Florida alista paquete de leyes antiinmigrantes

Florida quiere leyes como la polémica SB1070

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Una de las detenidas declaró recientemente que eran ciudadanas del  Estado Islámico.

Algunas contienen sanciones y prohibiciones tomadas de la SB1070

MIAMI - La legislatura de Florida ultima detalles para el debate y votación, la primera semana de abril, de un paquete de leyes antiinmigrantes inspirado en la polémica ley SB1070 de Arizona, promulgada el 23 de abril del año pasado y que, entre otras severas medidas, criminalizó la estadía indocumentada en ese estado fronterizo con México, a pesar que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no penal.


Las iniciativas -12 en total-, además, otorgan poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para indagar el estado migratorio de individuos arrestados o sospechosos de haber cometido un crimen.

Uno de los proyectos más duros contra la inmigración sin papeles fue presentado el 10 de marzo en Tallahassee, capital del estado, y fue escrita tomando ideas de proyectos previos que ya habían sido vistos pero que no tuvieron apoyo bipartidista para ser aprobados.

Preparan demandas

Anticipándose a su aprobación, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) alista una serie de acciones legales para llevar a las Cortes los proyectos y que un juez los ponga fuera de circulación.


John De León, presidente de ACLU del condado de Miami-Dade, dijo que la organización está lista para "actuar y adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que entren en vigor. Ha habido bastante cabildeo en ese sentido. Los intereses de los negocios del estado están unidos con las organizaciones de derechos civiles que nos oponemos a estas iniciativas".

El estado de Florida es considerado el “granero” de Estados Unidos y cuenta con una gran industria agropecuaria que emplea a miles de trabajadores extranjeros, muchos de ellos sin papeles que aguardan desde hace años a que el Congreso federal apruebe una reforma migratoria comprensiva que les permita legalizar sus permanencias.

"Nosotros creemos que (los proyectos de ley en manos de la legislatura) no son constitucionales (…) que se considera tienen perfil racial”, agregó De León. “Tomaremos las medidas pertinentes para que no puedan entrar en vigencia".

Represión vs. reforma


"Los legisladores que están proponiendo estas leyes, similares a la de Arizona, no entienden lo que ocurre en nuestro estado", dijo a Univision.com Margarita Romo, directora de la organización Farmworker Self Help, en Dade City, a unas 30 millas del puerto de Tampa. "No saben que aquí hay gente trabajadora, que lleva años forjando sus hogares, pagando impuestos y criando a hijos estadounidenses que son el futuro de nuestro país".

"Los que están proponiendo esto creen que las iniciativas son buenas, pero no lo son. Si las aprueban, aumentará el sufrimiento de cientos de miles de trabajadores que en los últimos dos años están viendo cómo, día a día, arrestan a los suyos, los encarcelan y después los deportan sin siquiera haber cometido un delito, sólo por no tener papeles cuando iban en un vehículo que detuvo un policía. Y que en muchos casos ni siquiera manejaban, eran pasajeros", apuntó.

"Necesitamos que las cosas cambien", subrayó la activista. "Pero no con este tipo de leyes, sino con una reforma migratoria comprensiva que saque de las sombras a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos".

El fantasma de la deportación


El representante republicano Will Snyder, uno de los patrocinadores del paquete de leyes, aseguró recientemente que "no es igual" que la SB1070 de Arizona, pero se parece”, y agregó que el plan es "más moderado" que la ley promulgada en el estado fronterizo con México.

Las partes más polémicas de la SB1070 se encuentran suspendidas temporalmente por una Corte federal que revisa su constitucionalidad.

No todos comparten la opinión de Snyder. Sindicatos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes cuestionan el proyecto y temen que, de ser aprobado, cientos de miles de indocumentados serán puestos en proceso de deportación.

"Va a ser como en Arizona. Cuando la policía detenga a un inmigrante, con o sin causa, y le pida papeles, cuando descubra que no tiene permiso para estar en el país lo arrestará y lo entregará al servicio de inmigración para que lo deporten", dijo Nora Sándigo, directora de la Fraternidad Americana de Miami.


