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Una activista interrumpe un discurso del Presidente Barack Obama en Chicago, Illinois, sobre la acción ejecutiva, y le pide que detenga de inmediato las deportaciones de indocumentados.

Hasta la primavera no se sabrá qué tan generosa es la acción ejecutiva de Obama

Hasta la primavera no se sabrá qué tan generosa es la acción ejecutiva de Obama

El reglamento tardará 180 días en ser publicado. Mientras, abogados aconsejan preparar las evidencias.

Una activista interrumpe un discurso del Presidente Barack Obama en Chic...
Una activista interrumpe un discurso del Presidente Barack Obama en Chicago, Illinois, sobre la acción ejecutiva, y le pide que detenga de inmediato las deportaciones de indocumentados.

Por Jorge Cancino

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La acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama todavía no ha sido implementada y millones de indocumentados se preguntan si califican para pedir el amparo de la deportación. Pero no hay respuestas concretas ni completas, porque no hay reglamento, todavía.

“Estas iniciativas aún no han sido implementadas y al momento, USCIS (la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) no está aceptando ninguna petición o solicitud”, advierte la agencia federal en su página de internet.

A pesar del aviso, las preguntas no se detienen. Desde el 20 de noviembre miles de usuarios de UnivisionNoticias.com han ingresado a las salas de chat atendidas por abogados o han enviado preguntas a uno de nuestros correos electrónicos para conocer detalles que nadie conoce.

Leer: Respuestas a nuestros usuarios (V) 

E.M., por ejemplo cuenta que entró al país en 2006, tiene una orden de deportación en ausencia porque no acudió a una cita de inmigración. “Me engañó un abogado”, dice. “Y yo me fui para mi país. Allá estuve 7 años y luego regresé, el año pasado, en el mes de junio y me entregué a la Patrulla Fronteriza y me dejaron aquí. Yo venía con mis dos niños. Me dijeron que tenía que presentarme luego a las oficinas de migración y yo no me presenté”.

 

Tras anuncio de la acción ejecutiva salen a la luz deportaciones que no fueron acatadas /Univision

La respuesta a este caso, sobre la base de lo que se conoce de la acción ejecutiva hasta ahora, es simple: E.M. no califica, porque la medida sólo cubre a padres de ciudadanos y/o residentes permanentes que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010. “Y demuestren que han estado en el país en los últimos cinco años de forma continua”, explica el abogado Ezequiel Hernández.

Leer: Respuesta a nuestros usuarios (IV) 

El caso de E.R. es distinto. “Mi novio ha vivido aquí por ocho  anos y tenemos un hijo de 6 meses, ciudadano estadounidense. Mi mamá lleva aquí 20 años y mi papá 12, y tienen tres hijas nacidas acá. Pero a los tres los ha parado la policía. A mi novio tres veces por manejar rápido, pero todos han ido a las Cortes y han pagado. ¿Ellos califican para la acción ejecutiva?”

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Según los datos preliminares anunciados tanto por Obama como por la USCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), “todos califican”, dice Hernández. “Pero lo de las infracciones de tránsito estarían bien, sin embargo necesitamos copias de los documentos que prueben que sí lo resolvieron”.

Leer: Respuesta a nuestros usuarios (III)

 

Mensaje completo de Barack Obama sobre la acción ejecutiva /Univision

Cada caso es único

El punto es que cada caso de inmigración es único, que la solución de Pedro no necesariamente ayuda a Juan, que no existe un reglamento todavía y que en cada caso “hay que verlo por separado y revisar las evidencias, cada prueba, cada documento antes de emitir una opinión”, dicen abogados y activistas consultados por UnivisionNoticias.com. “Se pueden dar consejos, algunos, y a grandes rasgos, pero hay que esperar a que la USCIS publique los detalles, probablemente en la primavera”, agregaron.

Mientras llega el tiempo, la USCIS previene: “Tenga cuidado con cualquier persona que le ofrezca ayuda para presentar una solicitud o una petición sobre cualquiera de estas acciones antes de que estén disponibles. Usted podría convertirse en víctima de una estafa de inmigración”.

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S.V. contó que su esposo tiene una orden de deportación y tenía que salir del país en agosto, pero se quedó. “Tenemos dos hijos, ya llevamos 10 años de estar aquí, nuestros hijos son estadounidenses. ¿Mi esposo puede pedir el amparo de la reportación?”

