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Las duras leyes migratorias aprobadas en algunos estados y la severa política de deportaciones del gobierno federal ha separado a miles de familias, principalmente hispanas.

Gobierno federal demandó a Carolina del Sur por ley migratoria

Gobierno federal demandó a Carolina del Sur por ley migratoria

El gobierno federal presentó una demanda judicial para evitar que Carolina del Sur ponga en ejecución una dura nueva ley estatal de inmigración.

Las duras leyes migratorias aprobadas en algunos estados y la severa pol...
Las duras leyes migratorias aprobadas en algunos estados y la severa política de deportaciones del gobierno federal ha separado a miles de familias, principalmente hispanas.

Advierten que de entrar en vigor, miles de inmigrantes se marcharán del estado

COLUMBIA - El gobierno federal presentó el lunes una demanda judicial para evitar que Carolina del Sur ponga en ejecución una dura nueva ley estatal de inmigración, similar a polémicas legislaciones promulgadas en los estados de Arizona y Alabama.

El gobierno del presidente Barack Obama alega que la cláusula que obliga a las autoridades a verificar el estado legal migratorio de los sospechosos es inconstitucional.

The Associated Press reportó que funcionarios federales se reunieron con las autoridades estatales a fin de abordar el asunto hace una semana.

Defienden la medida

El fiscal federal Bill Nettles dijo el lunes a la agencia que el gobierno quiere que un juez impida la aplicación de la ley que ordena que los agentes del orden (estatales y municipales) llamen a funcionarios federales de inmigración si sospechan que alguien reside en el país sin permiso de estadía legal, después de haberlo detenido por alguna transgresión al reglamento de tránsito o por cualquier otra razón.

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"El Departamento de Justicia tiene tareas muy importantes", indicó Nettles. "Dos de esas importantes tareas son la defensa de la constitución y garantizar que la justicia se aplicada por igual", agregó.

Nettles agregó que la ley es inconstitucional y viola el derecho de las personas a un debido proceso. Indicó que la demanda fue presentada el lunes por la tarde.

La demanda

La demanda presentada en un tribunal federal nombra a la gobernadora Nikki Haley como la demandada. Un portavoz de la gobernadora republicana, hija de inmigrantes de la India, dijo que el estado se vio obligado a aprobar su propia ley ante la inexistencia de una estricta legislación federal, argumento similar al utilizado en otros estados, entre ellos Arizona y Alabama.

"Si los federales hicieran su trabajo, no tendríamos que abordar una reforma contra la inmigración ilegal a nivel estatal", señaló Rob Godfrey. "Pero, hasta que lo hagan, vamos a seguir peleando en Carolina del Sur a fin de aplicar nuestras leyes", añadió.

A finales de junio la gobernadora Haley firmó la ley SB20, una medida similar a la SB1070 de Arizona -que criminaliza a los indocumentados-, en medio de amenazas de demandas por considerarla inconstitucional y muy costosa.

Esta legislación envía "el mensaje de que Carolina del Sur es un estado que sigue las leyes y que da la bienvenida a la inmigración legal pero no a los ilegales. (Los indocumentados) Se pueden ir a otra parte", afirmó Haley en el Capitolio estatal, durante la promulgación de la medida, que entrará en vigor en enero de 2012.

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Detalles de la SB20

En resumen, la SB20 exige a la policía local revise el estado de inmigración de sospechosos y ordena que todos los negocios revisen sus contrataciones a través del polémico programa federal E-Verify.

Carolina del Sur fue uno de varios estados que han implementado leyes contra la inmigración indocumentada. El primero fue Arizona, luego siguieron Texas, Utah, Georgia y Alabama.

La ley SB20 hizo cambios a otra ley similar aprobada en 2008 que, entre otras disposiciones, sancionaba severamente a empresas que contrataran a sabiendas a inmigrantes indocumentados.

Los secretarios de Justicia y de Trabajo de Carolina del Sur habían pedido a principios de junio a la legislatura que ajustara la propuesta de ley a un reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que dictaminó que los empleadores que contratan a indocumentados serán sancionados con el retiro de sus licencias de operación en vez de castigos económicos.

La ley de 2008

Esta recomendación modificó una ley migratoria aprobada por el estado en 2008. Ese año el estado aprobó una norma que sanciona con penas económicas a empresas que contraten trabajadores no autorizados y permite que la División Estatal de Cumplimiento de la Ley (SLED) negocie sociedades con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a indocumentados.

