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Un grupo de activistas manifiesta en apoyo a los indocumentados y en contra de la ley HB 318 en Carolina del Norte.

Huelga de hambre para pedir a gobernador que vete ley contra ciudades santuario

Huelga de hambre para pedir a gobernador que vete ley contra ciudades santuario

Indocumentadas ayunan para pedirle al gobernador de Carolina del Norte que vete ley antiinmigrante

Un grupo de activistas manifiesta en apoyo a los indocumentados y en con...
Un grupo de activistas manifiesta en apoyo a los indocumentados y en contra de la ley HB 318 en Carolina del Norte.


Por Jorge Cancino

Tres mujeres inmigrantes, dos de ellas indocumentadas, iniciaron el miércoles una huelga de hambre en Charlotte para pedirle al gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, que vete la ley HB 318. La legislación prohíbe las ciudades santuario y limita documentos de identificación que reconoce el estado, entre ellos la matricula consular.


Las activistas dijeron a Univision Noticias que el ayuno durará de tres a cinco días y que el objetivo “es que el gobernador nos escuche” y vete la ley aprobada por la Asamblea.


“Comenzamos la huelga ayer miércoles. Hoy amanecimos con sueño porque no pudimos dormir. Los guardias que vigilan la residencia del gobernador en Charlotte nos prohibieron levantar casas de campaña y dormir. Solo nos permitieron instalar sillas”, dijo Jessica Contreras, una inmigrante sin papeles originaria de México. “Le pedimos al gobernador McCrory que vete la ley para que no permita que nos quedemos sin identificarnos ante las autoridades”.


Contreras lleva 14 años en Estados Unidos, entró cuando tenía cinco años y está protegida por la Acción Diferida de 2012, beneficio que el Presidente Barack Obama activó para beneficiar a 1.2 millones de jóvenes sin papeles conocidos como dreamers.


“En estos momentos estoy renovando el permiso. No me ha llegado todavía pero ya hice el trámite”, agregó.


La Acción Diferida frena temporalmente las deportaciones y concede una autorización de empleo renovable cada dos años.


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“En un tiempo el gobernador nos dijo que éramos bienvenidos a Carolina del Norte y que éramos buenos trabajadores. Nosotros hemos ayudado a construir el estado, no entiendo por qué ahora nos quieren castigar”, dijo Contreras.


La HB 318 fue aprobada en las dos cámaras legislativas de Carolina del Norte y enviada al escritorio de McCrory para su firma.


“Pero no nos está escuchando todavía” dijo Rosalba Tlalolini, una inmigrante residente legal permanente en Estados Unidos. “Llevo aquí 16 años, tengo una empresa de construcción y mi principal preocupación es mi esposo. El no tiene papeles y ha tenido problemas para tramitar el pasaporte. Si activan la ley, se quedará sin ninguna forma de identificación”.


“Puede ser que algún dia me llame y que sea arrestado y sabemos qué pasa después de un arresto. Aquí en Carolina del Norte tenemos el (programa) 287(g) y nos procesan por ser inmigrantes”, indicó.


El programa citado por Tlalolini se incluye en la ley de inmigración vigente aprobada por el Congreso en 1996. Permite al gobierno alcanzar acuerdos con las policías locales para que sus agentes actúen como funcionarios de inmigración y persigan la inmigración indocumentada.


En 2008 el 287(g) fue sustituido por Comunidades Seguras, pero en algunos estados como Carolina del Norte sigue operando. El 20 de noviembre del año pasado Comunidades Seguras fue sustituido por PEP, plan que según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prioriza en el arresto y deportación de indocumentados con antecedentes criminales.


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“Todos los días hay protestas en el estado. Las principales se llevan a cabo en Raleigh, la capital, pero en estos vías el gobernador estará en Charlotte. Por eso el ayuno”, dijo Tlalolini.


En Carolina del Norte viven unos 240,000 indocumentados que requieren una identificación en caso la policía les solicite una forma de identificación.


“Tengo cuatro hijos y cuatro nietos. Lo único que tengo es mi familia”, dijo Zeny Medrano, una madre que teme ser deportada y separada de los suyos. “Llevo 21 años, no tengo papeles. Yo no me puedo ir a México porque aquí está mi vida”.


Medrano califica para la Acción Ejecutiva que Obama anunció en noviembre y que frena la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes, como Medrano. El beneficio se encuentra detenido por las cortes luego de una demanda entablada por 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos.


“Le estamos diciendo al gobernador que vete la ley HB 318 y que no la deje sin formar, porque entonces entrará automáticamente en vigor 30 días después de aprobada por la Asamblea”, dijo Héctor Vaca, director de Action North Carolina. “Vamos a seguir apoyando este tipo de movimientos hasta el último día”, agregó.


La ley HB 318, las licencias o identificaciones que se otorguen a los inmigrantes indocumentados serían distintas a los permisos estándares y los solicitantes deberán someterse a una revisión de antecedentes criminales.


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Activistas temen que la legislación siente un precedente y recordaron que la presencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil no criminal. 

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