Gobierno de EU extiende plan que revisa miles de casos de deportación

EU extiende plan que revisa deportaciones

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La medida afecta a aquellos casos que ya están en el sistema, tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes obstruyen los procesos.

Expertos advierten que la medida, anunciada en agosto del año pasado, no se trata de una amnistía

Inmigrantes indocumentados en cuatro ciudades tendrán una oportunidad para quedarse en Estados Unidos tras el anuncio del gobierno que ampliará un programa anunciado el 18 de agosto del año pasado y que impacta en 300 mil extranjeros con orden final de expulsión del país.


El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que había decidido suspender temporalmente la ejecución de deportaciones en cuatro ciudades mientras las autoridades revisan miles de casos.

Tras el anuncio en agosto, el programa se activó en Baltimore y Colorado. Ahora se agrega Detroit, Nueva Orleáns, Orlando y Seattle.

Mientras dure el proceso los indocumentados permanecerán en el país bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Limbo migratorio


Los favorecidos se quedan en el país, mientras que aquellos casos que no pasen las revisiones son deportados. No está claro bajo qué estatus legal de permanencia se quedan cuyos casos de deportación sean cancelados. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes denuncian que quienes no son expulsados se quedan en un limbo legal de permanencia.

ICE revisó hace tiempo 11,862 expedientes en Baltimore y Denver. Las autoridades recomendaron la suspensión de al menos 1,600 casos en esas dos ciudades, dijo The Associated Press.

Legisladores republicanos rechazan la medida adoptada en agosto por el Gobierno y la tildan de "amnistía sesgada".

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Piden más discreción

El senador demócrata Charles Schumer y otros legisladores han insistido a la Casa Blanca que ejerza más discreción en cuanto a las deportaciones, para dar prioridad a inmigrantes con antecedentes criminales y aminorar así numerosas divisiones familiares causadas por casi 400 mil deportaciones anuales durante el mandato de Obama.

El 18 de agosto del año pasado el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El DHS advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.


De inmediato la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida -que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.

Posibles beneficiados

John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Frinterizo (ICE), la agencia encargada de ejecutar las deportaciones, dijo en agosto que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.


Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Consulte un abogado

AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".

"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.


En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.

No es una amnistía

El anuncio del 18 de agosto "no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.


La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.

La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.

En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.

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