. Además de criminalizar la estadía sin papeles en el estado, otorga poderes extraordinarios a las policías locales para que sus agentes arresten a extranjeros indocumentados y obliga a los patronos registrarse obligatoriamente en el sistema federal de verificación de datos conocido como E-verify.


La HB 87 también incluye sanciones a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas, y convierte en delito la presentación de documentos o información falsa al solicitar empleo.

Varios grupos, incluidos aquellos que representan negocios agrícolas, propietarios de restaurantes y organizaciones de interés comercial en Georgia, se oponen a la ley y han expresado preocupaciones por la posibilidad de ser sancionados por no revisar adecuadamente los documentos de contrataciones nuevas.

El último reporte de la Oficina del Censo reveló que la población hispana en Georgia casi se duplicó en los últimos 10 años. Los números muestran que unas 865,689 personas que se identificaban como hispanos vivían en el estado en 2010, una cifra comparada con las 435,227 personas que lo hicieron en 2000. El número representa un incremento de 96,1%.

Detalles de la HB 56


Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías para detener a individuos si tiene dudas razonables que se trata de indocumentados, la ley migratoria HB 56 de Alabama obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos "OEA-) exhortó en junio a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB 56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

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