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Gobierno de Obama considera demandar a otros tres estados por leyes migr...

El gobierno de Obama comienza a preguntar quiénes aplican para el alivio migratorio para no deportarlos.

Gobierno de Obama considera demandar a otros tres estados por leyes migratorias

Gobierno de Obama considera demandar a otros tres estados por leyes migratorias

El gobierno de Barack Obama considera presentar demandas contra los estados de Georgia, Indiana y Utah.

El gobierno de Obama comienza a preguntar quiénes aplican para el alivio...
El gobierno de Obama comienza a preguntar quiénes aplican para el alivio migratorio para no deportarlos.

Georgia, Indiana y carolina del Sur en la mira del departamento de Justicia

WASHINGTON "El Presidente Barack Obama considera presentar demandas contra las leyes migratorias de los estados de Georgia, Indiana y Utah, tal como lo hizo con Arizona, Alabama y Carolina del Sur, reportó el viernes The Washington Post.

Los cinco estados cuentan con leyes similares para combatir y castigar la inmigración indocumentada.

El diario dijo los recursos mostrarán una intensificación de la batalla legal que el gobierno adoptó contra las duras leyes migratorias que los estados han aprobado bajo el argumento de la inacción del congreso federal sobre el tema.

En el caso de Alabama, el periódico reportó que la administración analiza una segunda demanda a causa de la negativa de ese estado a entregar información requerida por el gobierno, que busca determinar los alcances de la polémica ley HB56.

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La más dura del país

Alabama promulgó una severa ley migratoria toldada por defensores y detractores como la más dura en su tipo en Estados Unidos. Entre otras medidas, la HB56 criminalizó la estadía indocumentada y permite a las policías detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados.

También convirtió en delito si un indocumentado gestiona una licencia de manejar o una licencia de negocios.

En la víspera de su entrada en vigor una corte freno temporalmente otras partes polémicas, entre ellas que los jornaleros pidan trabajo en la calle, la obligación de portar documentos de identidad y que las escuelas públicas verifiquen el estado migratorio de alumnos nuevos y apoderados.

El gobierno de Obama, por medio de un requerimiento entregado por el subprocurador de Justicia Adjunto para Derechos Civiles, Thomas E. Pérez, busca determinar el impacto que la HB56 ha tenido en las escuelas de Alabama.

Derechos en riesgo

La Administración Obama argumenta que la ley de Alabama daña los derechos civiles. Hay reportes de que muchas familias hispanas no envían a sus hijos a las escuelas por miedo a que sean arrestados y puestos en proceso de deportación de Estados Unidos.

Pérez dijo a The Washington Post que su oficina investiga denuncias respecto a que niños hispanos que han asistido a las escuelas han sido blancos de hostigamiento.

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“Existe un temor real en esas familias”, dijo Pérez, quien en su requerimiento fijó el 14 de noviembre como fecha límite para que los distritos escolares cumplan con el mismo, apuntó el diario.

El estado de Alabama considera que el gobierno federal no tiene autoridad para ello y así lo ha notificado a los distritos escolares de la entidad.

Clina antiinmigrante

Entre febrero y junio seis estados "Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Texas y Utah- aprobaron leyes migratorias inspiradas en la polémica SB1070 de Arizona. Y un séptimo, Wisconsin, buscó apoyo necesario para forzar un debate.

Entre otras medidas, las legislaciones incluyen la criminalización de la estadía indocumentada "que en el resto de estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal-, y obliga a los empleadores a inscribirse en el programa federal E-Verify, para verificar el estado migratorio de los trabajadores.

Otras medidas castigan severamente el uso de documentos de identidad adquiridos de forma fraudulenta, prohíben las denominadas “Ciudades Santuarios” y rechazan la aceptación de las matriculas consulares como forma válida de identificación.

La ley migratoria de Georgia

La ley migratoria HB87 de Georgia fue promulgada el 13 de mayo, pero el 21 de junio una corte federal aceptó revisar la medida tras una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles, entre ellas la ACLU.

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Una semana después de iniciadas las escuchas de los argumentos de defensores y detractores de la ley, un juez federal bloqueó partes de la legislación que, entre otras recomendaciones, criminaliza la estadía indocumentada.

El 27 de junio el juez Thomas Thrash congeló partes de la medida que castiga a personas que, a sabiendas, transporten o alberguen a indocumentados, y los poderes extraordinarios concedidos a la policía local (estatal municipal) para verificar la situación migratoria de individuos que no puedan demostrar que viven legalmente en Estados Unidos.