“Desgraciadamente si la orden de deportación fue emitida después del 1 de enero de 2014, no califica”, respondió Hernández. Así lo dice la información que se conoce hasta ahora, pero hay que esperar el reglamento final, la norma que decidirá quién será protegido por un tiempo de tres años y quién no, y quiénes podrán gestionar una autorización de empleo.

Leer: Respuesta a nuestros usuarios (I) 

 

Interrumpen de nuevo a Obama mientras habla de inmigración /Univision

¿Y cuánto tiempo habrá que esperar? El gobierno dice que la “USCIS y otras agencias y oficinas son responsables de implementar estas iniciativas lo más pronto posible”. Y que “algunas iniciativas serán implementadas durante los próximos meses y otras tomarán más tiempo”.

“Aproximadamente 180 días a partir del anuncio del Presidente el 20 de noviembre de 2014”, se lee en una parte de la publicación de la agencia en su página digital.

Leer: Preguntas y respuestas de la acción ejecutiva

Los próximos meses tampoco están clarificados. La agencia se militó a agregar que se “generará explicaciones detalladas, instrucciones, reglamentaciones y formularios, a medida que sean necesarios”. Por ahora, agrega, “USCIS no está aceptando peticiones o solicitudes en este momento”.

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Caso por caso

Las dudas de M.G. no se detienen a pesar de las explicaciones. “Mi esposo tuvo una orden de deportación hace 17 años y no salió del país. Él siguió trabajando y pagando impuestos. Tenemos tres hijas ciudadanas americanas. ¿Él podría aplicar a esta acción ejecutiva?”

Todo indicaría que sí. Según la USCIS, la acción ejecutiva protegerá a toda “persona sin documentación legal que vive en los Estados Unidos que es padre de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente legal y que cumple con todos los criterios enumerados a continuación:

   - Han residido continuamente en los Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010;

   - Son padres de un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal que nació en o antes del 20 de noviembre de 2014; y

   - No son una prioridad de control migratorio a los efectos de la remoción de Estados Unidos, según dispuesto en el Memorándum sobre Políticas de Aprehensión, Detención y Remoción de Inmigrantes Sin Documentos Legales del 20 de noviembre de 2014.

A pesar de los detalles, la USCIS advierte que “considerará cada petición de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA, por sus siglas en inglés) caso por caso”.  Y que “las prioridades de control migratorio incluyen (pero no están limitadas a) amenazas a la seguridad nacional y seguridad pública”.

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Eso significa que la decisión final de otorgar el beneficio está en manos del funcionario de la agencia que toma el caso.

Sobre el caso de M.G., la abogada Karen Hernández respondió que “si su esposo no salió del país y no tiene ni un problema con la ley,  él sí califica”.

Las dudas de O.H. son todavía más complejas. “Tengo 73 años, vine a Estados Unidos en 1985, en 1996 obtuve mi permiso de trabajo por haber solicitado asilo político. Pero me fue negado el asilo porque dijeron que ya se firmó el pacto de Paz en Guatemala y fui puesto en proceso de deportación. Pero apelé y lo que hicieron fue mandar a dormir mi caso. O sea que mantengo mi permiso de trabajo. El problema es que ya me retiré. Desde el año 2006 tengo la pensión del plan de retiro y un pago mínimo de parte del seguro social: El problema es que tengo que estar pagando $380 por la renovación del permiso de trabajo, pues es la prueba de que estoy legalmente en el país. Pero no entiendo por qué tengo que tener el permiso de trabajo si ya no estoy trabajando, estoy retirado. Tengo un hijo ciudadano, tres que están con residencia legal y el otro está protegido por la Acción Diferida y tengo 4 nietos ciudadanos”.

Abogados consultados por UnivisionNoticias.com reiteran que las leyes de inmigración "son todavía más complejas" de las leyes de impuestos.

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O.H. no debería tener problemas. “Por eso hay que revisar cada caso porque cada caso es único”, dice el activista Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Latino USA de Los Angeles, California.

Tiempo para prepararse

Jorge Mario Cabrera, Director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), en California, dijo que “faltan detalles para poder especular con certeza si el anuncio del presidente es limitado o no”, en referencia al número de indocumentados que se beneficiarán de la medida, entre 4.5 y 5 millones según los cálculos de la Casa Blanca. “Con los detalles limitados que tenemos, creemos que serán más de 4 millones de personas las que se podrán amparar bajo esta Acción Ejecutiva. Son bastantes personas, no las que queríamos, pero un número significativo”.

