Gobernadora de Arizona pidió más tropas para la frontera con México

Gobernadora quiere sellar la frontera

Clima de nervios

PHOENIX - La gobernadora de Arizona, Jan Brewer (republicana), pidió el jueves nuevamente el envío de más efectivos militares a lo largo de la frontera estatal con México, dos días antes de la fecha límite para que ratifique o revoque el proyecto SB 1070 aprobado por la Asamblea, considerada la legislación más dura del país contra la inmigración indocumentada.


Brewer ordenó una reubicación de los efectivos de la Guardia Nacional estatal y de agentes. Pidió además al gobierno federal que despliegue soldados de la Guardia Nacional mientras cientos de manifestantes hispanos protestaban contra la legislación SB 1070 y exigían el veto en el complejo del Capitolio estatal.

"La responsabilidad de asegurar que tengamos una frontera segura, ordenada, no sólo simplemente alguna línea imaginaria o una cerca endeble, es del gobierno federal, y ha fracasado", enfatizó Brewer, agregando que ha pedido en cinco ocasiones al presidente Barack Obama que emplace a más fuerzas.

Tras el fracaso del debate migratorio en junio de 2006, los gobiernos estatales y municipales acusaron al Congreso federal se no hacer nada para detener la inmigración indocumentada y decidieron hacerlo por su cuenta.

Oleada negativa


Un reporte de la asociación nacional de municipalidades indica que entre 200y y 2009 más de 1,400 proyectos asomaron y de ellos más de 100 fueron aprobados, pero un número importante de normativas que restringen la inmigración indocumentada fueron anuladas por jueces federales quieres dictaminaron que las medidas violaban la Constitución estadounidense y advirtieron que el manejo del problema de la inmigración es una responsabilidad federal.

Uno de los casos más sonados fue la ley antiinmigrante de Hazleton, Pensilvania, que entre otras restricciones prohibía a los propietarios alquilar casas y oficinas a extranjeros sin papeles, y ordenaba a los empleados públicos denunciar al servicio de inmigración a indocumentados que solicitaran asistencias o emergencias.

La ley nunca entró en vigor.

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El plan de Brewer

Parte del plan de la gobernadora Brewer en la frontera con México requiere aprobación del gobierno federal, incluido el financiamiento de 250 soldados de la Guardia Nacional adicionales para apoyar medidas antinarcóticos.

Brewer dijo que el costo de casi $30 millones es demasiado para que el estado, carente de efectivo, lo pueda cubrir.

El plan de seguridad fronteriza de Brewer sigue a otros revelados por políticos de Arizona en las últimas dos semanas como consecuencia de la muerte el mes pasado de un hacendado en su propiedad en el sureste del estado.


Las autoridades creen que fue asesinado por alguien que cruzó ilegalmente la frontera.

La ley SB 1070

La muerte ocurrió días antes de que la legislatura estatal, encabezada por los republicanos, aprobara la ley SB 1070, tildada de arrolladora contra la inmigración ilegal que, entre otras provisiones, exigiría a la policía interrogar a cualquier persona sobre su condición de inmigración si existe cualquier razón para sospechar que está ilegalmente en el país.

También convertiría en un delito para los inmigrantes ilegales no tener documentos y para los residentes contratar o transportar a sabiendas a jornaleros indocumentados. Los arrestados serán conducidos inmediatamente a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).


La iniciativa también permite que cualquier persona en el estado demande a las fuerzas del orden público si no cumplen con las regulaciones. El Senado de Arizona, a su vez, aprobó el jueves de manera provisional una legislación que suavizaría las provisiones que permiten demandas contra agencias del gobierno acusadas de dificultar la aplicación de la ley.

Brewer dijo que está revisando la legislación con abogados, pero rechazó decir si la firmará o vetará. Si no la firma, la propuesta de ley SB 1070 se convierte automáticamente en ley y entraría en vigor e 90 días.

Washington preocupado

El Gobierno de Estados Unidos comparte la "preocupación" expresada por países latinoamericanos como México y activistas por el proyecto de ley SB 1070 que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y asigna facultades migratorias extraordinarias a policías locales.


El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, dijo el jueves que las inquietudes expresadas por la región y organizaciones pro inmigrantes en materia migratoria "no son un asunto nuevo", pero indicó que Estados Unidos comparte su preocupación.

El pasado día 15 la embajada de México en Washington dijo que la controvertida ley de Arizona podría tener efectos "potencialmente graves" para los derechos civiles de los inmigrantes mexicanos.

"Nosotros compartimos esta preocupación", señaló Crowley en su rueda de prensa diaria.

Reforma migratoria


Crowley apuntó que "en última instancia, la solución a esto (el tipo de medidas que está adoptando Arizona y que podría generarse en otros estados) es una reforma migratoria a nivel nacional".

"Sabemos que la reforma migratoria es un tema importante en México y en cualquier otro lugar en este continente. Se aborda en todas las conversaciones bilaterales que tenemos con muchos países en la región y quizás con algunos más ampliamente", explicó.

En este sentido, alentó de nuevo al Congreso a que apruebe una reforma migratoria, y recordó que para el presidente Barack Obama se trata de una "prioridad".

El mandatario estadounidense pretende impulsar una reforma este año.


Que la frenen

El Senado mexicano pidió el jueves a la gobernadora de Arizona, Jen Brewer, que vete la ley antiinmigrante SB 1070 aprobada por el congreso local, porque generará "persecución y acoso" para los hispanos.

"No solamente se atenta contra los migrantes, sino contra los derechos humanos", afirmó el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Villarreal.

"No podemos ser simples observadores ante la posibilidad de que policías locales de manera discrecional, y basados en perfil racial o acento, puedan solicitar que se pruebe la residencia legal en Estados Unidos a las personas que detengan", indicó.


La legislación aprobada por Arizona, autoriza a las policías locales y estatales que lleven ante las autoridades federales a personas que no sean ciudadanos estadounidenses si son consideradas sospechosas de ser indocumentados.

Anuncian milicia

Al tiempo que crecen las protestas en Arizona y en el resto del país por la propuesta de ley SB 1070, un grupo de voluntarios, en su mayoría veteranos de guerra, inició la formación de una nueva milicia civil en ese estado para patrullar los ranchos cercanos a la frontera con México.

Bill Davis, fundador y representante de la Milicia del Condado Cochise, dijo que el grupo está tratando de organizar una milicia privada que ofrecerá sus servicios de forma gratuita a los dueños de ranchos colindantes con México para vigilar sus tierras y detectar la presencia de traficantes de personas y de drogas.


La seguridad es un tema que preocupa a las comunidades fronterizas de Arizona, especialmente después de la muerte, a finales del mes pasado, del ranchero Robert Krentz, presuntamente a manos de un traficante de personas que huyó a México.

Razones de peso

A raíz de este incidente, rancheros, legisladores e incluso la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, solicitaron al Gobierno federal el envío de soldados adicionales de la Guardia Nacional para este sector.

"Nosotros vamos a cumplir con la ley, pero no dejaremos que nadie entre, vamos a hacerlos retroceder", enfatizó Davis.


Manifestó que la mayoría de los voluntarios son veteranos de guerra por lo que cuentan con la experiencia necesaria para esta tarea.

Davis formó otra milicia civil en el 2001 y durante ese periodo aseguró que ninguno de sus hombres tuvo necesidad de disparar sus armas.

"La gente está frustrada por la falta de acción del Gobierno federal para frenar el cruce de traficantes de drogas y de indocumentados, así como la tardanza de las autoridades para responder cuando se les llama", finalizó.

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