Florida alista voto sobre propuestas antiinmigrantes

Florida alista voto sobre leyes como Arizona

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Empresarios temen que una ley como la de Arizona en Florida impacte negaticamente en el campo, donde laboran miles de trabajadores agrícolas provenientes de América Latina.

Comité de Legislatura a un paso de aprobar ley similar a la SB1070

Setenta y dos horas después de que una corte federal mantuviera la suspensión temporal de las partes más polémicas de la ley SB1070 de Arizona, dos comités de la legislatura de Florida se aprontan para votar sobre iniciativas que tienen en vilo a miles de inmigrantes indocumentados en ese estado sureño.


La semana pasada el Comité Judicial del Senado aprobó la ley SB2040 que, al igual que en Arizona, criminaliza la estadía sin papeles en el estado, un acto que en otros 48 estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal. Y el Comité Judicial de la cámara hizo lo mismo con el proyecto HB 7089, escrito en los mismos términos.

Los proyectos otorgan poderes extraordinarios a las policías para indagar en el estado migratorio de las personas que detenga o cuando exista duda razonable que se trata de extranjeros sin permiso de estadía legal en el país.

La SB-2040 fue propuesta por la senadora republicana de origen cubano Anitere Flores. Y aunque fue suavizada a último momento antes de ser aprobada, pone en riesgo la permanencia de miles de indocumentados que viven en este estado del sureste del país, la mayoría originarios de América Latina. El proyecto HB7089, en cambio, fue patrocinado por el representante Wylliam Snyder, también republicano.

Detalles de las medidas


Algunos cambios hechos, antes de ser aprobados, indican que no será obligatorio que las empresas se inscriban y utilicen el programa federal E-Verify para averiguar si sus trabajadores tienen autorización de estadía y trabajo en Estados Unidos, pero sí permitirá a la policía preguntar el estatus migratorio de una persona si es investigado por un delito.

También estipulan que es voluntario que los alguaciles (sheriff) se suscriban a convenios con el gobierno federal relacionados con el cumplimiento de las leyes de Inmigración. Uno de ellos es el polémico plan 287(g), que lleva su nombre de la sección de la ley de inmigración vigente y que fue aprobada por el Congreso en 1996.

La mencionada sección permite al servicio de inmigración de Estados Unidos hacer acuerdo con las policías locales para que su personal actúe como agente de inmigración.

El plan fue activado en 2003 como parte de un plan nacional de seguridad en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.


Temen desastre

Activistas indican que este tipo de leyes afectarán a los inmigrantes y tendrán repercusión económica en los negocios, especialmente para las industrias de turismo, agricultura y comercio internacional, claves para el estado.

Agregan que de ser finalmente aprobada, la SB2040 destrozará la economía del estado.

Tanto la Cámara de Comercio, como la Asociación de Frutas y Vegetales y líderes religiosos del estado han exhortando a los líderes del estado para que abandonen los intentos de aprobar este tipo de medidas de inmigración que consideran “demasiado restrictivas” y temen que su puesta en vigor “paralice los principales negocios del estado: el turismo y la agricultura”.


Agregaron que los efectos negativos de este tipo de legislación aleja la inversión, y disminuye las ganancias, situación que podría ser devastadora para el estado en momentos de una grave dificultad económica.

"Nuestra economía depende de los visitantes extranjeros, del comercio y de los trabajadores inmigrantes. La última cosa que nuestro estado necesita es un debate que ahuyente a los turistas y la inversión internacional, a causa del clima de miedo”, Adam Babington, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Cámara de Comercio de Florida.

Ingresos en peligro

Según datos proporcionados por la cámara, "los turistas gastan $7 mil millones cada año en la Florida y la inversión extranjera directa a la Florida supera los $34 mil millones”.


A su vez, el sector industrial manifestó preocupaciones por la veracidad del sistema de verificación federal y expuso que el sector no está preparado para invertir en la base de datos que administra la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

"Ya tenemos una escasez enorme de trabajo legal en la industria de la agricultura de la Florida," dijo Michael Carlton, director de relaciones laborales de la Asociación de Frutas y Hortalizas. "Leyes como éstas ponen a varios productores fuera del negocio”.

Líderes religiosos fustigaron la ley SB2040 y dijeron que constituye “una amenaza para la justicia y el amor que le debemos a todos los hijos de Dios”.

"En lugar de tener un mosaico de leyes como las de Arizona, el gobierno federal debería avanzar en una reforma migratoria comprensiva”, dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración (NFI) en un comunicado.


Clima de miedo

Activistas también se sumaron a las críticas por el debate de ambos proyectos. "Nuestros legisladores están claramente ignorando los mensajes que provienen de su propio pueblo y de todo el país”, dijo Juan Pablo Chávez, organizador de la Coalición de Inmigrantes de Florida. “La comunidad está despertando y tomando medidas para detener estos proyectos de ley, mientras que empresarios y líderes religiosos están expresando sus preocupaciones”.

Subhash Kateel, coordinador estatal para la campaña “Somos Florida”, dijo que la batalla por el debate de las leyes similares a la SB1070 de Arizona le ha costado al estado millones de dólares, y que si entran en vigor la cuenta aumentará peligrosamente “porque impactará negativamente en la industria del turismo”.

Tras la aprobación de la SB1070 Arizona ha pedido unos $140 millones debido a convenciones canceladas y al boicot turístico, y ha gastado más de $1 millón defendiéndose en las Cortes.


La última derrota se registró el lunes cuando la Novena Corte Federal de Apelaciones dictaminó que la suspensión temporal de las partes más polémicas de la ley, decretada el 28 de julio del año pasado por la jueza Susan Bolton, siguen vigentes.

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