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Gobierno de Obama exige respuestas a Arizona por nueva ley migratoria estatal

Gobierno de Obama exige respuestas a Arizona por nueva ley migratoria estatal

Cinco semanas después de promulgada la ley de Arizona, funcionarios federales exigen respuestas al gobierno estatal.

Gobierno de Obama exige respuestas a Arizona por nueva ley migratoria es...

Les exigieron respuestas

WASHINGTON – Cinco semanas después de promulgada la ley de Arizona, funcionarios federales le dijeron en persona en Phoenix al secretario de Justicia de ese estado fronterizo con México y a algunos asesores de la gobernadora Jan Brewer, que el gobierno nacional tiene serias dudas sobre la SB 1070 y la HB 2162.

El Departamento de Justicia federal inició reuniones separadas por teléfono y en persona con el secretario estatal de Justicia, Terry Goddard, y con colaboradores de la gobernadora republicana Jan Brewer, con el objetivo de solicitarles información que ayude a responder las dudas del gobierno de Barack Obama sobre las polémicas legislaciones, reortó The Associated Press.

El fuerte mensaje transmitido por representantes del Departamento de Justicia en las reuniones privadas -primero con Goddard, después con personal de Brewer- dejó pocas dudas de que el gobierno de Obama está dispuesto a ir a la Corte si es necesario con la intención de bloquear la nueva ley estatal, la cual entra en vigor el 29 de julio.

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Goddard señaló que ya se encuentran en una Corte Federal cinco demandas privadas para impugnar la ley. "Toda argumentación posible está siendo respondida", agregó.

Detalles de la nueva ley

La ley SB 1070, firmada por Brewer el 23 de abril, dio poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes arrestaran a individuos si tenían sospecha o duda razonable que se trataba de indocumentados. El 30 de abril promulgó la ley HB 2162 que enmendó esta autorización y dispuso que la policía no puede arrestar a individuos por esta causa y que sólo pedirá papeles si la persona es arrestada bajo cualquier otra ley vigente.

La SB 2162, además, amplió la autorización para que funcionarios públicos también  soliciten papeles a extranjeros que acudan a dependencias gubernamentales.

Organizaciones nacionales a favor de los derechos de los inmigrantes tales como el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el Foro Nacional de Inmigración (NIF), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) y los más de 800 grupos que integran Reforma Migratoria PRO-America, condenan la ley de Arizona y piden a Brewer que anule la ley de Arizona.

"Horrorosa" y "rigurosa"

Los grupos coinciden en tildar la ley de "antiinmigrante" y aseguran que se trata de la más "horrorosa" y "rigurosa" en su tipo que se haya introducido en ese estado fronterizo con México, y que una vez entre en vigor puede poner automáticamente a miles de inmigrantes al borde de la deportación.

La ley de Arizona también prohíbe a los jornaleros interrumpir la vía pública y/o solicitar trabajo en la calle, y convierte en delito el transportar, dar refugio o protección a cualquiera, si la persona sabe o no tiene en cuenta el hecho de que son indocumentados o extranjeros sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.

Indica además que será un delito detener el automóvil para hablar y contratar a un jornalero por bloquear la vía pública con el propósito de darle empleo a un indocumentado y autoriza y/o permite hacer o ejercer el derecho a utilizar un ardid para atrapar a un propietario de negocios que contrate a inmigrantes indocumentados.

Arizona tiene aproximadamente 460.000 inmigrantes ilegales, y quienes apoyan la ley aseveran que ahorrará dinero a los contribuyentes y reducirá los índices de delincuencia al presionar a los inmigrantes ilegales a que se "autodeporten".

Pedido a Corte Suprema

Además de exigir respuestas a las autoridades estatales de Arizona, el gobierno de Washington pidió el viernes al Tribunal Supremo que decida si la ley federal está por encima de una ley inmigración de Arizona que castiga a las empresas que empleen a inmigrantes indocumentados, informó la prensa local.

Según la versión digital del diario Arizona Republic, la Administración de Barack Obama expresó su preocupación por esta ley en un documento presentado en el Alto Tribunal, indicó la agencia Efe.

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El procurador general, Neal Katyal, indicó en el documento de la Corte Suprema que la ley de Arizona interrumpe "un cuidadoso equilibrio que el Congreso estableció hace casi 25 años entre dos intereses de vital importancia".

Datos de la petición

"Asegurar que los empleadores no socavan el cumplimiento de las leyes de inmigración contratando trabajadores no autorizados, al tiempo que se garantiza que los empleadores no discriminan a las minorías raciales y étnicas legalmente en el país", escribió Katyal, según informó la cadena de radio NPR.

La ley estatal de sanciones a empleadores en Arizona, que tiene el objetivo de desalentar la inmigración ilegal, entró en vigor en enero de 2008 y otorgó millones de dólares a cada condado para investigar este tipo de casos.

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