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El sistema de encarcelamiento de inmigrantes vuelve a estar en la mirilla.  

Human Rights Watch fustiga juicios migratorios en Estados Unidos

Human Rights Watch fustiga juicios migratorios en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos encarcela a inmigrantes que no tienen antecedentes penales o solamente han sido condenados por delitos menores.

El sistema de encarcelamiento de inmigrantes vuelve a estar en la mirill...
El sistema de encarcelamiento de inmigrantes vuelve a estar en la mirilla.  

En la última década creció 1,400% los juicios a indocumentados que reingresan al país

Vea el informe de Human Rights Watch.

Agregó que las autoridades están convirtiendo a los inmigrantes en “delincuentes” al enjuiciarlos en vez de deportarlos.

El informe recomienda que al gobierno que suspenda los enjuiciamientos penales por ingresar y reingresar sin autorización al país, y señaló que la mayoría de los afectados son extranjeros sin antecedentes penales cuyos derechos frecuentemente terminan siendo vulnerados.

“Muchos de estos inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad pública y son simplemente personas que intentan estar con sus familias”, dijo Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de HRW y autora del informe.

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El reporte añade que estos procesos a menudo afectan a personas que intentan reencontrarse con familiares en Estados Unidos o escapar a la persecución en su lugar de origen.

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Se multiplican los juicios

Agrega que el volumen hoy en día supera a los procesos por todos los demás delitos federales, y que más de 80 mil personas fueron condenadas en 2012, muchas de ellas en procesos grupales acelerados que vulneran los derechos de debido proceso.

El informe denuncia, además, que muchos de los inmigrantes procesados son separados de sus familias en Estados Unidos y una gran proporción termina cumpliendo meses o incluso años en prisiones federales sobrepobladas, lo que representa un alto costo para el Estado.

Recomienda también al gobierno federal que ponga fin a procesos que considera innecesarios contra indocumentados que entraron al país por primera vez o reincidentes, y cuestionó una propuesta contenida en el plan de reforma migratoria del Grupo de los Ocho que recomienda incrementar en $250 millones el presupuesto destinado al procesamiento penal de estos casos en Tucson, Arizona, y establece penas máximas más rigurosas para numerosas categorías de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal.

Datos del estudio

Afirma que la mayoría de los inmigrantes llevados a juicio tenían récord de delitos menores o no tenían antecedentes penales, y que sólo 27% tenía antecedentes por delitos graves tales como violencia o por arma de fuego.
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HRW dijo además que en el primer semestre del año fiscal 2013 (que comenzó el 1 de octubre del año pasado), se registró un incremento de 10% en este tipo de juicios, según estadísticas del Departamento de Justicia.

Si bien el ingreso indocumentado a Estados Unidos constituye una falta menor no criminal, el reingreso sin papeles tras una deportación tiene categoría de delito grave, indica.

El gobierno federal señala que estos procesos penales son necesarios para evitar que peligrosos delincuentes ingresen a Estados Unidos y para disuadir la inmigración indocumentada. Sin embargo, los procesos penales por cuestiones de inmigración no están cumpliendo el objetivo deseado, señaló Human Rights Watch.

Familias destruidas

El juez federal de distrito Robert Brack, quien estima haber condenado a más de 11 mil personas por reingreso indocumentado, dijo que “desde hace 10 años he presidido un proceso que destruye familias en forma diaria, e incluso varias veces por día”, se lee en el reporte.

La organización observó que el gobierno estadounidense parece estar dispuesto a mantener esta práctica y apuntó que el volumen de causas penales de este tipo desbordó la capacidad de las cortes federales en la frontera al sudoeste del país.

“El sistema de justicia penal federal de Estados Unidos ha debido implementar atajos procesales, como celebrar juicios grupales acelerados que vulneran las garantías de debido proceso de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal”, denunció.

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“Las personas que son condenadas por ingreso ilegal conforme a las pautas federales para la determinación de sentencias cumplen, en promedio, una pena de 19 meses en prisiones federales”, agregó y dijo que “personas imputadas por delitos vinculados con inmigración representan ahora el 30 por ciento de quienes ingresan al sistema penitenciario federal, que adquiere una cantidad cada vez mayor de contratos con cárceles privadas para poder encarcelar a las personas que no son ciudadanas estadounidenses y son condenadas por estos delitos”.

Meng concluyó que “si el gobierno de Obama y el Congreso consideran seriamente la posibilidad de reformar el sistema inmigratorio para proteger a las familias, deberían conceder a todas las personas que han sido deportadas y separadas de sus familiares la posibilidad de demostrar que pueden hacer una contribución valiosa a la sociedad”.

“De lo contrario, el gobierno no podrá evitar continuar gastando millones de dólares para juzgar y encarcelar a personas que tienen fuertes lazos con Estados Unidos”, concluyó.

El reporte de Human Rights Watch incluye varios ejemplos de inmigrantes afectados por esta política.

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