Gobierno de Obama suspendió el programa 287(g) en Arizona

Suspenden programa 287(g) en Arizona

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El programa federal 287(g) otorga a las policías locales poderes extraordinarios para colaborar con el gobierno federal en el arresto de extranjeros indocumentados en Estados Unidos, previo acuerdo con el gobierno de Washington DC.

El plan fue aprobado por el Congreso en 1996 y fue reforzado tras los ataques terroristas del 9/11

WASHINGTON, D.C. - El gobierno federal estadounidense suspendió el controvertido programa 287(g) en Arizona, después de que la Corte Suprema de Justicia anulara en un dictamen tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 contra los indocumentados en ese estado.


Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de alto rango de la Administración de Barack Obama dieron a conocer que, a raíz del dictamen, el Gobierno federal anulará los acuerdos vigentes entre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y las agencias policiales de Arizona que participan en el programa 287(g).

Las autoridades federales explicaron que los acuerdos de participación con el programa 287(g) no son útiles en aquellos estados que han adoptado leyes como la SB1070 contra los inmigrantes indocumentados.

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Aprobado 1996


El programa 287(g), en vigor desde 1996, permite a los agentes de policía locales y estatales hacer cumplir las leyes de inmigración federales. Su propósito es delegar a esas agencias la autoridad para el arresto de indocumentados criminales.

ICE ha suscrito acuerdos de cooperación bajo el 287(g) con 68 agencias policiales en 24 estados. Desde enero de 2006, el programa ha ayudado a identificar a más de 279.311 inmigrantes "deportables", la mayoría en cárceles locales, según datos de ese organismo.

En concreto, los siete organismos de Arizona afectados por la decisión del lunes son los departamentos policiales de Phoenix, Mesa y Florence, las oficinas de los alguaciles de los condados Pima, Pinal y Yavapai, y el Departamento de Seguridad Pública en ese estado.

Arpaio estaba fuera


Ya en diciembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anulado el acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, tras un informe que detalló las prácticas anticonstitucionales y la discriminación sistemática de su oficina contra los reos latinos en ese condado.

Por otra parte, los funcionarios de Inmigración del DHS en Arizona han recibido instrucciones de no responder al llamado de policías locales o estatales cuando éstos detienen a personas por infracciones de tránsito u otras infracciones menores.

La única excepción será cuando se trate de algún indocumentado condenado por un delito o que haya sido expulsado anteriormente de Estados Unidos y haya regresado de forma ilegal.

En cualquier caso, el DHS se comprometió a continuar cumpliendo con sus obligaciones legales de verificar el estatus migratorio de los detenidos cuando así lo soliciten las autoridades, indicaron los funcionarios.


El fallo de la Corte

Horas antes de la suspensión del programa 287(g) en Arizona, el Tribunal Supremo anuló las secciones 3, 5 y 6 de la ley SB1070, pero dejó en pie la sección 2B, que permite a la policía pedir "los papeles" de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga "sospecha razonable" de que son indocumentados.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, consideró que el fallo del Tribunal Supremo y la suspensión del programa 287(g) suponen un "nocaut" para los gobiernos estatales que buscan poner coto a la inmigración ilegal y resguardar la seguridad pública.

"La decisión del presidente Obama de suspender el acuerdo de 287(g) en Arizona e ignorar el pedido de ayuda (de los estados) demuestra que a esta Administración le importa poco el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración", se quejó Smith, quien junto a otros conservadores aboga por una política de "mano dura" contra los indocumentados.


Según Smith, la Administración Obama permite que los indocumentados sigan trabajando ilegalmente en Estados Unidos "mientras 13 millones de estadounidenses están desempleados", y los gobiernos estatales y los contribuyentes siguen pagando "los costos de sus fallidas políticas".

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