En 29 de 46 condados del estado sus cárceles locales aplican el programa federal Comunidades Seguras, y en cuatro se firmaron contratos para poner en vigor el polémico Programa 287(g). Ambos programas se encuentran bajo investigación por no cumplir su objetivo de identificar a inmigrantes criminales sin papeles.

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Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes habían advertido que si la ley era aprobada, causará un impacto negativo en el estado.

Carolina del Sur fue el primer estado en prohibir el ingreso de estudiantes indocumentados a los colegios comunitarios y universidades estatales, en no aceptar las ciudades santuarios y obligar a las empresas a utilizar el sistema E-Verify.

Pero varias disposiciones de la ley de 2008 no han podido ser implementadas por la falta de recursos económicos.

Campaña antiinmigrante

Jorge Leone, de la organización Acercamiento Hispano de Carolina del Sur, en Columbia, dijo que en los últimos meses antes de la aprobación de la SB20 “hubo una intensa campaña antiinmigrante y a favor de que el Congreso aprobara esta iniciativa de ley que golpeará a la población inmigrante en nuestro estado”.

“Pensamos que la iniciativa se trata de una ley discriminatoria que no mide el efecto nocivo en la unidad familiar de muchos inmigrantes que están acá con sus hijos ciudadanos estadounidenses. Y el efecto que causará en la economía local será devastador”, agregó.

El dirigente dijo que según estudios realizados, si la medida entra en vigor “miles de inmigrantes dejarán de ocupar las posiciones que los trabajadores estadounidenses no quieren desempeñar y se irán a otros estados en busca de oportunidades”.

“En carolina del sur hay 255 mil inmigrantes legales y entre 50 mil y 70 mil indocumentados. Muchos de ellos llevan años viviendo aquí, pero últimamente han estado expuestos al ataque de un movimiento en contra de los inmigrantes muy agresivo”, dijo Leone.

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Otros detalles de la ley

La ley migratoria de Carolina del Sur especifica que los agentes de policía deben contactar a las autoridades migratorias para conocer la situación legal de los individuos detenidos por cualquier crimen o bajo investigación, incluyendo infracciones menores de tránsito.

Indica que las "sospechas razonables" de la ilegalidad de la persona no pueden basarse en la raza, nacionalidad o color de piel. Y que si las autoridades migratorias no responden, el estado debe procesar al individuo por los cargos estatales.

A diferencia de la ley aprobada en Arizona el año pasado, la propuesta de Carolina del Sur señala que la gente no puede ser arrestada por sospecha de ser indocumentada.

La medida también convertiría en delito fabricar tarjetas de identidad con fotografía para los inmigrantes indocumentados y crea una nueva unidad policial dentro del Departamento de Seguridad Pública con el objeto de aplicar la ley de inmigración.

Más restricciones

El proyecto de carolina del Sur permite que los ciudadanos demanden a los condados y municipalidades que no estén haciendo cumplir la ley con el fin de erradicar las "ciudades santuario".

Añade penalidades de hasta $50 mil a los negocios que en repetidas ocasiones no hayan cumplido con la revisión de los documentos migratorios de sus nuevos empleados y continúen contratando a indocumentados.

Convierte en un crimen que los adultos -extranjeros, residentes y ciudadanos americanos- que no lleven consigo sus documentos de identificación o migratorios como licencia de conducir y tarjeta de residencia.

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También crea una nueva unidad policial para hacer cumplir las leyes migratorias a un costo de $1.3 millón.

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, Carolina del Sur es uno de más de 30 estados que han debatido este año leyes migratorias severas y que hasta el 31 de marzo, 14 de 52 leyes no han sido aprobadas y 36 están pendientes.

Últimos datos del Censo

La Oficina del Censo federal dio a conocer esta semana la información que recabó en Carolina del Sur en el censo de 2010, la cual muestra que más de 235,000 personas se identificaron como hispanas en ese año, un incremento del 148% en comparación con el 2000.

Los datos también muestran que tres de los cuatro condados del estado que están registrando el crecimiento más rápido se ubican cerca de la costa. Los condados de Beaufort, Dorchester, Horry y York crecieron más del 30%.

Doce de los 46 condados del estado registraron un descenso en su población, especialmente en las regiones textiles rurales al sur de la carretera interestatal 85 y también en los condados rurales al sur y el este de Columbia, lejos de la costa.

La Oficina del Censo dice que la población total de Carolina del Sur aumentó más del 15% en la última década a 4.625.364 personas.

Los republicanos, que controlan tanto la cámara como el Senado, han  calificado el proyecto como una ley de máxima prioridad en este año.

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