Gobierno revisará controversial programa 'Comunidades Seguras'

Gobierno revisa el plan 'Comunidades Seguras'

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Plan busca a inmigrantes con antecedentes criminales para deportarlos de Estados Unidos

El gobierno federal cedió a presiones ejercida por una legisladora demócrata de california y anunció que revisará un polémico programa federal que busca a indocumentados en centros de detención para ficharlos y deportarlos de Estados Unidos.


El anuncio fue hecho por la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en respuesta a una carta de la congresista Zoe Lofgren, quien acusó a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) de haber mentido al Congreso y a los gobiernos locales sobre el programa conocido como ‘Comunidades Seguras’.

Organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes en varios estados con alta concentración de hispanos habían incrementado sus ataques al cuestionado programa.

Qué hará el gobierno

La revisión tiene como objetivo determinar en qué forma ICE utiliza el programa para identificar y deportar a extranjeros con antecedentes criminales peligrosos, y examinar costos y exactitudes de la recopilación de datos.


“En mi opinión, cualquier medida que ponga en funcionamiento el ICE no significa que sea la mejor”, dijo a Univision.com Lilia Velázquez, una abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, California. “Si ha habido quejas y no se tienen los resultados que se esperaban y es cara, hay que tirarla”, agregó.

Dijo además que el programa ‘Comunidades Seguras’ fue creado para proteger a los ciudadanos que no hubiera criminales en sus barrios. Pero que “si en verdad el programa no está funcionando” o bien “si no existen garantías de que se trate de una política efectiva o que tenga un impacto adverso en los derechos de las personas, merece ser revisado”.

La carta de Lofgren

La congresista Lofgren había pedido en una carta dirigida al inspector general del DHS y a la Oficina de Responsabilidad Profesional revisar las declaraciones hechas por los empleados del departamento, incluido el personal de Inmigración y Control de Aduanas, quienes aseguraron que el programa era obligatorio cuando lo cierto es que era voluntario.


"Creo que algunas de estas declaraciones falsas y engañosas pueden haber sido intencionales, mientras otras se hicieron de manera imprudente, a sabiendas de que eran ambiguas y posiblemente crearían confusión", dijo Lofgren en la misiva.

John Morton, director de ICE, se disculpó con la congresista por medio de una carta en la que dijo que su agencia es responsable de la "confusión y declaraciones inconsistentes". Agregó que su agencia ha realizado algunos cambios como consecuencia, incluyendo el despido de un contratista que fue el "autor de varios correos electrónicos inapropiados".

El contratista respondió a los señalamientos que el gobierno lo había convertido en un “chivo expiatorio”, según un reporte publicado por Los Angeles Time.

Detalle de las acusaciones


Lofgren argumentó sus acusaciones en miles de correos electrónicos y otros documentos que la agencia divulgó este año en respuesta a una demanda presentada por abogados de inmigración.

‘Comunidades Seguras’ invitaba a las ciudades a incorporar la información, que incluía huellas dactilares de sospechosos locales, a la base federal de datos sobre inmigración, pero The Associated Press reportó en febrero que no se permitía a las ciudades negarse a participar, pese a que funcionarios federales afirmaban lo contrario.

Algunas comunidades se han resistido o negado a participar, pues dicen que compartir las huellas dactilares hace más difícil cumplir con su trabajo. Los inmigrantes, temerosos de ser entregados a Inmigración y Control de Aduanas, son reacios a denunciar crímenes o ayudar a solucionarlos, han dicho algunos agentes.

Lluvia de protestas


Miles de documentos difundidos en febrero por el DHS mostraron cómo el gobierno se afanó para acallar las críticas y la publicidad negativa hacia ‘Comunidades Seguras’, el cual fue de aplicación voluntaria hasta que las ciudades se negaron a participar.

Los documentos revelaron que el gobierno reelaboró las normas del programa, consideró la posibilidad de no otorgar fondos federales ni información a los que se resistían a aplicarlo y finalmente buscó precedentes judiciales para obligar a la cooperación con el programa.

"Hubo muchas críticas al 287(g), un mecanismo previo. Debido a que se aplica a todos (los arrestados) y a las reglas que lo rigen. (Comunidades Seguras) satisface muchas, si no todas las quejas expresadas" en relación al 287(g), otro programa que permite a algunas policías locales hacer cumplir la ley federal de inmigración.

Los detractores señalan que algunas fuerzas de seguridad locales participantes en el 287(g), en especial en el sureste de Estados Unidos, entregaban a indocumentados a las autoridades federales por faltas menores mientras que otras se concentran en los criminales violentos.


Policías inconformes

En octubre del año pasado la Agencia Española de Noticias (Efe) reportó que representantes de localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y la propia capital estadounidense, prometieron dar la batalla para salirse del controvertido programa “Comunidades Seguras’, aunque no tengan permiso del Gobierno para hacerlo.

Según el DHS, ‘Comunidades Seguras’ mejorará la seguridad ciudadana mediante la identificación y expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

La jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, ha dicho en varias ocasiones que el programa -una cooperación entre los agentes de inmigración y las autoridades policiales locales-, será ampliado a todo el país para el año 2013.


De qué se trata

Bajo el programa ‘Comunidades Seguras’, las autoridades recaban y comparten las huellas digitales y demás datos biométricos de todos los detenidos -aunque éstos no afronten cargos- con las autoridades federales, que posteriormente cotejan sus nombres contra una base de datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El programa ha suscitado ansiedad entre la comunidad inmigrante que, ante el clima xenofóbico en el país, se muestra renuente a cooperar con la policía para delatar crímenes.

También ha desatado la ira de las autoridades policiales en varias ciudades y condados, al quejarse de que ya tienen suficiente trabajo como para estar realizando tareas de inmigración.


Los grupos defensores de los inmigrantes se han sumado al debate nacional y señalan que, paradójicamente, "Comunidades Seguras" ha dado pie a la discriminación racial y ha desviado los ya exiguos recursos de los condados, sin un sólo centavo del Gobierno federal para la caza de inmigrantes que no son un verdadero peligro para la seguridad pública.

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