La gran cantidad de documentos necesarios para probar la permanencia en Estados Unidos, los costos de la postulación (que todavía no han sido anunciados) y la larga espera por el reglamento (que podría dilatar por seis meses o más) y el temor de inscribirse, bajaría las expectativas del gobierno.

“El fraude o las ofertas demasiado buenas para ser verdad son una realidad infalible. No faltarán ofertas de personas bien intencionadas o de supuestos abogados y notarios bien informados que ofrezcan servicios para facilitar el proceso”, dijo Cabrera. “Cuidado con cualquier oferta que prometa agilizar, facilitar, reemplazar o evitar largas líneas o solicitudes”.

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El activista dijo además que “se recomienda ahorrar por lo menos $1,000 por solicitante, ya que la cuota será de $465, pero hay que contar con gastos de procesamiento, copias, documentos originales, certificaciones notariales y otros gastos”, apuntó.

El factor miedo

El miedo también está presente en la lista de dudas e incertidumbres. Pocos lo refieren, pero en voz baja se comenta en cada conversación.

El congresista Mario Díaz-Balart (republicano de Florida), dijo en el programa Al Punto, con el periodista Jorge Ramos, que si bien “hay que celebrar la posibilidad de que las personas que están aquí no sean deportados”, si un juez “la echa abajo (la acción ejecutiva), entonces todas estas personas que han firmado, han puesto sus nombres en un papel (han sido fichados por pedir el amparo de la deportación), ahora han firmado su sentencia de deportación”.

“Tenemos que seguir luchando para llegar a un estatus legal permanente para los indocumentados. Esto (la acción ejecutiva) se nos hace más difícil”, dijo Díaz-Balart.

El viernes de la semana pasada, un día después de que Obama anunciara la acción ejecutiva, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner (republicano de Ohio), acusó a Obama de “emperador”, y dijo que la acción del mandatario había “saboteado” la reforma migratoria.

El legislador de Florida dijo que el presidente “ha estado diciendo que no pudo detener las deportaciones porque legalmente no las pudo parar. Ahora está diciendo que sí las puede parar. Si es verdad, que él puede y pudo, porque nada ha cambiado, ¿por qué deportó a más de 2 millones de personas, incluyendo a más de 200 mil padres de hijos norteamericanos?”

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“O pudo hacerlo y no quiso, o estuvo diciendo la verdad y no pudo hacerlo”, apuntó. “Si un juez falla que no es legal, entonces obviamente esas personas (quienes pidan el amparo) pueden ser deportadas. Es un peligro muy grande”, indicó.

“Están heridos”

La advertencia Díaz-Balart no pasa desapercibida. El abogado Víctor Nieblas, quien en junio de 2015 asume como el primer presidente Hispano de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), dijo a UnivisionNoticias.com que los republicanos “están heridos” porque el presidente Obama “les ganó el tirón” y se les anticipó en el tema de la inmigración.

“Hicieron lo mismo cuando el presidente anunció el DACA de los dreamers. Demandaron la medida y perdieron. Ahora hablan nuevamente de demandas. Y podemos anticipar que las habrá pero tenemos que esperar el curso de los procesos. Mientras, tenemos que seguir adelante y ayudar a millones de personas que van a calificar con el amparo de las deportaciones”, agregó.

Del número de beneficiarios, estimados por el gobierno entre 4.5 y 5 millones de indocumentados, Nieblas dijo que “tenemos el antecedente de DACA, que de los 1.2 millones de favorecidos sólo 600 mil se registraron hasta ahora”, y que “hasta que no salgan las guías finales no sabremos quién califica y quién no”.

Mientras se esperan los reglamentos, Nieblas dice que “tenemos que insistir a la gente que se trata de una medida temporal no permanente” y debemos decirle a los inmigrantes “que tengan cuidado con el fraude”.

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“Lo que deben de comenzar a hacer, por ahora, es reunir documentos que prueben que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010 y tienen cinco años de permanencia ininterrumpida. Y los que tienen antecedentes penales, que vayan con un abogado para ver si pueden modificar las sentencias. Porque quienes tengan felonías o tres delitos menores quedan fuera, no califican para pedir el amparo de la deportación. Y los DIU o la violencia doméstica también descalifican”, explicó.

“Tenemos 180 días donde se pudiera hacer algo para modificar sentencias y perdonar delitos. Es un tiempo valioso donde legalmente se puede hacer mucho para cumplir con los requisitos. Tenemos mucho que hacer por delante”, concluyó.

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