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Un grupo de niños ciudadanos hijos de indocumentados deportados durante una protesta frente a la Casa Blanca para pedir una reforma migratoria. Les acompaña Nora Sándigo, directora de la Fraternidad Americana de Miami.

Illinois cuestiona nuevo programa federal que sustituye a Comunidades Seguras

Illinois cuestiona nuevo programa federal que sustituye a Comunidades Seguras

Programa que sustituyó a Comunidades Seguras no tranquiliza a la comunidad inmigrante y temen más deportaciones.

Un grupo de niños ciudadanos hijos de indocumentados deportados durante...
Un grupo de niños ciudadanos hijos de indocumentados deportados durante una protesta frente a la Casa Blanca para pedir una reforma migratoria. Les acompaña Nora Sándigo, directora de la Fraternidad Americana de Miami.

Por Jorge Cancino -  @cancino_jorge

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Un programa federal que prioriza el arresto de indocumentados que han cometido delitos y representan una amenaza para la seguridad nacional, tiene preocupados a muchos en el Estado de Illinois.

El Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP, por su sigla en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) sustituye al controvertido plan de Comunidades Seguras, que otorgaba poderes extraordinarios a las policías locales y las convertía en agentes del servicio de inmigración, dijo la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

“Nuestra mayor preocupación es que rompe la confianza con la ciudadanía para colaborar con las policías municipales y estatales”, dijo a Univision Noticias Artemio Arreola, director político de la Coalición. “Con Comunidades Seguras (que funcionó entre 2008 y 2014) nos garantizaron lo mismo, que confiáramos y deportaron a más de 2.5 millones de inmigrantes”.

“Muchas personas que no tenían antecedentes y tenían familiares e hijos acá, fueron sacados, familias fueron destruidas, separadas”, agregó el activista.

 

Comunidades seguras se despiden de la vida pública /Univision

Reunión en Chicago

El jueves representantes de la Coalición se reunieron en Chicago con funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) donde expresaron las inquietudes por el impacto que tendrá el nuevo programa en las relaciones entre la policía y las comunidades.

La ICIRR dijo que ICE continúa trabajando en las cárceles para controlar las huellas digitales de los indocumentados detenidos, que pueden retener para deportación en "circunstancias especiales".

"No está claro cuáles son las circunstancias y si también pueden violar la Constitución, como ocurrió bajo Comunidades Seguras", dijo en un comunicado.

El PEP permite al DHS que trabaje con agencias del cumplimiento de la ley a nivel estatal y local para tomar custodia de los individuos que presentan una amenaza a la seguridad pública antes que estos individuos sean liberados en nuestras comunidades, dijo ICE a Univision Noticias.

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Memorándum de 2014

El programa, agregó la agencia, fue establecido bajo la dirección del Secretario del DHS, Jeh Johnson, en un  memorándum fechado el 20 de noviembre del 2014, cuando se descontinuó Comunidades Seguras y se fijaron las nuevas prioridades de deportación.

Ese día el presidente Barack Obama anunció una Acción Ejecutiva que ampara de la deportación a 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés), y también a dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

La medida se encuentra frenada por los tribunales luego de una demanda entablada en diciembre por 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos.

Explicaciones insuficientes

Los detalles aportados por el gobierno no detienen las preocupaciones de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. La ICIRR dice que les preocupa que en el nuevo programa le permite a ICE solicitar a las cárceles que le avisen por anticipado cuándo un individuo va a ser liberado para entonces solicitar su retención.

“Lo que nosotros estamos viendo es que, aunque somos un condado santuario en el Estado de Illinois, todavía tenemos casos donde uno es arrestado por una falta menor”, dijo a Univision Noticias Emma Lozano, directora de Familias Latinas Unidas de Chicago. “Muchas personas que han sido detenidas por una falta menor de tránsito o han sido deportadas y volvieron a entrar para estar con sus familias, los están buscando hasta en sus casas. Las preocupaciones son grandes”.

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Lozano agregó que el principal temor “es que muchas personas que califican para DAPA y DACA y no han cometido faltas que representen una amenaza para la seguridad nacional sean retenidas y deportadas. No hay ninguna seguridad de que no será de esa manera”.

“Dentro de ICE todavía no toman en cuenta o no usan la discrecionalidad con el memorando del 20 de noviembre. No lo están respetando. Nosotros estamos vigilando cada caso porque el pueblo no conoce todos sus derechos. Y muchos detenidos por las autoridades de inmigración están siendo presionados y firman salidas voluntarias y no saben que pueden tener derecho a un abogado y su día en corte”, dijo Lozano.

La ICIRR también señaló que el procedimiento de toma de huellas digitales por parte de las policías locales involucra a las agencias de inmigración del gobierno, y apuntó que al sustituir Comunidades Seguras por el PEP, el Gobierno federal aseguró que daría prioridad a las deportaciones de delincuentes y no de familias.

Prioridades de deportación

El memorándum del 20 de noviembre incluye cuatro prioridades de deportación:

   - Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);

   - Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).

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   - Prioridad 3: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;

   - Prioridad 4: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

“Nos preocupa que inmigrantes detenidos por una simple infracción de tránsito y les tomen huellas digitales, terminen siendo entregados a ICE para ser deportados”, dijo Lozano.

“Mucha gente piensa que se puede limpiar el récord pero la información no se borra de los archivos de inmigración. Por eso hay que tener cuidado y averiguar bien con un abogado para ver qué y cómo se hace para no tener problemas en el caso de solicitar un beneficio de la Acción Ejecutiva”, dijo a Univision Noticias el abogado Ezequiel Hernández.

Cómo opera

ICE explicó que el PEP comienza a nivel estatal cuando un individuo es arrestado y fichado por un agente de policía tras una infracción a la ley y sus huellas digitales son entregadas al FBI para chequear antecedentes criminales y órdenes de arresto. Esa información es enviada a la agencia para verificar si el individuo está en la lista de prioridades y debe ser deportado.

La agencia también dijo que el PEP se diferencia de Comunidades Seguras en que sólo se enfoca en individuos que representan una amenaza a la seguridad nacional. El anterior programa, explicó, permitía la emisión de detenciones cuando un agente de inmigración tuviera alguna duda razonable para creer que un individuo era deportable.

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Comunidades seguras operó entre 2008 y 2014. ICE dijo que en los seis años fueron deportados 375,031 indocumentados con antecedentes criminales.

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 deportados por el gobierno no tenía antecedentes criminales que constituyeran una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

“La cifra demuestra que de los 2.5 millones en total deportados por el gobierno, solo 375 mil,031 tenían antecedentes criminales serios”, apuntó Arreola. "El problema latente es que, en muchos casos, el futuro de un indocumentado depende del estado de humor del funcionario que lo atiende al otro lado del escritorio", concluyó.

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