Facultades extraordinarias

Para otros, el problema de la inmigración indocumentada en lugar de solucionarse se pondrá peor en el corto plazo.

"Lo rechazamos, no estamos de acuerdo, no queremos que se apruebe y le estamos pidiendo a la legislatura que lo aborte", dijo Tirso Moreno, directivo de la Asociación de Trabajadores de Florida Central. "Si la aprueban (la ley de Florida) empeorará el escenario. Y ya está bastante complicado con redadas y policías arrestando gente sin importar que las agencias estén inscritas en el programa 287(g) para funcionar como agentes del servicio de inmigración".

El programa 287(g) citado por Moreno tomó el nombre de una sección de la ley de inmigración aprobada por el Congreso en 1986. En resumen, faculta al gobierno federal alcanzar acuerdos con las policías locales para que sus agentes actúen como funcionarios del servicio de inmigración y arresten a indocumentados.


En 2003 la referida sección fue activada como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

A mediados de 2010 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambió el reglamento del programa tras una lluvia de críticas y demandas por la actuación de policías en los procedimientos de captura. La jefa de la seguridad nacional, Janet Napolitano, aseguró que con la implementación de las nuevas normas las agencias que participan en el programa operan bajo un reglamento unificado.

Daños a la economía

A las preocupaciones por el papel que podrían jugar las policías del estado si la legislatura aprueba el proyecto, se suman los miedos de los sectores agrícola y empresarial quienes temen que una ley como la de Arizona desaliente la inversión extranjera y la industria del turismo.


"Si la aprueban, Florida se va a morir", presagió Romo. "Sobre todo los pueblos pequeños. Cuando la gente se asuste y se vaya, los pueblitos van a desaparecer y los turistas ya no van a venir. Están promoviendo una ley mala para nuestro estado".

Dijo además que la solución al problema de los 11 millones de indocumentados no pasa por el debate y aprobación de este tipo de medidas, sino con la discusión en Washington DC de la reforma migratoria integral.

"Eso es lo que necesita el ranchero y el empresario. Y no se trata de un regalo para nadie. La reforma migratoria permitirá legalizar a trabajadores que llevan muchos años pizcando, haciendo trabajos que otros no quieren hacer, luchando en la adversidad. Y no pierden la esperanza en una solución justa y humana", indicó.

A su vez, Moreno advirtió que la iniciativa afectará el comercio del estado y recordó que el turismo y la agricultura "son las industrias más grandes”, y que la iniciativa republicana liderada por Snyder “ataca precisamente ese sector".


Según datos del Pew Hispanic Center, un grupo privado que estudia los movimientos migratorios, en Florida viven unos 825 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría originarios de América Latina.

En al menos 20 estados

Florida no es el único estado que debate leyes como las de Arizona. Otros 19 tienen en la mira a los inmigrantes indocumentados y quieren combatirlos con leyes similares a la SB1070.

En resumen, las propuestas criminalizan la estadía indocumentada, sancionan severamente la contrata de indocumentados y otorgan poderes extraordinarios a las policías.


La lista incluye a California, Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Sur, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Texas y Washington y Wyoming.

Kat Rodríguez, directora de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, Arizona, dijo que después del 29 de julio de 2010, cuando entró en vigor la SB1070, "muchas cosas cambiaron no sólo en Arizona, sino en muchas otras partes del país. Se desató el miedo y todavía hay mucho miedo en nuestra comunidad".

Explicó que, a pesar de que partes clave de la SB1070 fueron congeladas temporalmente por una corte federal, "porque son peligrosas (…) hay denuncias contra de oficiales de policía que siguen pidiéndole papeles a la gente, continúan utilizando el perfil racial para detener a las personas y averiguar si tienen o no estatus para permanecer en el estado".

Las preocupaciones de Florida se suman a las externadas el jueves en Los Ángeles, California, por The Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles "CHIRLA-), que denunció la deportación de al menos 1 millón de inmigrantes durante los dos años de administración del Presidente Barack Obama, y que el 70% de ellos carecía de antecedentes criminales serios.

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