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El programa 287(g) otorga a las policías locales poderes extraordinarios para que sus agentes ejerzan funciones como personal del servicio de inmigración de Estados Unidos.

Iowa se sumó al programa 287(g)

Iowa se sumó al programa 287(g)

La policía del condado Polk, en Iowa, puede ahora acceder a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional para verificar el estado migratorio de cualquier detenido.

El programa 287(g) otorga a las policías locales poderes extraordinarios...
El programa 287(g) otorga a las policías locales poderes extraordinarios para que sus agentes ejerzan funciones como personal del servicio de inmigración de Estados Unidos.

Base de datos busca delincuentes indocumentados

Esta semana comenzó a emplearse en Iowa el programa federal Comunidades Seguras y un nuevo sistema biométrico para identificar a inmigrantes con antecedentes criminales, informó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), una de las 23 agencias que integran el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según la agencia, el condado Polk es el primero de Iowa en beneficiarse con la nueva estrategia de ICE para identificar y deportar a extranjeros criminales.  La búsqueda y captura se lleva a cabo por medio de información biométrica que las autoridades locales comparten electrónica y automáticamente con ICE y con la Oficina Federal de Investigación (FBI).

El procedimiento se aplica, explica el comunicado de ICE, "en la identificación de todos los inmigrantes, tanto legal como ilegalmente presentes en Estados Unidos, que fueron procesados por departamentos de policía locales y que permanecen arrestados por sus crímenes".

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El sistema viejo

Anteriormente, las huellas digitales de los inmigrantes acusados de delitos se procesaban por medio del Departamento de Justicia.

En la actualidad, además de acceder a esa base de datos, la policía del condado Polk también podrá acceder a las bases de datos del DHS y del FBI.

Si las huellas digitales del detenido figuran en algunas de esos prontuarios electrónicos, se le notifica automáticamente a ICE para que determine la situación migratoria del sospechoso. Si se trata de un indocumentado acusado de un delito grave (tráfico de drogas, asesinato, violación o secuestro), el caso se maneja como "de alta prioridad".

No quieren malos

"Nuestra meta es compartir la información biométrica para deportar a extranjeros criminales", comentó David Venturella, director ejecutivo de Comunidades Seguras al anunciar la implementación de este programa en Iowa.

"Queremos impedir que esos inmigrantes queden en libertad y regresen a nuestras comunidades. Y lo hacemos sin causar una carga adicional a las fuerzas de seguridad con quienes nos asociamos", agregó.

Con la expansión del nuevo sistema biométrico al condado Polk, Comunidades Seguras ya funciona en 574 jurisdicciones en 30 estados. ICE espera que el programa se implemente en todo el país en el 2013, explicó Venturella, puntualizando que los "extranjeros criminales" son aquellos que ya fueron convictos de crímenes y no quienes fueron sólo acusados.

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Seguridad pública

Por su parte, Bill McCarthy, alguacil del condado Polk, sostuvo que él respalda esta iniciativa porque "mejora la seguridad del público" y "es justa, porque se aplica a todas las personas detenidas".

Según estadísticas del Censo, 430,000 personas viven en el condado Polk, que incluye a Des Moines, la capital estatal.

De esos residentes, 30,000 son de origen hispano. Entre los latinos, el 85 por ciento son inmigrantes.

Plan actualizado

En octubre del año pasado DHS renovó el viernes el polémico programa de cooperación que permite a las policías locales (estatal y municipal) detener a inmigrantes indocumentados, y anunció que buscaría limitar la forma como lo venía implementando. Pero casi un año después las críticas al programa 287(g) "título de la Sección donde se encuentra inserto en la Ley de Inmigración- siguen vigientes y con mayor fuerza.

La actualización del sistema de búsqueda de detenciones se llevó a cabo para contar con un solo reglamento nacional que permitió al DHS y a las policías locales (estatal y municipal) unificar los criterios de procedimiento para evitar violaciones a la ley.

Según las nuevas guías vigentes desde octubre del año pasado, ahora las policías sólo podrán mantener bajo custodia a inmigrantes indocumentados que enfrentan cargos criminales previos.

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De acuerdo con ICE, las modificaciones de octubre se hicieron en respuesta a temores sobre posibles abusos por parte de los agentes de policía local.

Aprobada por el Congreso

La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad fue aprobada por el Congreso en 1996 y permitió al Gobierno federal ampliar a las autoridades locales el poder extraordinario de detención y encarcelamiento que estaba inicialmente en manos de las agencias federales.

El programa permaneció dormido hasta 2003, cuando el entonces secretario de Justicia, John Aschcroft, lo activó como parte de las medidas de seguridad adoptadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El objetivo del programa es, desde su puesta en práctica formalmente en 2006, deportar a indocumentados que hayan cometido un delito grave, pero ha sido utilizado por algunas agencias locales del orden público para expulsar a inmigrantes por un delito menor.

La persona sobre la que se ha dirigido quizás la mayor furia de la comunidad inmigrante y organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, ha sido el Alguacil del Condado Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, quien afronta acusaciones por detenciones bajo "perfil racial".

El jueves el Departamento de Justicia anunció que procesará a Arpaio por desacato al no entregar evidencias solicitadas en una investigación que se le sigue por procedimientos en el arresto de extranjeros presuntamente indocumentados.

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ICE ha asegurado que las modificaciones al reglamento se hicieron para disminuir la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados puedan ser detenidos bajo el pretexto de ofensas menores y ser sometidos a un proceso de deportación, y que el programa se enfoca en aquellos inmigrantes indocumentados que enfrentan "serios" cargos criminales.

Presión permanente

A finales de agosto de 2009 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y más de 520 organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes, enviaron una carta al Presidente Barack Obama para pedirle que cancele el Plan 287(g), herramienta que ha permitido el arresto y deportación de miles de indocumentados desde 2003.

Según ACLU, el programa contiene serios "errores" y está asociado a "graves violaciones" a los derechos civiles y de seguridad pública.

En la carta enviada a la Casa Blanca, la ACLU y dirigentes de las organizaciones le pidieron a Obama que anule el programa porque, sostuvieron, desencadenó toda una serie de actos discriminatorios y violaciones a los derechos civiles de hispanos y gente de minorías étnicas por parte de agentes policíacos.

ACLU también resaltó que la observancia de la ley de inmigración le corresponde al gobierno federal y no a instancias estatales o municipales. "El programa (...) ha resultado en el uso generalizado de paradas en el tráfico preparadas de antemano, cuestionamientos basados en el color de la piel de los sospechosos y registros y cateos inconstitucionales generalmente en comunidades minoritarias", indicó la misiva.

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El gobierno mantiene vigente el programa y prometió que en el curso del año fiscal 2010, que finaliza el 30 de septiembre, deportaría a unos 400 mil inmigrantes, la mayoría con antecedentes criminales.

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