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El Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, comparecerá este jueves por el operativo 'Rápido y Furioso'.

Gobierno de Obama demandó la ley migratoria de Alabama

Gobierno de Obama demandó la ley migratoria de Alabama

El Departamento de Justicia acudió a la corte para intentar frenar la medida antiinmigrante.

El Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, comparecerá es...
El Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, comparecerá este jueves por el operativo 'Rápido y Furioso'.

Departamento de Justicia reitera que la inmigración es asunto federal

El Departamento de Justicia presentó una demanda el lunes contra de la ley migratoria H.B. 56 de Alabama, considerada una de las más duras del país y que fue inspirada en la polémica SB1070 de Arizona.

La impugnación tiene como objetivo frenar su puesta en vigor el 1 de septiembre.

Entre otras medidas, la ley H.B. 56 otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para arrestar a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados y obliga a los empleados públicos y a las escuelas reportar a las autoridades de inmigración a extranjeros sin papeles de estadía legal.

También prohíbe el traslado y la asistencia de indocumentados y el caminar por las calles sin papeles de identificación.

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La demanda del gobierno es la tercera contra la H.B. 56.

Detalles de la demanda

En la demanda, interpuesta en una corte federal del distrito norte de Alabama, el Departamento de Justicia argumentó que la H.B. 56 es incongruente con la ley federal y mina las prioridades migratorias federales.

El gobierno de Obama también dijo que la ley de inmigración de Alabama aumenta las oportunidades para que la policía envíe a los inmigrantes a la cárcel por varios nuevos delitos migratorios.

El Departamento de Justicia incluyó en la demanda las palabras del jefe de la policía de Birmingham, A.C. Roper, quien dijo que la H.B. 56 desviaría escasos recursos de prioridades locales a hacer valer leyes migratorias.

En la demanda también se lee que la ley de Alabama fue diseñada para afectar prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de un inmigrante no autorizado, desde el empleo, la vivienda, el transporte y el cumplimiento de asistir a la escuela, tipificando estas actividades como si se trata de un delito.

Criminaliza estadía sin papeles

La H.B. 56, al igual que la S.B. 1070 de Arizona, criminaliza la estadía indocumentada, un acto que en el resto de los estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.

La demanda del gobierno de Obama contra la ley de Alabama es la segunda de este tipo. El año pasado el Departamento de Justicia demandó ante la Novena Corte Federal de Circuito la ley de Arizona y logró que un juez detuviera temporalmente las partes más polémicas de esa legislación.

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El fallo a favor del gobierno fue dictado el 28 de julio, un día antes de que entrara en vigor. En abril fue ratificado y el proceso judicial continúa.

El gobierno de Obama teme que la puesta en vigor de la ley H.B. 56 resulte en el acoso y detención de los visitantes extranjeros en Alabama e incluso de ciudadanos estadounidenses que no puedan o no sean capaces de demostrar rápidamente su condición legal.

Mar de dudas

En otra parte de la demanda, el Departamento de Justicia detalla que la H.B. 56 supondrá grandes cargas para las agencias federales, desviando recursos destinados a la captura de criminales extranjeros peligrosos y otros objetivos de alta prioridad.

"La H.B. 56 impone cargas adicionales sobre los niños, exigiendo que los estudiantes demuestren su presencia legal, lo que podría desanimar a los padres de matricular a sus hijos en la escuela", escribió el Departamento de Justicia.

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que la ejecución de la ley de inmigración es una responsabilidad nacional que compete al gobierno federal y cuestionó lo que definió como un "mosaico" de leyes estatales de inmigración.

"El Departamento (de Justicia) está comprometido a evaluar cada una de las leyes de inmigración de los estados”, dijo Holder. “En la medida que encontramos que las leyes estatales interfieren con la responsabilidad del gobierno federal de ejecutar la ley de inmigración, estamos preparados para iniciar una demanda, como lo hicimos en Arizona", agregó.

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Holder también defendió el trabajo que ejecuta el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la búsqueda y captura de extranjeros con antecedentes criminales, y el control que ejerce sobre la contrata de indocumentados.

Aplausos de Reid

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid (Nevada), reiteró tras conocer la demanda que “he dicho en repetidas veces que nuestro país no puede tener 50 políticas migratorias, que no hacen nada por arreglar las fallas en nuestro sistema de inmigración".Y agregó: "Aplaudo al Departamento de Justicia y a la Administración Obama por llevar a corte una ley que atenta contra la jurisdicción del gobierno federal y abre la puerta al acoso y a la discriminación contra los ciudadanos estadounidenses y residentes solo legales por su apariencia física".

Reid dijo además que a su juicio, la H.B. 56 de Alabama "es una ley que criminaliza a un hijo por asociarse con sus padres,  porque estos sean indocumentados. No debería tener lugar en los libros de cualquier estado de nuestra unión".

La segunda demanda

La semana pasada un grupo de inmigrantes con y sin papeles de estadía legal en Estados Unidos, preocupados de ver afectados sus derechos, demandó al estado de Alabama bajo el argumento de que la ley migratoria H.B. 56 los sujetaría a hostigamiento y a individuación racial.
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The Associated Press dijo que los demandantes son dos indocumentados, dos ciudadanos estadounidenses de origen mexicano y la esposa de un trabajador sin papeles, quienes argumentan que la medida viola las disposiciones de la Constitución de Alabama que estimula la inmigración.

"Nuestra posición es que esa gente tiene derechos individuales que no pueden ser pisoteados por la legislatura de Alabama", dijo Thomas Drake, un abogado de Cullman que representa a los demandantes.

El procurador general de Alabama, Luther Strange, dijo en una declaración que estaba revisando la demanda y que defenderá la ley "enérgicamente".

La primera demanda

La primera medida contra la H.B. 56 la encabezaron la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center, quienes a comienzos de julio interpusieron una demanda en la corte federal de distrito Norte, que tiene jurisdicción sobre Alabama.

“Presentamos una petición preliminar para bloquear la ley antes de que entre en vigor el 1 de septiembre”, dijo a Univision.com el abogado Sigfredo Rubio, de la ACLU, en Birmingham. “La medida tiene el propósito de que la jueza tome una decisión preliminar primero antes de discutir el caso en un juicio”.

Las organizaciones argumentan que la H.B. 56 lesiona los intereses de miles de habitantes del estado de Alabama y afecta “múltiples aspectos de la vida diaria de un sinnúmero de personas” de ese estado del sur.

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“También pedimos a la jueza una audiencia para argumentar nuestro caso antes del 1 de septiembre”, agregó Rubio. “Esperamos que la jueza lea nuestra petición e imagino que habrá una petición oponiéndose y nos van a citar para que presentemos los argumentos. Ese es el proceso a seguir. Nosotros confiamos en que la corte atenderá el pedido y procederá a bloquear la ley antes que ésta entre en vigor. Si no es así, va a causar daños irreparables”.

Wade Henderson, director del Leadership Conference on Civil and Human Rights, una de las organizaciones afro americanas mas grandes del país en defensa de los derechos civiles, advirtió que la H.B. 56 fue redactada de tal manera que si una corte dictamina que una de sus partes es inconstitucional o contraviene la ley del estado, el resto seguirá en vigor.

Otros detalles de la ley

Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías, la HB56 obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos "OEA-) exhortó en junio a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos.

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