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El programa Federal Comunidades Seguras se encuentra en el ojo de la tormenta. Actualmente está vigente en 42 de los 50 estados.

Grupos pro inmigrantes aplauden retiro de Massachusetts de Comunidades Seguras

Grupos pro inmigrantes aplauden retiro de Massachusetts de Comunidades Seguras

Dirigentes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aplaudieron la decisión del gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, de retirar a ese estado del programa federal Comunidades Seguras.

El programa Federal Comunidades Seguras se encuentra en el ojo de la tor...
El programa Federal Comunidades Seguras se encuentra en el ojo de la tormenta. Actualmente está vigente en 42 de los 50 estados.

Activistas insisten en que el Congreso debata y apruebe la reforma migratoria comprensiva

Dirigentes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aplaudieron el martes la decisión anunciada en la víspera por el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, de retirar a ese estado (noreste) del programa federal Comunidades Seguras.

“Para nosotros es una victoria”, dijo a Univision.com Luisa Chew, coordinadora del programa de inmigración del Concilio Ecuménico de la Comunidad de East Boston (EBECC). “Por esto veníamos trabajando. Le estábamos pidiendo al gobernador que no firmara la continuación en el programa”.

En 2006 Massachusetts formó parte de un programa piloto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner en funcionamiento el programa Comunidades Seguras, una herramienta del gobierno federal que busca a inmigrantes con antecedentes criminales para ser deportados del país.

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El plan entró oficialmente en vigor en 2008 y Massachusetts debía ratificarlo. A la fecha, se ejecuta en 42 estados pero existen dudas si la participación es obligatoria, como ha señalado el DHS.

En abril el Estado de Nueva Jersey anunció que se retiraba del programa y la semana pasada lo hizo el estado de Nueva York.

El paso de Patrick

El 3 de junio Patrick comunicó al DHS la salida del controvertido programa argumentando que su ejecución “afrontaba un riesgo serio de discriminación étnica y la fractura de relaciones increíblemente importantes en comunidades que son importantes" para la policía.

“Para nuestra comunidad de inmigrantes la decisión es una tranquilidad muy grande”, dijo Chew. “Se había roto esa tranquilidad, esa relación entre la policía y el pueblo. Pero ahora regresa ese clima de tranquilidad y la gente ya puede salir a sus trabajos sin miedo de que lo arresten. Es un gran triunfo”.

La activista agregó en las últimas semanas “muchos querían regresar. Muchos ya no estaban trabajando de noche porque tenían miedo de ser arrestados, encarcelados y puestos en proceso de deportación”.

El EBECC atiende al año unos 5 mil inmigrantes y casi la mitad de ellos está protegida con un Estatus de Protección Temporal (TPS). Según datos del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios), en Massachusetts viven entre 166 mil y 220 mil indocumentados, la mayoría originarios de América Latina.

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Números del plan

Cifras de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) revelan que bajo Comunidades Seguras han sido deportados 154 individuos de Massachusetts y 72,445 a nivel nacional.

“Nuestras cifras indican que 54% de las personas que han sido deportadas no tenían antecedentes criminales”, dijo Patricia Montes, directora ejecutiva de la organización Centro Presente, en Boston. “No representaban una amenaza seria para la seguridad nacional, como estipula el programa policíaco”.

La coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), ha reiterado que entre seis y siete de cada 10 deportados por el DHS no tenía antecedentes criminales graves.

“Esta es una de las razones por la que consideramos que la decisión del gobernador Patrick es favorable para nuestra comunidad. La aplaudimos. Patrick está siendo consecuente con su discurso”, agregó.

Patrick dijo el lunes que estaba preocupado por la posible persecución y deportación de indocumentados que no han cometido delitos, e insistió en que Comunidades Seguras tiene como objetivo, según el DHS, de centrarse sólo en la expulsión de criminales peligrosos.

Reuniones públicas

El gobernador de Massachusetts tomó la decisión después de celebrar una serie de audiencias públicas y consultas con sectores representativos de la sociedad, entre ellos activistas pro inmigrantes, abogados, religiosos, jefes de policía y alcaldes del estado, quienes expresaron temores por la implementación del polémico programa.

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“Más de 30 organizaciones trabajamos unidos para dar a conocer al gobernador que Comunidades Seguras estaba criminalizando a la comunidad inmigrante”, dijo Montes.

“En esas reuniones, el gobernador Patrick escuchó los pedidos del pueblo”, dijo Juan Vega, coordinador del programa de inmigración Centro Latino de Chelsea, en Boston. “Se llevaron a cabo varias entrevistas publicas y la mayoría de quienes testificaron dijeron que el gobernador no debía formar la carta del ingreso definitivo0 del estado en Comunidades Seguras. Nosotros estamos muy complacidos de que el anuncio llegó y no estamos en esa lista”.

Para Antonio Amaya, director ejecutivo La Comunidad, el resultado de esas reuniones “fue la decisión final del gobernador Patrick. “La respuesta es resultado del trabajo colectivo con organizaciones comunitarias. Por eso aplaudimos la decisión”.

Clima de incertidumbre

Si bien no está clarificado si la participación en el programa es voluntaria, el gobierno federal dijo que a partir de 2013 los estados deberán ingresar obligatoriamente al sistema, una advertencia que no todos comparten.

“El paso en la dirección correcta es el que dio el gobernador Patrick, de retirarse de Comunidades Seguras”, dijo Edwin Argueta, de la organización Trabajo con Justicia que cuenta con oficinas en 45 ciudades del país. “Nuestra agenda no sólo incluye el rechazo a este programa, sino a todas aquellas iniciativas antiinmigrantes”.

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“Hay mucho que hacer todavía. Este sólo es un paso adelante. En Massachusetts continúa la batalla para evitar que el Congreso estatal apruebe leyes inspiradas en la SB1070 de Arizona. Y nuestra agenda la sigue encabezando la reforma migratoria comprensiva. Vamos a seguir luchando para que el Congreso en Washington debata y apruebe una ley comprensiva”.

Desde finales de 2005 el Congreso ha debatido sin éxito al menos seis veces la reforma migratoria. La falta de un acuerdo bipartidista tiene estancado el esfuerzo.

“Reiteramos que el problema es un asunto federal y no estatal”, dijo Argueta. “Hay que reformar la ley y eso depende del Congreso. Pero mientras eso se logra, queremos ver que el presidente Barack Obama tome una acción ejecutiva y frene las deportaciones en espera de que el legislativo apruebe una vía de legalización para millones de indocumentados”.

De acuerdo con datos del Pew Hispanic Center, en Estados Unidos viven 11 millones de indocumentados. Entre los años fiscales 2009 y 2010 el gobierno de Obama deportó a casi 1 millón de indocumentados, la cifra más alta registrada hasta ahora.

Comunidades Seguras es una de las herramientas clave para la ubicación y arresto de indocumentados. La segunda herramienta es el E-Verify, una base federal de datos que maneja el servicio de inmigración y que también se encuentra en el ojo de la tormenta.

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