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Human Rights Watch publicó crítico informe sobre la ley migratoria de Al...

Human Rights Watch publicó crítico informe sobre la ley migratoria de Alabama

Human Right Watch denunció que la ley de Alabama hizo que los inmigrantes indocumentados vivan "sin dignidad".

Varias personas señalaron a Human Rights Watch que las víctimas de críme...
Varias personas señalaron a Human Rights Watch que las víctimas de crímenes tienen miedo de denunciarlos a las autoridades porque pueden ser arrestados y deportados de Estados Unidos.

Víctimas de crímenes tienen miedo de ser deportados si hablan o piden ayuda a la policía

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El grupo de internacional Human Right Watch (HRW) se sumó el miércoles a las críticas hacia la ley migratoria HB56 de Alabama que impuso severas regulaciones contra la inmigración indocumentada en ese estado del centro sur de Estados Unidos.


En un informe de 53 páginas, la entidad concluyó que la cuestionada ley, tildada por defensores y detractores como la más dura en su tipo en el país, viola los derechos básicos y niega protección legal tanto para los inmigrantes como para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Agregó que el alcance de la ley resulta "asombroso".

Republicanos que defienden la medida aseguran que la HB56 intenta proporcionar empleo a residentes estadounidenses al alentar a inmigrantes que no tienen autorización de permanencia legal en el país abandonen el Estado, escribió The Associated Press. Agregan que la ley también evitará que esos inmigrantes utilicen valiosos servicios estatales.

"Sin dignidad"

El informe revela que la ley de inmigración de Alabama impide el ejercicio de los derechos fundamentales de los inmigrantes en situación irregular y sus familiares, incluso de niños ciudadanos estadounidenses, y amenaza su acceso a las necesidades cotidianas y la igualdad ante la ley, Human Rights Watch.

Titulado "Vivir sin dignidad: La Ley de Inmigración de Alabama", el reporte documenta el efecto de la Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama, comúnmente conocida como HB56, que impacta severamente sobre los inmigrantes indocumentados y sus familias, así como las consecuencias más generales sobre las comunidades en las que viven.

HRW dijo que el informe se basa, en parte, en los testimonios directos de 57 residentes de Alabama, entre ellos ciudadanos y residentes legales permanentes, quienes denunciaron el abuso o la discriminación provocados por la aplicación de la cuestionada ley migratoria.

Puntos críticos

Human Rights Watch cita en el informe a uno de los promotores de HB56, quien declaró durante el debate legislativo que la intención de la ley es “atacar todos los aspectos de la vida de un inmigrante”. Y añade que en su intento de expulsar del estado a los inmigrantes en situación irregular, la ley HB56 no reconoce de ninguna forma que muchos de ellos llevan muchos años viviendo en el estado y están profunda y ampliamente ligados a Alabama a través de sus familiares ciudadanos estadounidenses, su trabajo y su vida en la comunidad.

"Muchos de los inmigrantes en situación irregular con quienes nos reunimos y sus familiares están profundamente ligados al estado", dijo Grace Meng, investigadora del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. "Sus hijos se ven evidentemente afectados, pero también nos reunimos con una profesora que tuvo que contener las lágrimas cuando describió el miedo que experimentan sus alumnos, un pastor religioso que había perdido el 75 por ciento de sus feligreses, y un residente permanente latino que había sido detenido por un policía estatal sin ninguna otra razón que su origen étnico".

Observó además que muchos inmigrantes en situación irregular, y sus familias, han abandonado el estado, y la vida se ha vuelto cada vez más difícil para los que han permanecido. De acuerdo con la Ley HB56, los inmigrantes en situación irregular tienen prohibido realizar "transacciones comerciales" con el estado. Un inmigrante en situación irregular que lo intente comete un delito Clase C, que acarrea de uno a diez años de prisión y multas de hasta $15 mil. Como consecuencia, las agencias estatales y locales han declarado que los inmigrantes en situación irregular no pueden contratar el suministro de agua u otros servicios públicos, residir en las viviendas móviles de las cuales son propietarios, o renovar las licencias de sus propios pequeños negocios.

Clima de miedo

Varias personas señalaron a Human Rights Watch que las víctimas de crímenes tienen miedo de denunciarlos a las autoridades. Algunos inmigrantes sin papeles a quienes no se les pagó su salario, tuvieron que considerarlo perdido porque la ley les niega el derecho a que los tribunales de Alabama hagan valer sus contratos. Tampoco pueden obtener la libertad bajo fianza, independientemente de la levedad la infracción.

La ley migratoria de Alabama le concedió a la policía y a los particulares autoridad efectiva para discriminar a los inmigrantes en situación irregular, así como a los ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos que forman parte de minorías, según observó Human Rights Watch.

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Un joven indocumentado que se encuentra en situación irregular describió cómo fue detenido y arrestado por la policía por no tener licencia de conducir, y cómo el agente le dijo en repetidas ocasiones: “Usted no tiene derechos”.


Un empleado de una tienda importante dijo a una residente permanente que no podía proporcionarle las medicinas que le habían recetado porque no era ciudadana de Estados Unidos. Y una madre ciudadana de Estados Unidos contó que su hija, ciudadana por nacimiento en Estados Unidos, llegó un día de la escuela llorando porque un compañero le había dicho que tenía que regresar a México, denuncia el informe.

Los más vulnerables

En itra parte del informe de 53 páginas Human Rights Watch documentó numerosas formas en que la ley HB56, asegura, perjudica a los niños de Alabama. “A pesar de que un tribunal federal anuló temporalmente una disposición que exige a las escuelas comprobar la situación migratoria de los estudiantes, muchas familias sacaron a sus hijos de la escuela y huyeron del estado”.

Indicó que quienes se han quedado experimentan miedo y ansiedad. Una madre dijo que su hija, nacida en Alabama, ya no se siente identificada con el lugar y le pregunta: “¿Por qué estamos aquí? No nos quieren”. Varios padres dijeron que habían tenido que tomar la difícil decisión de no acudir a citas médicas por miedo a que los pararan durante el trayecto en automóvil. Uno de ellos dijo que tuvo incluso miedo de llevar a su hija al hospital cuando padeció un ataque de asma.

La ley de Alabama también ha comenzado a afectar la economía y la imagen del estado, advirtió HRW. Los agricultores señalan escasez de trabajadores, las empresas que dependen de las comunidades de inmigrantes están teniendo dificultades y las empresas extranjeras están reconsiderando sus inversiones.

Si bien cada país tiene potestad para regular la entrada de inmigrantes en su territorio, deportar a aquellos que han entrado de manera irregular y aplicar sus leyes de inmigración a las personas que ya no tienen autorización para permanecer en su territorio, el derecho internacional dispone que toda persona tiene derecho a disfrutar de sus derechos humanos fundamentales en virtud de su humanidad, dijo el informe. El hecho de que la ley viola los derechos de los niños y, posiblemente, de los de miles de ciudadanos y residentes legales pertenecientes a minorías, es un motivo adicional de preocupación.

La mayoría de los inmigrantes en situación irregular entrevistados por Human Rights Watch llevan al menos diez años viviendo en Estados Unidos, y muchos tenían hijos ciudadanos de Estados Unidos.

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