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Grupos pro pro-inmigrantes elogian acciones contra Arpaio

Grupos defensores de inmigrantes elogiaron las acciones del gobierno federal para frenar al alguacil más duro de Estados Unidos.

Departamento de Justicia dio a conocer severo informe sobre el alguacil más duro de Estados Unidos

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WASHINGTON - Grupos defensores de inmigrantes elogiaron las acciones del gobierno federal para impedir la discriminación y violaciones a los derechos civiles de inmigrantes alentados por el alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa, Arizona.


El director del Fondo de Educación de la organización America’s Voice, Frank Sharry, dijo que por años Arpaio se ha enfocado en los latinos “por el color de su piel y el idioma que hablan, y se ha jactado de eso”.

Arpaio “ha descuidado delitos serios para aplicar las leyes civiles de inmigración, y ha hecho imposible que las víctimas inmigrantes de crímenes confíen en la policía”, agregó.

En el banquillo

En sus tres años de investigación, el Departamento de Justicia encontró pruebas de que Arpaio se involucró en acciones inconstitucionales y una cultura crónica de restar importancia a sus obligaciones básicas legales y constitucionales.

Thomas Pérez, que dirige la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, escribió que Arpaio con frecuencia entregaba cartas con afirmaciones racistas a sus altos asistentes.

La secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, anunció la cancelación del programa de cooperación 287g y la restricción del acceso a Comunidades Seguras al alguacil Arpaio.

Pérdida de confianza

“La discriminación debilita la aplicación de la ley y erosiona la confianza pública”, dijo Napolitano, tras anunciar cambios a los programas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con Maricopa para deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

El DHS continuará aplicando la ley de inmigración en Maricopa de una manera “inteligente y efectiva” que se enfoque en criminales, inmigrantes recién llegados, los transgresores reincidentes de la ley de inmigración y empleadores que contratan a indocumentados, señaló.

Chris Newman, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), aseveró que mediante esos programas del DHS el alguacil Arpaio expandió “su reino de terror” que llevó a la aprobación de la ley estatal antiinmigrante SB1070.

“Es hora de que el DHS deje de contribuir a la crisis de derechos civiles descrita en el informe del Departamento de Justicia y termine los programas que hicieron posibles los crímenes de Arpaio”, afirmó.

Informe preocupante

Angela Kelley, vicepresidenta de Políticas del Centro para el Progreso Americano (CAP), consideró como “preocupante” que aspirantes presidenciales del Partido Republicano, como Rick Perry, Mitt Romney y Michelle Bachmann hayan buscado el apoyo político de Arpaio.

El director del Foro Nacional de Inmigración (NIF), Ali Noorani, dijo que el informe de violaciones a los derechos civiles demuestra que Arpaio “estaba más preocupado con los titulares que en la Constitución y la ley”.

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A su vez, la directora de la Coalición por los Derechos Humanos de Los Angeles (CHIRLA), Angélica Salas, afirmó que el informe es una acusación no sólo contra Arpaio sino contra el gobierno del presidente Barack Obama por expandir programas como Comunidades Seguras.


El informe

El jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la Oficina del Alguacil Arpaio de aplicar el perfil racial en detenciones de tránsito e inmigración, y discriminar contra hispanohablantes en cárceles de su jurisdicción.

El subprocurador general Thomas E. Pérez informó en concurrida rueda de prensa en Phoenix que las acusaciones sobre violaciones a los derechos civiles están sustentadas en una investigación federal realizada a lo largo de los últimos tres años.

Las acusaciones se emiten luego de que en 2008 la Oficina del Alguacil se negara a entregar documentos o permitir el acceso de investigadores federales a las cárceles del condado, hasta que el Departamento de Justicia interpuso una demanda en septiembre de 2010.

Qué encontraron

Los investigadores federales revisaron miles de páginas de documentos y realizaron más de 200 entrevistas con el personal del la Oficina del Alguacil y ex reclusos.

Como resultado, el Departamento de Justicia acusó hoy a Arpaio y a su personal de un patrón generalizado o práctica de discriminación contra los latinos.

El trato discriminatorio contra hispanos se deriva de los niveles más altos de la Oficina del Alguacil y ha puesto en peligro su capacidad para brindar una aplicación de la ley de calidad para los residentes del condado, de acuerdo con el reporte del gobierno federal.

Los investigadores sospechan que la Oficina del Alguacil sigue un patrón o práctica de trato anticonstitucional contra los hispanos, tanto dentro de las cárceles como en los arrestos o detenciones por violaciones de tránsito.

Derechos en riesgo

Entre las supuestas violaciones de derechos civiles, se enlista que los hispanos son blanco rutinario de detenciones de tránsito sin causa razonable, y posteriormente acusados de crímenes relacionados con la inmigración.

Los residentes legales son tratados a veces como si fueran inmigrantes ilegales y hasta encarcelados.

Los reos latinos con escaso o nulo conocimiento del inglés son castigados con frecuencia por no entender ese idioma y obligados a llenar los formularios en un idioma que no entienden.

Los resultados de la investigación no están sustentados por hechos aislados, ni fueron obtenidos sólo de las estadísticas, sino de gente real atrapada en la red de actividad anticonstitucional del alguacil Arpaio, aseguró el subprocurador.

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Cultura de desprecio


El problema, dijo Pérez, tiene sus raíces en una cultura de desprecio por la Constitución en la Oficina del Alguacil. “La Oficina del Alguacil está fracturada en un crítico número de aspectos”, indicó.

Las acusaciones se emiten acompañadas de ultimátum: “Llegar a un acuerdo cuyo cumplimiento pueda ser verificado por una corte con capacidad de emitir órdenes para detener las prácticas anticonstitucionales, o enfrentar una demanda legal bajo las disposiciones contempladas en la Ley Federal de Derechos Civiles”.

La Oficina del Alguacil tiene hasta el próximo 4 de enero para decidir si cumplirá voluntariamente con lo solicitado por el Departamento de Justicia.

De hacerlo, el Departamento de Justicia trabajará con la Oficina del Alguacil para corregir las violaciones en los próximos 60 días. Si el alguacil declina cooperar o no alcanza un acuerdo, el Departamento de Justicia interpondrá una demanda legal para obligarlo a cumplir con la ley federal.

El proceso sigue

Pérez aclaró, empero, que eso sería un último recurso, dado que el Departamento de Justicia desea cooperar con los empleados de la Oficina del Alguacil para hacer frente a los problemas que se identificaron durante la investigación.

“Estos resultados no tienen la intención de impugnar el carácter. Nuestro objetivo es hacer su trabajo más fácil y más gratificante, y queremos escuchar sus opiniones acerca de cómo lograrlo”, dijo Pérez en declaraciones dirigidas a los empleados de la Oficina.

Pérez afirmó que las autoridades federales quieren trabajar con los administradores de la Oficina del Alguacil y otros para hacer frente a los problemas, pero que el cambio tiene que empezar en la parte superior de la organización que Arpaio ha dirigido durante casi 20 años. “Tenemos que hacer un cambio de cultura”, dijo.

La Oficina del Alguacil recibió una notificación de las conclusiones del Departamento de Justicia este mismo jueves y aún no ha tenido la oportunidad de responder, informo Pérez.

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