En el dictamen, el juez Thrash escribió que bajo partes de la legislación, el estado está ejecutando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal, y sobreseyó partes de la demanda a solicitud del estado.

La medida entró en vigor el 1 de julio.

Además de otorgar poderes especiales a las policías para arrestar a indocumentados, la HB87 convierte en delito grave la presentación de documentos falsos o de información falsa en las solicitudes de empleo e impone penas a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas.

La ley migratoria de Indiana

El 10 de mayo el gobernador de Indiana, Mitch Daniels, promulgó un paquete de leyes contra la inmigración indocumentada en ese estado. Entre otras medidas, las legislaciones convierten en un delito el uso de credenciales de identificación expedidas por consulados extranjeros, como por ejemplo la Matrícula Consular Mexicana.

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Otra niega a los indocumentados el derecho de pagar las mismas cuotas que los residentes legales del estado en las universidades apoyadas por Indiana. También revoca algunos créditos fiscales a empresas que contratan a indocumentados.

El Senado de Indiana aprobó además una propuesta que otorga multas severas y retira licencias a compañías que contraten a inmigrantes sin papeles que demuestren su estadía legal en Estados Unidos.

La SB590 permite a los agentes de policía locales (estatal y municipal) pedir documentos de residencia a personas que sean detenidas por infracciones menores, como de tránsito, si el oficial tiene una “sospecha razonable” de que el detenido es indocumentado.

El 24 de junio la jueza federal Sarah Evams Parker bloqueó las partes más controvertidas de la HB1402 y SB590, tras una demanda de la ACLU y el National Immigration Law Center. E impidió que la policía reciba poderes extraordinarios para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.

Otra parte bloqueada de la ley fue una medida que prohíbe a los indocumentados el uso de cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de su identidad. La ACLU calcula que el consulado mexicano en Indianápolis ha emitido aproximadamente 70 mil de esas tarjetas de identificación, y señaló que esas medidas interferirían con los tratados internacionales que permiten su expedición.

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La embajada de México acreditada en Estados Unidos dijo a Univision.com que entre 2001 y 2010 sus consulados han extendido 8.3 millones de matriculas, se aceptan en 265 condados, 437 concejos la consideran un documento válido de identificación, 1,426 departamentos de policía y alguaciles la permiten, la aceptan 276 instituciones financieras y en 43 estados al menos una entidad la acepta.

La ley migratoria de Utah

En marzo el gobernador Gary Herbert promulgó la ley migratoria de Utah que exige a las personas probar su estatus migratorio si son arrestados por delitos graves (ciertos delitos relacionados drogas hasta asesinato). También concede discrecionalidad a la policía para revisar los papeles migratorios en casos de infracciones de tráfico y otros delitos menores.

La ley también obliga a las ciudades y condados gastar hasta $11 millones para verificar la identidad de personas y detener a indocumentados, mandato que le significaría al gobierno del estado un gasto anual de $1 millón.

En octubre de 2010 legisladores de Utah habían anunciado que iban a seguir tras los pasos de Arizona en materia de inmigración para identificar a las personas que viven sin papeles válidos.

En mayo de este año la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió un mandato judicial en una corte federal de Salt Lake City para aplazar la ley. Argumentó que ésta puede obligar a las personas a probar su ciudadanía al ser arrestadas por cualquier delito, y que existe el peligro muy real de caracterización racial de parte de los agentes de la policía.

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El 10 de ese mes un juez bloqueo la polémica ley migratoria de Utah.

De acuerdo a los datos del Censo 2010, en Utah viven unos 2.7 millones de habitantes, de los cuales, 300 mil son hispanos, o sea, el 13 por ciento de la población. La población latina creció un 77 por ciento en la última década.

Futuro poco claro

En el otro extremo de la lista figuran 16 estados donde fracasaron intentos por aprobar iniciativas contra la inmigración indocumentada. Pero eso no significa que vuelvan a intentarlo en la siguiente legislatura o período de sesiones.

California, Colorado, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Mississippi, Nebraska Nevada, New Hampshire, Oklahoma Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming han debatido leyes antiinmigrantes, pero al final de las discusiones sus respectivas asambleas desistieron.

El Foro Nacional de Inmigración (NFI) advirtió que en 28 estados ya concluyeron las sesiones legislativas correspondientes al período 2010-2011, pero nada garantiza que en la agenda 2011-2012 no se van a incluir nuevos proyectos contra los indocumentados.

Los estados son: Alaska, Arkansas, Arizona, Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Nuevo México, Montana, Mississippi, Montana, Nebraska, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.

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