Indocumentados se anotan victoria tras fallo que anuló la ley migratoria de Hazleton

Corte anuló ley de Hazleton

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Hazleton fue la primera ciudad en el país en adoptar una ordenanza municipal que penalizaba con $1,000 diarios a las empresas que contrataran a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilaran.

La ordenanza marcó el comienzo de una oleada antiinmigrante que se regó por casi todo Estados Unidos

Tras siete años de batalla legal, una corte federal anuló esta semana la polémica ley migratoria de Hazleton, Pensilvania, la primera en su tipo patrocinada por republicanos que prohibía el alquiler de viviendas a inmigrantes indocumentados.


También cancelaba permisos de operaciones a empresas que contrataran a trabajadores sin permiso de permanencia legal en Estados Unidos.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia, confirmó su decisión de 2010 y dictaminó que la ley federal de inmigración tiene predominancia sobre la ordenanza de Hazleton.

Fallos similares se registraron en la misma semana sobre legislaciones aprobadas en municipios de Texas y Carolina del Sur, inspiradas por la ley de Hazleton. Las cortes rechazaron las tres medidas argumentando que eran inconstitucionales.

Indocumentados tienen derechos


“Las decisiones de esta semana son un poderoso recordatorio de que nuestra Constitución protege inmigrantes del acoso y de que gobiernos estatales y locales los hagan chivos expiatorios”, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU).

“Es una pena que gran parte del tiempo y los recursos del gobierno de la ciudad se hayan desperdiciado en estás leyes fundamentalmente defectuosas, y esperamos que la ciudad finalmente acepte el juicio de los tribunales y siga adelante”, agregó.

La ordenanza municipal de Hazleton fue aprobada en el verano de 2006. Cinco meses después fue demandada ante una corte federal.

La ordenanza fue una de las primeras surgidas tras la interrupción, ese año, de un debate migratorio que buscaba legalizar a más de 12 millones de inmigrantes indocumentados.


Debate truncado

En diciembre de 2005 la Cámara de Representantes aprobó un anteproyecto republicano que criminalizaba la estadía indocumentada, y en mayo de 2006 el Senado, controlado por los demócratas, aprobó un plan que abría un camino a la ciudadanía para millones de sin papeles.

Un Comité de Conferencia armonizaba ambas versiones, pero el entonces liderazgo republicano canceló la instancia aduciendo razones de seguridad nacional. La decisión provocó una oleada antiinmigrante que generó la aprobación de ordenanzas como la de Hazleton en varios estados.

El "Acta de alivio contra la inmigración ilegal" fue aprobada en julio de 2006 y enmendada en septiembre tras una andanada de críticas, pero no fue puesta en vigor por un bloqueo temporal decretado por el juez federal James M. Munley en tanto se ventilaba su legitimidad en la corte.


Detalles de la ordenanza

La medida, además de prohibir el alquiler de viviendas a indocumentados, establecía multas a quienes den empleo a un inmigrante indocumentado.

La permanencia sin papeles en Estados Unidos es una falta de carácter civil no criminal.

El entonces alcalde republicano de Hazleton, Lou Barletta, sostenía antes de su aprobación que los indocumentados se estaban uniendo a pandillas, además de traficar con drogas, cometer crímenes violentos y destruir la calidad de vida en esa ciudad de 31 mil habitantes.


En documentos presentados ante los tribunales, Hazleton aseguró en 2006 que los indocumentados habían cometido al menos 47 crímenes desde la primavera anterior (2005) -incluido el asesinato a tiros de un hombre de 29 años- los cuales consumen gran parte del presupuesto para tiempo adicional de la policía.

Las autoridades añadieron que un tercio de los arrestos relacionados con droga en 2005 habían sido de indocumentados, y que habían provocado el aumento de los costos de atención médica y educación.

Sin evidencias

Según los abogados que demandaron la ordenanza municipal, no había evidencia de que los indocumentados fueran responsables de la criminalidad en Hazleton.


La ACLU y organizaciones nacionales pro inmigrantes demandaron a la ciudad bajo el argumento que las medidas determinadas por el Concejo eran racistas y causantes de división, además de afectar la facultad exclusiva del gobierno federal de regular la inmigración.

Siete años más tarde la Corte Federal del Tercer Circuito avaló la postura de los demandantes.

La ley de Hazleton hizo huir a miles de hispanos de la ciudad y los negocios que les surtían reportaron una caída mayúscula en las ventas.

La ley de Hazleton, dijeron organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, violó la libertad de expresión, ya que cuando la ordenanza fue enmendada en septiembre de 2006 se estableció el inglés como idioma oficial en la ciudad.


Hazleton fue la primera ciudad en el país en adoptar una ordenanza municipal que penalizaba con $1,000 diarios a las empresas que contrataran a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilaran.

Las primeras oleadas de inmigrantes hispanos a Hazleron llegaron en los años ochenta, algunos mexicanos que venían a recoger las cosechas en los campos agrícolas y muchos dominicanos que antes vivían en Nueva York.

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